Juicio político a Fox, si no pide la intervención de la PGR: diputados

Marta Sahagún y sus hijos, vinculados con ocho empresas

La comisión especial que da seguimiento al caso entregó su informe final a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro

ROBERTO GARDUÑO

La comisión especial encargada de investigar a la empresa Construcciones Prácticas -vinculada a los hijos de Marta Sahagún- entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el informe final de sus pesquisas, donde se acredita la existencia de ocho empresas en las que participan Manuel Bribiesca, su hermano Jorge y la esposa de Vicente Fox, con transferencias financieras de distinto calibre.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional Sofía Castro reiteró que el Ejecutivo federal está obligado por ''probidad'' a ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) el inicio de una averiguación previa por los probables delitos de tráfico de influencias, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.

Los diputados del PAN Federico Döring y Sergio Vázquez se concretaron a firmar -sin emitir voto- el documento; Elizabeth Yáñez, también del blanquiazul, se abstuvo. Por su parte, los priístas Sofía Castro y José Alarcón; el petista Joel Padilla; la perredista Martha Lucía Micher, y Jesús González Schmal, de Convergencia, lo avalaron.

Conclusiones desglosadas

Además, las 35 conclusiones desglosadas en el documento solicitan la intervención de la Secretaría de Hacienda para que, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), revise las empresas de Bribiesca. De tal forma, la comisión especial también pide a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -dependiente de la Cámara de Diputados-, a los órganos de fiscalización de organismos como Pemex, Infonavit y a la Secretaría de la Función Pública, intervengan con objeto de investigar a funcionarios vinculados con el probable tráfico de influencias.

Por su parte, Jesús González Schmal anunció que iniciará un procedimiento de juicio político contra Vicente Fox, cuando éste deje la Presidencia, en caso de que no turne los resultados de la investigación al Ministerio Público Federal. Por su parte, el perredista Pablo Gómez, a cargo de la Junta de Coordinación Política, anunció que si el pleno aprueba la reactivación de la comisión especial, a iniciativa de Emilio Chuayffet, ese órgano de gobierno en San Lázaro la respaldará.

Tal como lo había acreditado La Jornada, el informe de la comisión refiere la siguiente participación de Manuel Bribiesca, Jorge Bribiesca y Marta Sahagún en las siguientes empresas:

''Al contar la comisión con copia certificada de la constitución de ocho empresas que son las siguientes: Poliductos Tamayo SA de CV; Conductores Mexicanos Especializados SA de CV; Ferresocios SA de CV; Angeles, Flores y Regalos SA de CV; Urbanizaciones Inteligentes SA de CV; Superblocks de Celaya SA de CV; Embra SA de CV, y Grupo Inmobiliario Kilate, las cuales en su mayor parte se encuentran domiciliadas en la Torre Nissan, de la ciudad de León, Guanajuato, y observan un común denominador de súbitos y exorbitantes incrementos en su capital inicial. En las mismas observaciones que proporcionó el despacho Escobar Consulting and Associates SC, no fue posible legitimar su origen de acuerdo con la documentación disponible, de las que se desprende que el socio mayoritario es Manuel Bribiesca Sahagún.''

Ante tales evidencias, a decir de la comisión especial, en los términos del artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, y otros ordenamientos, compete al Ministerio Público Federal ''abrir oficio de la averiguación previa correspondiente a fin de considerar las hipótesis del artículo 400 bis del Código Penal Federal, relativo a las operaciones con recursos de procedencia ilícita''.

Y con objeto de acotar las reacciones del presidente Vicente Fox, quien se ha manifestado en favor de los hijos de su esposa, los diputados refieren su convicción de que los hechos de tráfico de influencias y uso de recursos de procedencia ilícita se desenvolvieron en el ámbito de las instituciones del poder público y personas vinculadas a éstas.

''Por lo tanto, son materia de derecho público que, conforme a la Constitución, queda a cargo de la representación social, en su carácter de Ministerio Público, su compilación e interpretación en torno a los tipos penales y los que pudieran corresponder las conductas explícitas en los hechos narrados y, por ende, será esta instancia a la que corresponderá, a nombre de la nación, preservar el régimen de derecho, aplicar la ley sin distingos ni privilegios y proceder a someterse al Poder Judicial federal, como última instancia para lograr que no sea la impunidad la que vuelva a cobijar hechos que no pueden sino valorarse en el trascendente daño que causa a nuestro país''.

Al preguntar al diputado Gonzáles Schmal sobre la responsabilidad del Presidente de la República si no ordena a la PGR iniciar una averiguación previa donde se involucre a los hijos de Marta Sahagún, respondió: ''Pienso, en lo particular, que el Presidente también puede ser objeto de juicio político cuando no atienda lo que la Constitución le ordena; y lo que la Carta Magna ordena es que está bajo su subordinación el ejercicio del Ministerio Público y que conociendo de un delito tiene que ejercer la ley; de otra suerte caería en desacato a la ley, en su versión al Estado constitucional, y por lo tanto estaría desconociéndose a sí mismo en el cargo que lo hemos investido".

-Con las evidencias aportadas el Presidente de la República quedaría obligado...

-Estaría obligado a hacerlo porque nadie, vamos a hacerlo del conocimiento público, nadie puede tapar el sol con un dedo. Lo que queremos es que simplemente se haga claro cómo estas personas están llevando un ritmo de vida, comprando empresas, haciendo negocios que están fuera de su capacidad económica; aun con éxito, después de cuatro años son cifras exorbitantes... la obligación moral y ética evidentemente existe, pero la obligación jurídica es ineludible.

-¿Usted iniciaría el procedimiento de juicio político contra Vicente Fox?

-Sí, es mi obligación como representante nacional; yo sí cumplo con la ley; si veo que el titular del Ejecutivo no quiere acatar la Constitución, evidentemente estaría obligado a proceder en consecuencia y a iniciar un juicio político, tenga o no de acuerdo a los demás compañeros diputados su aceptación, pero conforme a la ley estaría irremediablemente obligado a hacerlo.

En relación con el crecimiento del capital en las empresas de Manuel Bribiesca, la diputada Malú Micher sostuvo que es indispensable conocer el origen de esos recursos. ''Eso es exactamente lo que necesitamos saber, porque hay un aumento en el capital de varias empresas, al pasar de 50 mil pesos a casi 7 millones en un lapso de dos o tres meses. En algunas otras empresas lo hemos podido ver, por ejemplo, con el tema de la adquisición y el pago de estos derechos en el IPAB, por un poco menos de 60 millones. Para nosotros es importante saber cuál es el origen de esos recursos. Eso es todo. Si nos dicen 'es que yo heredé a mi abuelita', qué a todo dar, entonces, ya quedó.''