Acusan al gobierno estatal de favorecer a cuatro empresas desde tiempos de Monreal

Cancela SFP licitación de hospital en Zacatecas por irregularidades

Analizan impugnaciones a otra obra en el municipio de Loreto; excluidos denuncian reprimendas

Se premia con asignaciones el apoyo económico a campañas de candidatos perredistas, dicen

ALFREDO VALADEZ RODRIGUEZ CORRESPONSAL

Zacatecas, Zac., 9 de febrero. La Secretaría de la Función Pública federal anuló una licitación que otorgó el gobierno de Zacatecas a la empresa Sahara para construir un hospital comunitario en el municipio de Nochistlán, con un presupuesto de 11.2 millones de pesos.

La dependencia analiza una segunda impugnación al concurso para construir otro nosocomio en el municipio de Loreto, obra valuada en 13 millones de pesos.

El 23 de enero, con el expediente 738/2005, la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de la Función Pública emitió la resolución 115.5-246, que consta de 16 fojas y cuya copia tiene La Jornada, donde se ordena a los Servicios de Salud del estado reponer la licitación pública, considerada irregular.

La dependencia federal ordenó al gobierno del estado que ''reponga los actos irregulares a la normatividad de la materia, esto es, llevar a cabo una nueva evaluación sólo de la propuesta económica (...) y emitir el fallo que en derecho proceda''.

Esta revocación tuvo su origen en la inconformidad presentada ante la Secretaría de la Función Pública por dos empresarios que participaron en la licitación pública nacional número 61105002/003/05 para la construcción del hospital comunitario de Nochistlán, en el sureste de Zacatecas. Los inconformes son el arquitecto Ernesto Williams Aguilar Méndez y el ingeniero Francisco Robles, propietarios de las constructoras locales Conjunto Aguilar Pichardo SA y Rocosa SA, quienes interpusieron una querella ante la SFP el 2 de diciembre pasado.

En entrevista, ambos aseguraron que la licitación revocada por la SFP es sólo una entre decenas de licitaciones públicas que se han otorgado en forma irregular para beneficiar a un grupo de constructores afines al ex gobernador Ricardo Monreal Avila, y que en la administración de Amalia García Medina mantienen esos privilegios gracias al tráfico de influencias y actos simulados que incluyen, aseguran, la creación de empresas satélites, para verse favorecidos con la obtención de licitaciones.

El 18 de noviembre pasado los Servicios de Salud de Zacatecas asignaron la construcción del nosocomio de Nochistlán a la constructora Sahara, que presentó un presupuesto de 11 millones 234 mil pesos, a pesar de que había quedado en sexto lugar en el concurso.

Entre las cinco constructoras cuya propuesta fue desechada estaba la que presentaron Conjunto Aguilar Pichardo SA y Rocosa SA, que habían quedado en primer lugar por su postura económica, fijada en 9 millones 659 mil pesos. Por ello la SFP determinó anular el fallo.

Empero, denunciaron los afectados, a más de dos semanas de emitida la resolución, ésta no ha sido acatada, por lo que el gobierno de Zacatecas podría estar incurriendo en simulación de actos y desacato, porque el laudo federal fijó el primero de febrero como plazo máximo para revocar esa licitación y emitir una nueva convocatoria, lo que no ha ocurrido.

La constructora Sahara, dijeron los constructores, sigue con las obras del hospital comunitario de Nochistlán, con el supuesto aval de la contraloría interna y de los Servicios de Salud.

Los inconformes dijeron que por denunciar ante la SFP las presuntas irregularidades y el tráfico de influencias ya han sido ''señalados'' y hasta ''boletinados'' en dependencias e instituciones públicas para excluirlos de licitaciones y concursos de obra.

Como promotor de este ''desprestigio'' señalan a Héctor Castanedo Quirarte, secretario de Obras Públicas en los gobiernos de Ricardo Monreal y Amalia García, y también sospechan que el funcionario está coludido con empresarios de la construcción ''favoritos'' de los gobiernos perredistas.

Aguilar Méndez y Robles señalaron que en diciembre, cuando la Contraloría del estado fue notificada de la querella interpuesta ante la SFP, les levantó un acta a sus respectivas constructoras por presuntas irregularidades en obras gubernamentales pasadas, como ''vicios ocultos'', ''volúmenes inflados'' ''mala calidad'' y ''prácticas fraudulentas''.

Sin embargo, la SFP desechó estos argumentos por considerar que no fueron probados y sólo constituyen ''razones subjetivas, unilaterales y que no tienen sustento''. En ''represalia'', en una nueva calificación de propuestas para la licitación de otro hospital comunitario, ahora en Loreto, el 23 de diciembre el gobierno del estado ''desechó'' su propuesta, a pesar de que había quedado en el primer lugar del concurso.

La licitación le fue otorgada al segundo lugar, la constructora RQR, de Luis Marcelo Delgado. Pero este fallo también ha sido impugnado ante la SFP y en el transcurso de la próxima semana la instancia federal podría emitir la resolución correspondiente.

Fusión con empresas satélites

Los empresarios aseguran que varias constructoras se han visto severamente afectadas en años recientes por los privilegios que ha otorgado el gobierno estatal a cuatro compañías: Grupo Constructor Plata, propiedad de Humberto Godoy y José Guadalupe Bañuelos Robles; Lara Construcciones, del arquitecto Pedro Lara: RQR, de Roberto Quiroz y Luis Marcelo Delgado, e Icaza, de René Godoy, hermano de Humberto.

Los entrevistados dijeron que ante el cúmulo de quejas presentadas por compañías e ingenieros ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, debido a que la mayoría de las obras públicas en la administración monrealista se entregaron a estos constructores, habrían decidido absorber a otros pequeños constructores para participar en concursos y licitaciones con otros nombres y razones sociales.

Con esta maniobra, acusan, buscan de nuevo ''la mayor parte de la obra pública en la administración de Amalia García Medina'', lo que califican de ''pago de facturas'' debido a que habrían financiado parte de las campañas del PRD a la gubernatura, diputaciones y alcaldías.

Se crearon al menos diez constructoras, con cuyos nombres operan ahora Humberto Godoy, José Guadalupe Bañuelos, Pedro Lara, Roberto Quiroz, Luis Marcelo Delgado y René Lara. Entre estas empresas satélites destacan Sahara, Asmali, Rivera y Rivera y Tipsa.

Aguilar Méndez y Robles aseguraron que en una reciente licitación de nueve proyectos de obra pública convocados por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, que incluyen la construcción de colectores de líquidos residuales y plantas de tratamiento, siete fueron asignados a las supuestas empresas ''favoritas''.