Editorial
Desprecio al Legislativo, sello del foxismo
El presidente Vicente Fox, quien inició su administración enunciando el principio de que "el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone", está por terminar un sexenio que se ha caracterizado por los pleitos permanentes entre ambos poderes, por el sistemático y explícito menosprecio de Los Pinos a la tarea y a la investidura de los legisladores, por la confrontación presidencial con el Congreso en casi todos los temas, y por el ejercicio, típicamente priísta, de someter a los diputados y senadores del partido en el gobierno a los designios de la Presidencia, incluso a costa de exponer a Acción Nacional a graves descalabros electorales.
Por desgracia, en lo que va del foxismo la sociedad parece haberse habituado a la norma de encontronazos institucionales que debieran ser excepciones en la vida republicana. Contra lo que afirma con regularidad el mandatario, el vivir en pleito con el Congreso no es atributo de una presidencia democrática, sino de un Ejecutivo incapaz de construir acuerdos políticos con la diversidad de fuerzas representadas en el Legislativo. Para colmo, las invectivas del Presidente contra senadores y diputados suelen alcanzar niveles de incontinencia, como ocurrió ayer, cuando Fox volvió a atropellar su propia investidura al lanzar descalificaciones vitriólicas contra los integrantes de la comisión de diputados que ha investigado el posible tráfico de influencias en el gobierno federal para facilitar los negocios irregulares, de acuerdo con muchos indicios de los hijos de su esposa, Marta Sahagún. Los acusó de no haber saciado "su voracidad política", de "enseñorearse con el poder" y de "denostar, mentir y calumniar", en lo que constituye no sólo una nueva falta de moderación y estilo del declarante sino, igualmente grave, una defensa de sus hijastros improcedente, prejuiciada, facciosa y ajena al ordenamiento constitucional: no es al Presidente a quien le corresponde determinar si los hijos de su esposa son culpables de las corruptelas que se les achacan o si, por el contrario, son víctimas de calumnias; y no es su papel, en todo caso, insultar a representantes populares integrantes de un poder soberano.
En este contexto, ante un ejercicio tan abiertamente parcial y hasta visceral del poder público, era obligado que la Cámara de Diputados reactivara, como lo hizo, la comisión especial que investiga los negocios de los Bribiesca Sahagún. Tampoco cabe llamarse a sorpresa por la decisión de iniciar una controversia constitucional contra Los Pinos por el uso electorero y faccioso de los tiempos del Estado en los medios electrónicos para difundir supuestos logros y promover programas sociales con un claro sentido clientelar. Lo paradójico del caso es que la Presidencia foxista pierde por todos lados: al impulsar el voto a favor de su partido, el PAN, por medio de un cuestionable bombardeo propagandístico, gana en descrédito y se confronta, además, con los partidos de oposición y sus bancadas en San Lázaro; por lo demás, flaco favor puede hacerle el Ejecutivo federal a las candidaturas blanquiazules al empeñarse en tapar a toda costa los indicios de posible corrupción en su entorno inmediato.
Para volver al asunto de la maltratadísima relación entre dos de los tres poderes republicanos, parece claro que, en lo que resta de este gobierno, tales nexos son ya irreparables. Tocará a la administración que llegue a Los Pinos el próximo primero de diciembre reconstruir desde las ruinas un vínculo que debe ser de cooperación, negociación y entendimiento, y no de pleito perenne.