ASTILLERO

Julio Hernández López

Entre particulares

Claudicante gobierno Profeco

La coartada de la discriminación

Dos candidatos tibios e indirectos

EL GOBIERNO DE LA República pretende enfrentar un grave problema de soberanía nacional con criterios administrativos, casi de barandilla. Pasmado -asido, a conveniencia, al síndrome vacacional del Chiquihuite- el velador ejecutivo del changarro que cree se llama Mecsicou hizo que su ayudante de chacota, un tragicómico arribista que se hace llamar canciller, hiciera circular el domingo, como postura extraoficial, la vergonzosa tesis de que la conversión forzada de empresas gringas en territorio ajeno a las leyes mexicanas es... "un asunto entre particulares".

TAN COBARDE interpretación buscaba dejar el golpe bushista del Sheraton en un plano estrictamente privado, como si hubiesen desaparecido el Estado mexicano, sus instituciones, sus leyes y sus autoridades (y, desde luego, su sociedad, sus ciudadanos). De convalidarse la coartada del "asunto entre particulares", el imperio tendría la puerta abierta para hacer en su patio trasero lo que quisiera, virtualmente autorizado por un gobierno en explícita abdicación, que estaría permitiendo que leyes extranjeras se aplicaran en México como si fueran simples operaciones de derecho privado y no insolentes agresiones al orden constitucional que obviamente pertenece al ámbito de lo público, de lo político, de lo gubernamental. De mentalidad colonizada, adoradores de la visión empresarial, faltos de conocimiento y compromiso con la historia patria, frívolos y retrasados en el entendimiento de los cambios mundiales y el reacomodo de las potencias, satélites baratos del sistema planetario gringo, el encargado del despacho presidencial y el ocupante de la silla principal de Tlatelolco tratan de cerrar los ojos a la bofetada preventiva -augural, primer abono- de sus patrones íntimos.

MAS, COMO LA idea del "asunto entre particulares" necesitaba más elaboración, los genios de Los Pinos afinaron el estratagema elusivo: el problema debe ser visto, recomiendan, como un simple asunto mercantil, regulable y punible en el ámbito de la Procuraduría Federal del Consumidor, o de discriminación, contemplado en dado caso en la ley federal del ramo. Los cubanos expulsados podrían entonces equiparar el incidente de la noche del viernes con la compra de una plancha defectuosa, o de la no devolución de un adelanto para apartar lugares en un concierto, o de los jóvenes que son impedidos de entrar a discotecas, o de los discapacitados a los que se niega empleo. (En la feria de argumentaciones increíbles destacó la ofrecida por Carlos Mota, comentarista económico en el programa radiofónico de Imagen, con Adela Micha, quien se enredó largamente explicando cómo cada día hay montones de mexicanos discriminados porque no los dejan entrar a hoteles de prestigio a ocupar con su pareja una habitación "por un par de horas". ¡Santos inventos, Batman: la soberanía patria entendida a partir de una óptica de moteles de paso!)

LA RESPUESTA DE dos de los candidatos presidenciales fue indirecta y lamentable, mientras el panista fue el único que abordó directamente y con decoro el tema. Andrés Manuel López Obrador aprovechó la oportunidad para mostrarse a los ojos imperialistas como un político pragmático que no vocifera ni reacciona patrioteramente (¿cuál semejanza con Hugo Chávez, cuál izquierdismo peligroso?). En una jugada vergonzosa, envió por delante al miembro de su equipo por el que menos respeto tiene, Jesús Ortega, habilitado como débil coordinador de campaña en pago por haberle dejado el camino libre a Marcelo Ebrard en el Distrito Federal. Ortega hizo, a nombre del comité nacional perredista, una tibia condena a la agresión contra México y Cuba, a la que chambonamente se "adhirió" López Obrador (oh, sí: jugada ferpecta: ¿cómo de que no hubo respuesta enérgica? ¡el mismísimo coordinador de campaña, prestigiado y poderoso, fijó la postura de condena a la que completita se sumó el patriota candidato por aquél coordinado! En lugar de tanto homenaje abstracto a Benito Juárez, ¿no convendrá más el recuerdo concreto del general Lázaro Cárdenas?). En el PRI, la ex embajadora en Cuba, Roberta Lajous, presentó una condena superficial, pidiendo a los gobiernos federal y de la ciudad de México que determinen "hasta qué punto" los hechos del María Isabel Sheraton contravienen las leyes nacionales. Roberto Madrazo, a quien conviene mostrarse a los ojos imperiales como una alternativa autoritaria que frene presuntas amenazas izquierdistas, también guardó silencio -al menos hasta la hora de cerrar esta columna-, acogiéndose a lo dicho por un personaje menor en el organigrama político tricolor. Felipe Calderón, por su parte y sin mayor bronca, condenó la aplicación extraterritorial de la ley Helms Burton y llamó a la Casa Blanca y al Sheraton a dejar claras las responsabilidades de cada cual.

EN WASHINGTON, EL Departamento del Tesoro, mediante un vocero que pidió no ser citado por su nombre, dejó claramente asentado que la expulsión de los cubanos fue ordenada por esa oficina y cumplida por la filial de una firma empresarial estadunidense. Según Notimex -la agencia informativa del gobierno mexicano- ese vocero identificable aseguró que "el hotel es una subsidiaria de una empresa de Estados Unidos y, por lo tanto, tiene prohibido dar servicios a Cuba o a individuos cubanos". Fox y Derbez, mientras tanto, siguen jugando a investigar qué sucedió en el María Isabel Sheraton, para luego aplicar "el peso de la ley". Es decir, cambiar la plancha inservible, o devolver depósitos confiscados, o reabrir puertas de discotecas, o emplear a discapacitados: la multa como venta en abonos de la patria, el ínfimo coscorrón administrativo a cambio del rudo golpe a la soberanía. Y es que, según el criterio de un gobierno que no defiende a su patria -y que se vuelve a topar con el factor Cuba, cuyo gobierno pide mediante nota diplomática explicaciones del asunto-, la invasión jurídica de un país a otro es simplemente un asunto de particulares.

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