Recibe juzgado petición del gremio para suspender la ejecución del desahucio

Declaran alerta roja cooperativistas de Pascual ante el riesgo de desalojo

"No es posible dejar las plantas por todo el perjuicio que nos acarrearía", explican

GABRIEL LEON ZARAGOZA

Trabajadores de la Cooperativa Pascual informaron que se encuentran en "alerta roja" desde el fin de semana pasado luego de que el juzgado 14 de distrito en materia administrativa envió un segundo requerimiento al Gobierno del Distrito Federal para que en un plazo de cinco días, que vence este jueves, cumpla con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de dejar insubsistente el decreto expropiatorio de febrero de 2003, lo cual podría traer en consecuencia un apresuramiento en la desocupación de los dos predios, en perjuicio de los cooperativistas, que se mantienen en litigio con Victoria Valdés Cacho viuda de Jiménez.

Agregaron que ayer martes el mismo órgano jurisdiccional dio entrada al incidente innominado que la cooperativa presentó el pasado viernes 27 de enero para que opere la suspensión de la ejecución de desalojo que ordenó la SCJN del par de predios que están en disputa legal.

"Le estamos dando al juzgado los elementos técnicos económicos y sociales, por lo que le estamos solicitando que no es posible dejar las plantas por todo el perjuicio que nos acarrearía, el cual sería mucho mayor al beneficio que obtendría la señora al pagarle los terrenos", afirmó el secretario del consejo de administración de la Cooperativa, Alfredo Rivera.

Anunció además que mañana sostendrán una reunión de trabajo con otras sociedades y unidades cooperativistas mexicanas para evaluar la situación de estos movimientos a escala nacional, y que del encuentro se generarán estrategias de acción, como una gran campaña internacional de defensa del cooperativismo y de la empresa Pascual, así como movilizaciones sociales, "hasta donde sea necesario", para reiterar públicamente que la empresa no dejará los predios y que, en su momento, están dispuestos a negociar su precio justo con quien se ostenta como propietaria.

Rivera Arteaga precisó que hoy miércoles van a dar contestación al segundo requerimiento y confió en que el gobierno local capitalino los seguirá apoyando en su lucha.

Sobre las acciones del juzgado 14, el representante legal de los cooperativistas, Eduardo Miranda, afirmó que "hay un extraño apresuramiento de órgano jurisdiccional, dado que quieren terminar este asunto antes de que se siga calentando el ambiente político electorals.

"No se vale que por encima del derecho estén los intereses políticos de quienes responden en la Corte a intereses de las trasnacionales", dijo el abogado que coordina la defensa jurídica de los cooperativistas.

Destacó que el incidente innominado que presentaron -pequeño juicio dentro del principal- persigue demostrar que debe operar el cumplimiento sustituto de la sentencia, porque el daño que se ocasiona a la cooperativa, como tercera perjudicada, es mayor que el beneficio que podría obtener Victoria Valdés.

Confió en que en el incidente al que ya se dio entrada opere la suspensión de la ejecución, porque "con este documento y pruebas queremos acreditar que efectivamente se causaría un riesgo muy grave a la sociedad, al movimiento cooperativista y a la Cooperativa Pascual".

Respecto de las tres quejas que la cooperativa presentó a escala internacional, precisó que están pendientes de resolverse ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT): "estamos a la espera de que se dictamine y, en su caso, se pueda pedir un informe al gobierno de México por las violaciones que consideramos se han cometido contra la cooperativa por conducto de la SCJN".