¿Y la agenda laboral?
Por alguna razón, las propuestas de política social no otorgan a los temas laborales la importancia que merecen. Sería impensable un sistema justo de redistribución de la riqueza o de atención a las desigualdades haciendo abstracción del importante papel que juega el empleo, el salario y el modelo de relaciones laborales en el país. Difícilmente transitaremos del actual sistema autoritario y corporativo a uno sustentado en la participación responsable de los sectores productivos si no se identifican concretamente los temas que deberán ser objeto de cambio.
Hace cinco años, el candidato Vicente Fox suscribió con un nutrido grupo de organizaciones, sindicatos y personajes de la sociedad civil los conocidos "20 compromisos por la libertad y democracia sindicales". Una vez asumido el gobierno, no sólo los ignoró, sino que avaló una iniciativa de reforma, que de haber sido aprobada hubiera reducido el estrecho margen que impera en el derecho laboral colectivo de nuestro país. En sentido contrario a los compromisos contraídos, se han mantenido intactos los obstáculos para la organización democrática en el mundo del trabajo.
Mas allá de los temas de el empleo y el salario, que por su importancia deben ser tratados de manera específica, existen seis aspectos a considerar en una agenda de cambios. El primero hace referencia a la crisis de la seguridad social y la necesidad de asumir medidas urgentes en defensa de este derecho social. Para ello necesitamos compartir información objetiva y un diagnóstico sobre la misma. Negarse a cualquier reforma es lo peor que nos puede pasar. La salud, la integridad y el retiro podrían afectarse aún más si no tenemos la capacidad de encontrar soluciones que van a requerir de concesiones comunes entre el Estado, los patrones y los propios trabajadores.
Un segundo aspecto, poco tratado en el foro laboral, pero fundamental para transitar a un sistema democrático, está relacionado con la transparencia y el acceso a la información en materia laboral. El primer paso es suprimir el secreto y la opacidad que impera en el régimen sindical y de contratación colectiva. Tomando en cuenta que los sindicatos son personas morales de interés público, debe permitirse que la población tenga acceso a datos elementales como sus estatutos, padrón de socios o tomas de nota, homologando -como lo ha señalado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública- la naturaleza de un sindicato con otras personas morales que ponen a disposición información básica mediante un sistema de registro público. Para lograr sanear este submundo sindical es necesario crear condiciones de transparencia que favorezcan la rendición de cuentas. Existen experiencias internacionales muy valiosa que convendría aprovechar. En Estados Unidos hay una ley de transparencia laboral que faculta a los trabajadores a obtener la información que requieran de sus sindicatos, y una oficina gubernamental que hace efectivo este derecho.
Un tercer tópico de esta elemental agenda reclama urgentemente una reforma laboral burocrática. Buena parte de las disposiciones de la ley que regula las relaciones con los servidores públicos federales y algunos estatales están en franca contradicción con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ejemplo, ésta ha considerado inconstitucional el monopolio sindical, tanto a escala de sindicato como de federación; ha resuelto que los trabajadores por honorarios deben ser considerados trabajadores cuando acrediten los elementos esenciales de una relación laboral, y ha acotado la presencia de los trabajadores de confianza. Esta reforma debe favorecer la profesionalización de los llamados trabajadores de base con reglas de mejor reconocimiento salarial y exigencias de desempeño. Hasta hoy estos trabajadores sufren una marginación que afecta en su integridad el modelo.
La ausencia de un árbitro confiable e imparcial en materia laboral es el cuarto tema prioritario. Las juntas de Conciliación y Arbitraje en su mayoría son cotos del Poder Ejecutivo, federal y local, en general ineficientes y afectadas de un alto nivel de corrupción; constituyen un resabio corporativo que deja insatisfechos a quienes acuden en búsqueda de justicia, y bloquean el desarrollo de otras instituciones laborales, por lo que urge contar con jueces que apliquen la ley con oportunidad, imparcialidad y eficacia.
La democratización del mundo gremial y la recuperación de la contratación colectiva como espacio de concertación informado y responsable no pueden ser ignoradas. Se requieren sindicatos honestos, que rindan cuentas, respondan a los intereses de sus miembros y de la sociedad, y con contratos colectivos auténticos, capaces de conciliar los intereses laborales y productivos; todos son elementos básicos para recuperar la vigencia social del derecho laboral y la justicia social, si no para promover la competitividad del país.
Un último punto se relaciona con la exigencia de ajustar nuestra legislación y prácticas laborales a los compromisos internacionales, tanto los contraídos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como con los organismos de derechos humanos y aquellas instancias paralelas a los tratados comerciales. No es posible seguir dándole atole con el dedo a la OIT y al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, permanentemente ignorados en sus recomendaciones.
No cabe duda que los temas laborales están íntimamente relacionados con la reforma del Estado, la política económica, la política social y la suerte electoral futura. Los trabajadores deberían elegir la opción que haya demostrado estar más cercana a sus intereses. Se trata de insistir en que se requieren compromisos puntuales por parte de los futuros gobernantes para lograr un cambio de reglas a favor del trabajo y del país.