Tras varios cateos hallan documentos de la represión en la provincia de Formosa
Se abre posibilidad de acotar la impunidad en Argentina
Buenos Aires, 11 de febrero. La decisión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca de solicitar la reapertura de los juicios contra los responsables de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la pasada dictadura militar (1976-1983) en el sur bonaerense y el hallazgo de documentos de la represión en la provincia de Formosa, noreste del país, determinarán nuevos avances contra la impunidad en Argentina.
El pasado 28 de diciembre, un juez ordenó en Formosa catear la sede de la Gendarmería Nacional, la Jefatura de Policía, la Policía Federal, Prefectura y el Regimiento de Infantería de Monte 29 y se encontró información de la pasada dictadura.
Esto fue logrado por la presentación de Martín Almada, abogado paraguayo que descubrió en su país los archivos del terror, de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien se presentó hace dos años ante la justicia federal de Formosa, para investigar el caso de unos 120 paraguayos desaparecidos en Argentina, algunos en esa provincia fronteriza con Paraguay.
Almada -Premio Nobel Alternativo de la Paz 2002- refirió entonces la historia que le había contado "un represor paraguayo arrepentido" . De acuerdo con ese relato, estando como oficial de guardia en su cuartel llegaron dos gendarmes argentinos para pedir autorización y eliminar en Paraguay a "tres subversivos": dos estudiantes argentinos y un abogado paraguayo.
Aunque no recordaba el nombre de los estudiantes, el abogado paraguayo era Fausto Carrillo, quien desapareció en Formosa el 16 de agosto de 1976.
De acuerdo con el "arrepentido", tras consultar con sus superiores por teléfono llegó al lugar una avioneta que transportaba al general Benito Guanes Serrano, número dos en ese momento de inteligencia militar, quien autorizó la "operación".
Los tres detenidos habrían sido colocados desnudos en la orilla del río Paraguay, maniatados y un gendarme les clavó una filosa navaja en el vientre. Después los arrojaron a las aguas, para que los "pescados hicieran su trabajo y no flotaran", borrando las pruebas de los delitos. Eso sucedió el 12 de septiembre de 1977.
Con estos elementos comenzó la presentación de Almada en la fiscalía de Formosa hace dos años. Luego tomó la causa el juez federal Marcos Quinteros, quien ordenó los recientes allanamientos.
La esposa de Carrillo, Felicita Giménez, compartió con Almada el temible campo de concentración de Embocada, en Paraguay, y tenía con ella a su hija Clarisa Carolina, de seis meses de edad.
Precisamente Almada dijo a La Jornada que comienza otra etapa en la investigación de los desaparecidos en Formosa, especialmente para aclarar casos ocurridos en el marco de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras conosureñas.
Las pesquisas en Bahía Blanca pondrán en la mira a los militares que actuaron en el cuerpo quinto de ejército, la base naval Puerto Belgrano y la base de infantería de marina Baterías durante la última dictadura militar.
Al enmarcar la reapertura en la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida (lo que decretó la Corte Suprema en 2005) y de los indultos que beneficiaron a jefes de la Armada y del ejército, las solicitudes de detención abarcarán a los máximos jefes de las diversas fuerzas actuantes, entre ellos el ex general Adel Vilas y el ex contralmirante Luis María Mendía, así como varios subalternos torturadores.
La causa fue renombrada como "investigación de delitos de lesa humanidad cometidos bajo control operacional del comando del cuerpo quinto de ejército".
El juicio que compromete a la Marina quedaría en manos de otro juez y 30 años después comenzará a juzgarse a fondo el terrorismo de Estado en el sur bonaerense, que incluyó el robo y la sustracción de niños nacidos en cautiverio en el centro clandestino de detención La Escuelita, al mando del general Abel Catuzzi. Hasta ahora no hay ningún policía ni militar detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos allí.
Patrocinada por la abogada Mirta Mántaras, la APDH pidió las detenciones de quienes se desempeñaron, respectivamente, como comandantes de operaciones navales, Luis María Mendía, Julio Torti el jefe de Estado Mayor de Operaciones Navales, contraalmirante Antonio Vañek. También están en la lista el comandante de la fuerza de submarinos, vicealmirante Juan José Lombardo, el comandante de la Base Naval de Puerto Belgrano, capitán de navío Zanón Saúl Bolino y otros altos jefes militares indultados en 1989 por el ex presidente Carlos Menem.