La titular de San Lázaro defiende la legalidad de la nueva comisión especial

Si la familia Bribiesca delinquió, debe pagar, advierte la Cámara

Los ataques de Fox al Congreso, ajenos al clima de armonía que requiere el proceso electoral, considera González Salas

Amaga Convergencia con enjuiciar al procurador por negligencia

JUAN BALBOA Y GEORGINA SALDIERNA

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, consideró que la reinstalación de la comisión especial que investiga a los hijos de Marta Sahagún no viola ningún precepto constitucional; al contrario, expresó, los legisladores tienen la facultad y el deber de saber si los hijastros del presidente Vicente Fox se enriquecieron de manera ilícita.

''Si la familia Bribiesca Sahagún ha cometido ilícitos, que pague por ellos, y si no los ha cometido, para qué se preocupan", dijo a La Jornada la legisladora, quien calificó de desafortunadas y fuera de lugar las declaraciones del jefe del Ejecutivo, en las que hizo una defensa a ultranza de los hijos de Marta Sahagún -''son parte de mi familia''- y llamó ''voraces'' a los legisladores.

González Salas convocó al mandatario a la mesura, para no violentar -"al grado de que no se pueda controlar"- el proceso electoral en el que se habrá de elegir a su sucesor; "sus declaraciones contaminan el ambiente político", advirtió, y reconoció que la mayor preocupación de los diputados que integran la 59 Legislatura ''es el enrarecimiento del ambiente político nacional''.

''Debemos ser mucho más mesurados y hacernos responsables -Ejecutivo y Legislativo- de que se cree el ambiente propicio para llegar en armonía al 2 de julio. Creo que las declaraciones del presidente Fox no ayuda en nada al clima de armonía que todos queremos: todos los mexicanos y las mexicanas queremos llegar al 2 de julio con tranquilidad.

''El que gane el 2 de julio -subrayó- debe llega con credibilidad; si no llega con el apoyo de quienes no hayan triunfado se va a complicar mucho, se va a enrarecer el clima político; ya tenemos demasiados problemas con los estadunidenses, existen problemas con el narcotráfico y el crimen organizado, para que la sociedad civil no esté en una contienda que pueda volverse violenta, al grado de que no se pueda controlar."

La titular de San Lázaro defendió la propuesta de reactivar las investigaciones a los hermanos Bribiesca, y rechazó que la conformación de una nueva comisión enfrente al Legislativo con el Ejecutivo.

''Se dice que hay una inconstitucionalidad en la integración de la nueva comisión; quiero decir de forma absoluta y terminante que no es así", ratificó, y apeló al último párrafo del artículo 93 de la Constitución, en el que se estipula que la Cámara de Diputados, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, "tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados'', pero las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Abundó: ''La denominación del objeto de la investigación es clarísima: revisar la legalidad en los contratos de obra pública o de obra privada otorgados por organismos descentralizados; ese es el objetivo y es lo que está avalado en el artículo 93. Se investiga a empresas con participación estatal mayoritaria en su relación con la empresa Construcciones Prácticas, y cualquier otra que tuviera relación con la misma.

''Aquí lo que queda perfectamente claro es que el objeto de la comisión es investigar la posible existencia del tráfico de influencias; no estamos diciendo que es un hecho.''

Lo único que habrá de investigar la comisión, en absoluta concordancia con la norma y la legalidad constitucional, son las empresas paraestatales, añadió, y confirmó que la investigación se centrará en organismos como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el Infonavit, el Fovissste, el Sistema de Administración Tributaria, Nacional Financiera, la Sociedad Hipotecaria Federal, Pemex y el Servicio de Administración de Enajenación de Bienes.

Los resultados, indicó, serán entregados al Presidente de la República; "no hay más responsabilidades de la Cámara ni facultades".

La diputada advierte que si el Ejecutivo no revisa a las propias entidades del gobierno federal, entonces ''el mensaje que se está mandando a la sociedad es que no hay respeto por la norma y la ley".

Sería grave y delicado, señaló, que la percepción que tengan los mexicanos sea que no se está actuando conforme a la ley.

''Puedo enriquecerme de manera extraordinaria durante la administración por mis relaciones con empresas paraestatales, al fin que nadie me va a hacer nada; ese es el mensaje que se le estaría enviando a la sociedad", subrayó la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro.

Demandan intervención de la PGR

El diputado federal de Convergencia Jesús González Schmal demandó que la Procuraduría General de la República (PGR) requiera a los hermanos Bribiesca, para que den cuenta de dónde provienen los cuantiosos recursos que manejan en sus empresas.

Los negocios de los hijos de Marta Sahagún, ponderó, se inician con poco capital, pero de repente aparecen con grandes sumas de dinero.

Eso, puntualizó, es evidencia de lavado de dinero o, por lo menos, de que hay recursos de origen ilícito.

Entrevistado en el marco de la tercera asamblea nacional de Convergencia, en la que se eligió a la nueva directiva, el legislador precisó que la PGR tiene la obligación de investigar sobre el caso. De no hacerlo, advirtió, los diputados pueden requerir al titular de la procuraduría y someterlo a juicio político, por incumplir con la ley de responsabilidades.

González Schmal descalificó que la Secretaría de la Función Pública recurra a auditores externos para investigar a los hermanos Bribiesca, luego de recordar que al inicio de las pesquisas los propios hijos de la esposa del Presidente se comprometieron a entregar el resultado de una auditoría externa, pero a la fecha no lo han hecho.

El diputado destacó que la Secretaría de la Función Pública tiene contralores y auditores expertos en el análisis de estados de cuenta, que pueden dictaminar sobre el caso.

Por último, dijo que si el PRI y el PAN vuelven a ponerse de acuerdo y traicionan al pueblo en su demanda de clarificar los hechos, tendrán que pagar los costos políticos. Ello en alusión al acuerdo que habrían tenido los dos partidos para desaparecer la comisión especial que investiga a los Bribiesca a cambio de no seguir las diligencias judiciales en contra del ex gobernador del estado de México, Arturo Montiel, acusado de enriquecimiento ilícito.