Ata políticas públicas a intereses particulares, dice
Critica revista científica británica acuerdo entre Ssa y tabacaleras
El convenio suscrito por la Secretaría de Salud (Ssa) con la industria tabacalera es un obstáculo para la eliminación del tabaquismo en el país y es, por tanto, incompatible con el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues limita las políticas públicas a los intereses de las compañías, afirman científicos estadunidenses.
El tema fue abordado por los expertos en la edición de esta semana de la revista científica internacional British Medical Journal, la cual también dedicó un editorial al asunto, en el que cuestiona los beneficios reales que obtiene el gobierno federal con la donación de un peso por cajetilla vendida, los cuales son inferiores, afirma, con respecto a lo que conseguiría si continuara con el aumento de los impuestos como había ocurrido en años anteriores en que logró un gravamen de 110 por ciento.
La revista plantea, de entrada, que las compañías tabacaleras trasnacionales actúan como un vector que propaga enfermedad y muerte en todo el mundo. Para ello se valen de su poder económico, que utilizan para incidir en las políticas públicas, dice.
También critica los argumentos que en defensa del mencionado acuerdo ha expresado el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, respecto a que era la única manera de garantizar que los recursos obtenidos en donación se destinaran al fondo de gastos catastróficos del Seguro Popular.
Este planteamiento ignora, dice la publicación británica, que el gobierno federal podría haber destinado a un fondo seguro el dinero obtenido del aumento a los impuestos. Con este convenio, vigente desde 2004, las tabacaleras obtuvieron inmunidad en contra de una de las estrategias más efectivas planteadas por el CMCT para reducir el consumo de cigarrillos, que es justamente el incremento en la carga tributaria y la cual bien podría ubicarse en 125 por ciento.
Al suscribir dicho pacto, la Ssa también consintió en que las leyendas sobre los riesgos a la salud que produce el tabaquismo no cumplan con lo establecido por el Convenio Marco (30 por ciento de la cara frontal del empaque) y abandonó todo esfuerzo para introducir imágenes de advertencia como las que ya han sido impulsadas por países latinoamericanos como Brasil, Venezuela, Uruguay, y algunas otras naciones como Canadá, Australia, Singapur, la Unión Europea y Tailandia.
El editorial también resalta el silencio en que se mantuvo la OMS cuando se le pidió su opinión sobre el convenio mexicano, y que, según el British Medical Journal, se vuelve crucial en estos días en que se realiza la Conferencia de las Partes del CMCT en Ginebra, Suiza. De esta reunión que concluirá el próximo día 17 tendrá que salir un pronunciamiento sobre la incompatibilidad del acuerdo de la Ssa con las tabacaleras. De lo contrario, señala, las compañías multinacionales buscarán reproducir su estrategia en otras naciones.
México, atado de manos
En tanto, un artículo de análisis publicado en la misma revista por los científicos Johnathan Samet y Heather Wipfli, de la Escuela de Salud Pública John Hopkins, de Baltimore, Estados Unidos; Rogelio Pérez Padilla, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de México, y Derek Yach, de la Fundación Rockefeller, de Nueva York, advierte que el próximo gobierno federal deberá valorar la pérdida potencial de fondos contra mantener un acuerdo que se opone al CMCT ya ratificado por México.
Los especialistas resaltaron las principales limitantes que impone a México el acuerdo con las tabacaleras. Además de los ya señalados, recuerdan que el artículo 13 del CMCT exhorta a prohibir de manera amplia todas las formas de publicidad y patrocinio de las compañías tabacaleras, con base en el marco constitucional de cada país. México no tiene ninguna restricción legal en este sentido, apuntan.
De acuerdo con la información que ha proporcionado la Ssa, entre 2004 y 2006 la industria habrá aportado 4 mil millones de pesos al fondo de gastos catastróficos, los cuales ya se han empezado a aplicar en el subsidio de los tratamientos para el cáncer cérvico uterino y la leucemia linfoblástica infantil. Frenk Mora había señalado en diciembre pasado que también sería posible financiar con esos recursos, la construcción de la nueva sede del Instituto Nacional de Cancerología.
Los científicos refieren que los términos del acuerdo con los fabricantes de cigarrillos ata de manos al gobierno de la República, porque los donativos se harán efectivos sólo si las ventas de los productos del tabaco se mantienen estables. El acuerdo terminaría si se registra un aumento de algún impuesto federal o estatal que tenga efecto directo sobre la industria.
Finalmente, los expertos manifiestan su preocupación porque México pudiera servir de ejemplo sobre cómo las empresas tabacaleras cooptan las políticas públicas de salud, y exhortaron a las autoridades a reconsiderar los términos de ese pacto.