Demanda rechazar "capricho y ofrecimiento político" de Fox y Derbez a España

Fallo apegado a la Constitución, pide abogada en el caso de los seis vascos

Para Baltasar Garzón, todo izquierdista de Euskadi pertenece a ETA, señala acusado

ALFREDO MENDEZ

A unos días de conocerse la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de los seis ciudadanos de origen vasco presos desde 2003 en el Reclusorio Norte con fines de extradición, su abogada, Bárbara Zamora, refirió: "sólo pedimos a los ministros que resuelvan conforme a la Constitución, a lo que dice el tratado de extradición (México-España) y no vayan a avalar un capricho y un ofrecimiento político que han hecho el presidente Vicente Fox y su secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, al reino de España".

Convencida de que existen suficientes elementos jurídicos para que la Corte otorgue el amparo a sus clientes y frene en definitiva su extradición al país ibérico, donde son requeridos para ser juzgados por sus supuestos vínculos con la organización separatista ETA, la litigante aseguró que los seis inculpados son "víctimas de persecución política".

En tanto, Asier Arronategui Duralde, único naturalizado mexicano, aseguró desde el reclusorio que él y sus cinco compañeros no pertenecen ni han formado parte nunca de la ETA, y si se les vinculó con esa organización fue exclusivamente por cuestiones políticas.

"En el Estado español, sobre todo desde el gobierno del ex presidente (José María) Aznar, se ha criminalizado todo lo que es el movimiento independentista vasco o de la izquierda, y no hablo nada más de personas y organizaciones; se han criminalizado radios, periódicos; se ha torturado a directores de periódicos. Estamos incluidos dentro de toda esa maraña, dentro de un montaje que el juez español Baltasar Garzón hizo respecto a que todo vasco que está en la izquierda pertenece a ETA", puntualizó Arronategui.

La abogada y el ciudadano mexicano de origen vasco indicaron de modo reiterado en diversas entrevistas a medios electrónicos que su extradición es un "montaje" del gobierno español y que si la Corte la avala se violará la Constitución mexicana y se dejaría en la total indefensión a los seis acusados, quienes podrían ser torturados en España.

-Si el fallo de la Corte que se emitirá el próximo jueves no les favorece, ¿qué les espera en España?

-Es muy posible que suframos tortura, y no es porque lo digamos nosotros o gente de la izquierda, sino que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) públicamente ha denunciado que en el entorno español, sobre todo en acusaciones de terrorismo, se han vulnerado los derechos humanos, se prolongan las detenciones, las incomunicaciones, por lo que aparte de los dos años y medio que llevamos detenidos en México podríamos estar otros cuatro años en prisión preventiva antes de que se nos haga un juicio justo, y sin tener garantía de que sea justo, ya que ni siquiera podríamos contar con un abogado de confianza.

Zamora avaló el argumento, y agregó: "la propia ley antiterrorismo española contempla la incomunicación, hasta por cinco días, en manos de la Guardia Civil, de las personas acusadas de tener vínculos con la ETA, aun cuando no esté acreditado ese vínculo. Esos días de incomunicación -en los que no se tiene contacto con abogados y familiares- implican la posibilidad de tratos degradantes y inhumanos que la Constitución mexicana prohíbe expresamente, y eso lo hemos hecho valer en la demanda de amparo".

La abogada, quien en casi tres años de litigio en tribunales mexicanos ha recibido al menos 11 negativas del Poder Judicial Federal de proteger a sus seis defendidos, destacó una preocupación: "este punto de los malos tratos que podrían recibir en España los vascos si son extraditados lo comentamos a varios integrantes del máximo tribunal del país, y el día que nos entrevistamos con el ministro Salvador Aguirre Anguiano dijo que esas eran pamplinas, porque la ONU había venido a decir cosas a la Corte que eran increíbles, e igual era increíble lo que le dije".

Entre los elementos jurídicos que deberán analizar los ministros de la Corte destacan tres: que el envío de los acusados a España sería inconstitucional porque la solicitud de extradición en su contra no fue firmada en su momento -como ordena el tratado en la materia- por el embajador del país ibérico en México, sino por un agregado comercial; que les están aplicando penas que no son homologables en nuestro país, y que el tratado de extradición respectivo establece que ésta debe negarse cuando los presuntos delitos se hubieran cometido en la jurisdicción mexicana, como es el caso.