Es un fraude; implantó el cobro de la atención que era gratuita: académico de la UAM

Laurell: Seguro Popular, vía para privatizar los servicios de salud

La funcionaria rechaza que sea la solución a los problemas que enfrenta el sector

De darse, operará el factor ganancia en contra de la calidad, advierte

Demandan fincar responsabilidades

BERTHA TERESA RAMIREZ

La secretaria de Salud, Asa Cristina Laurell, aseveró que el Seguro Popular abrió la posibilidad de privatizar los servicios públicos de salud en México, tendencia que se ha impuesto en varios países de América Latina, bajo la consigna de que debido a los diversos problemas que enfrentan hay que privatizarlos.

Al participar en el primer Congreso de las Américas en Ciencias de la Salud Pública, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, la funcionaria, si bien reconoció que las fallas que enfrenta el sector público son la causa de que exista una desigualdad muy importante en el acceso a estos servicios, rechazó que su privatización sea la vía para solucionar sus problemas.

Advirtió que al privatizar comienza ha operar el factor "ganancia" en contra de la calidad de los mismos, por lo que planteó la refundación de las instituciones públicas de salud para corregir sus fallas y evitar su privatización.

En varios países de América Latina se ha implantado el llamado modelo plural, mediante el cual el Estado participa sólo como financiador de las instituciones públicas, mientras otorga a la iniciativa privada, con claras ventajas para este sector, su operación. "Esta misma tendencia la estamos teniendo en México cuando planteamos que el Seguro Popular financia los servicios, pero el prestador puede ser cualquiera. En ese sentido, es importante estar convencidos de que la institución pública es una condición de éxito para poder avanzar en los grandes retos que en materia de salud pública tenemos en nuestro país", indicó.

Amago a la capital

El doctor Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM Xochimilco, quien inició su ponencia cuestionando "¿por qué amagaron (el presidente Vicente) Fox y (el secretario de Salud, Julio) Frenk al Gobierno del Distrito Federal para que firmara el convenio del Seguro Popular", demandó que se finquen responsabilidades a todos los funcionarios públicos, así como a los legisladores que aprobaron la operación de ese instrumento, pues consideró que constituye un fraude, debido a que implantó el cobro de los servicios que eran gratuitos.

El problema de fondo que encierra el Seguro Popular es que postula una oferta de atención cuyo cumplimiento implica disponibilidad de calidad médica, y sobre todo recursos e infraestructura con los que no cuenta. Así, crea expectativas que no podrán ser cumplidas.

Planteó que aun cuando contara con los mejores recursos humanos, físicos y de infraestructura, el mismo diseño del Seguro Popular va al fracaso "¿Por qué? Sencillo: además de que su viabilidad depende del magro ingreso disponible de las familias, se traducirá en estigmatización de los pobres. Su mejor operación, aún en óptimas condiciones, sólo premiará a aquellos que puedan pagar algo y sacrificará, consecuentemente, a todos los que no puedan: jóvenes, enfermos crónicos y adultos mayores, entre otros.

Suponiendo, sin conceder, que el próximo gobierno federal alcanzara la cobertura total del Seguro (Popular), toda la población dispondría de un subsidio para un "derecho" al que antes ya tenía acceso gratuito. "La única diferencia sería que ahora, esos mismos servicios de salud que ya recibían, les serían ofrecidos -en mucho peores condiciones-, aunque pagando por ellos. Esto porque no hay aplicación integral de las intervenciones, mejora en la resolución médico-clínica, ni en la calidad y los salarios de los equipos de salud, "que están peor que nunca".

Suma de irresponsabilidades

El Seguro Popular es la suma de cuatro niveles de irresponsabilidad política, "el principal responsable es el gobierno de Vicente Fox, así como la Ssa-Frenk, por haber remitido al legislativo tal iniciativa, garrafalmente diseñada", indicó.

Siguen los senadores y diputados federales, que aprobaron ese seguro sin enriquecer y/o rechazar la deficiente iniciativa que recibieron del Ejecutivo; los 31 gobernadores que firmaron convenios de coordinación sin reparar en las necesidades sanitarias de sus sistemas estatales y locales de salud e imponer a sus secretarios de ese "Seguro fraudulento", y los 31 secretarios estatales de salud, pues "ellos saben que se trata de un fraude; sin embargo, ninguno renunció al cargo, se trata de la responsabilidad más grave", añadió.

Planteó la necesidad de exigir a los candidatos a la Presidencia de la República una auditoría integral a los recursos de que ha dispuesto el foxismo para los programas sociales, en particular el denominado Arranque Parejo en la Vida, debido a que desde que fue absorbido por el Seguro Popular, "no se sabe cuánto dinero tiene y cómo se aplica".

Lamentó que no exista ningún partido político que nos haya "aventado" una plataforma real para enfrentar los problemas en materia de salud. Los sistemas de pensiones dirigidos a los adultos de la tercera edad no implican una mejor calidad en la atención médica, a pesar de que pagamos a una clase política costosísima, en partidos, en congresos y los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia.