Los gobernadores de Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán hicieron mutis
La ola de violencia, ausente en el Consejo Nacional de Seguridad
Narcomenudeo, tema tratado; el presupuesto para seguridad, manzana de la discordia entre los participantes
Ampliar la imagen El presidente Vicente Fox, flanqueado por Miguel Angel Yunes, Eduardo Medina Mora, Carlos Abascal, Ricardo Clemente Vega y Daniel Francisco Cabeza de Vaca, durante la vigésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Campo Marte Foto: María Luisa Severiano
La vigésima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) transcurrió sin referencias claras y puntuales a la ola de violencia y criminalidad que azota al país. Incluso, los gobernadores de las principales entidades afectadas -Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán- no pidieron el micrófono para intervenir y tampoco se escuchó al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, pese al protagonismo alcanzado por el Ejército en los operativos de combate al narcotráfico.
En general, la reunión se ocupó sobre todo del combate al narcomenudeo, delito al que Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública federal, ubicó como ''preocupación general que lacera el entorno social''. Sin embargo, de nuevo fueron patentes las divergencias entre la Federación y los estados por los montos presupuestales en materia de seguridad pública, al grado de que el propio presidente Vicente Fox tuvo que ocuparse del tema.
La sesión se inició con la aprobación del subsecretario de Seguridad Pública, Miguel Angel Yunes, como secretario ejecutivo del CNSP, ante la renuncia de Gloria Brasdefer. En su mensaje de apertura Medina Mora se limitó a pedir mayor eficacia ante la urgencia de frenar ''la violencia entre grupos'', pues aunque no lastima directamente ''a los ciudadanos honorables'' sí preocupa y transmite inseguridad.
Enseguida ofreció un detallado recuento de los programas impulsados desde el CNSP y apremió al Congreso a dictaminar las reformas al sistema de justicia. Pero una vez más el presupuesto enfrentó a los consejeros. Medina Mora resaltó que este año se destinarán 5 mil millones de pesos a combatir a la delincuencia, 20 por ciento más que en el anterior ejercicio fiscal. De inmediato algunos gobernadores refutaron esa cifra y dijeron que en términos reales se trata del mismo monto de 2005, pues el aumento ''va condicionado para el narcomenudeo''.
En todo momento, los funcionarios buscaron convencer de que sólo con el combate al narcomenudeo podrá mejorarse la seguridad pública del país. Para ello recurrieron a estadísticas sobre el crecimiento del consumo interno de cocaína por una mayor oferta y la disminución de su precio en México.
De hecho, abundó Medina Mora, ante la disminución del consumo de esa droga en Estados Unidos, diversos estudios señalan que las organizaciones criminales mexicanas obtuvieron ya mayores ingresos por mariguana que por cocaína en aquel país. Así, abundó, los ajustes de este mercado y las disputas entre aquéllas por controlar territorios explican en buena medida la violencia que se vive actualmente en plazas importantes del país.
Enseguida planteó diez estrategias sobre el Acuerdo Nacional para un México Seguro, entre las que figuran: destinar a cada estado y al Distrito Federal 20 por ciento de los recursos del Fondo para la Seguridad Pública (Fosep) para enfrentar el narcomenudeo; realizar al menos 150 operativos regionales conjuntos de combate a la delincuencia; acelerar la profesionalización del personal policial; mejorar el sistema penitenciario, y destinar mayores recursos a mejorar la infraestructura y operación de los tribunales locales.
La respuesta de los gobernadores no se hizo esperar. Eduardo Bours, de Sonora, refutó a los funcionarios de la SSP: ''Estamos hablando de los mismos recursos del Fosep del año pasado, ahora amarrando 20 por ciento para el ataque al narcomenudeo... yo lo veo complejo''. Insistió: ''Sin un compromiso puntual para combatir este fenómeno, y jalando parejos, difícilmente se habrá de avanzar en la seguridad y justicia''.
El gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, planteó a su vez que el tema del narcomenudeo ''difícilmente se podrá resolver solamente a través del combate judicial y policiaco''. El porcentaje planteado es sólo una atención parcial. ''Valdría la pena poner sobre la mesa cuál será el aporte que hará la Federación a otras instituciones del gobierno de la República y de las entidades para atender de manera integral el problema.''
A ese planteamiento se adhirieron otros gobernadores, como Juan Carlos Romero Hicks, de Guanajuato; Silverio Cavazos, de Colima, y Ney González, de Nayarit. Se anunció además que hoy serán publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos de la Procuraduría General de la República (PGR) para establecer un sistema de recompensas.
En la sesión participaron por primera vez legisladores y miembros del Poder Judicial. José Guadalupe Carrera, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, pidió la incorporación formal de esos organismos al CNSP, pero también demandó presupuesto para atender el crecimiento de procesos por el narcomenudeo. En la reunión, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, dijo: los recursos del Fosep no serán suficientes para ''estirarlos'' al logro de los objetivos planteados, pero sí debe hacerse un esfuerzo por fortalecer a los poderes judiciales locales, ''que están siendo rebasados''.
Los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas nunca levantaran la mano para intervenir.