TODO PARA LOS AMERICANOS

César Chávez no nació en el Valle Imperial de California. Allí, sin embargo, se crío y allí hasta su muerte en 1993 escenificó conflictos que lo convirtieron en emblema de la lucha por los derechos laborales de los trabajadores latinos del campo estadunidense.

En el Valle Imperial en 1979 Chávez habló, en la oración fúnebre de un huelguista muerto a balazos por un capataz, de "los seres humanos que torturan sus cuerpos, sacrifican su juventud y entumecen sus espíritus para producir esta inmensa riqueza agrícola, una riqueza tan vasta que alimenta no sólo a Estados Unidos (EU) sino a gran parte del mundo".

Los conflictos laborales, muchos relacionados con la inmigración desde México, persisten en el valle. Pero ya se asoma otro referente al agua. Más bien desde hace décadas se ha asomado, pero el gobierno de México poco o nada ha hecho para resolverlo, pese a que amenaza con dejar en la ruina a miles de trabajadores del campo en este lado de la frontera.

La inmensa riqueza del Valle Imperial de la que habló Chávez se basaba, aún lo hace, en la producción a gran escala de frutas, hortalizas, alfalfa, granos básicos y ganado en lo que antes era un desierto pero que ya se alimenta del sistema de riego más grande de EU. El agua llega del río Colorado, conducida por el canal Todo Americano en una travesía de 137 kilómetros, más de la mitad a lo largo de la frontera con México. Se terminó de construir en 1940 y se sigue considerando obra maestra de la ingeniería hidráulica.

FALLAS DE SINTONIA

La atención se ha centrado en la televisión, pero la legislación que se discute este mes en el Senado también va a afectar a la radio comercial, un sector donde la concentración entre un puñado de familias marca el tono a la industria.

María de la Luz González

Como la televisión, la radio comercial en México es un negocio que manejan muy pocas empresas. En este sector, con más de 400 radiodifusores registrados, 15 grupos controlan 76 por ciento de las emisoras concesionadas y captan 90 por ciento de la inversión publicitaria, entre 270 y 320 millones de dólares anuales.

Aunque de 1988 a la fecha el número de estaciones concesionadas creció 35 por ciento, al pasar de 851 a mil 149, no se diversificaron los concesionarios, que siguen siendo los mismos grupos surgidos entre los años 1960 y 1970.

La concentración de la industria es mayor de lo que parece, ya que cinco de los grupos dominantes operan más de la mitad de las emisoras comerciales, y dos, Radiorama y Grupo ACIR, han controlado 30 por ciento de las estaciones desde hace casi 20 años, aunque no son los titulares de todas las concesiones.

Esto se debe a que la concentración radiofónica asume figuras como la renta de frecuencias, afiliaciones y alianzas comerciales impuestas por las grandes cadenas a los pequeños radiodifusores, que las aceptan ante la imposibilidad de competir en costos y fuerza de venta.

De las 759 estaciones de amplitud modulada (AM), 400 son operadas por las grandes cadenas, que controlan también 300 de las casi 400 difusoras de frecuencia modulada (FM) del país. "Los grandes grupos están aquí (el Distrito Federal), son los que tienen las relaciones y captan los presupuestos; representan comercialmente a los radiodifusores locales, y les cobran una comisión de 35 por ciento de las ganancias", confirmó Roque Chávez López, presidente de la Asociación de Radiodifusores Independientes Organizados.

FM y digitalización

En la década de 1980, el auge de la transmisión en FM, con mejor calidad que la de AM, y la TV por cable y satelital sacudieron esta banda de transmisión. Las estaciones de FM las desbancaron en audiencia y en captación publicitaria y obligaron a una reconfiguración del sector.

Alianzas estratégicas, fusiones e inyecciones de capital extranjero bajo la figura de "inversión neutra" perfilaron cinco grupos hegemónicos: Radiorama, de Javier Pérez de Anda y Adrián Pereda, que opera más de 220 estaciones; Grupo Acir, de Francisco Ibarra, con más de 160 emisoras; Grupo Radio Centro, de Francisco Aguirre, con más de 100; Organización Radio Fórmula, de Rogerio Azcárraga, que, con 36 difusoras propias, ofrece a los anunciantes una plataforma de 101 transmisoras, y Radiópolis, la división radio de Televisa.

Esta última, con solo 17 frecuencias concesionadas tiene una plataforma de 88 emisoras en las principales plazas del país, e incrementó su cobertura de 33 a 90 por ciento por las alianzas estratégicas que estableció con Grupo Prisa (la empresa multimedios más importante de España, propietaria del diario El País), en 2001, y con Radiorama, en 2004.

La conversión digital, y la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión aprobada por la Cámara de Diputados para impulsarla, detonaron el más reciente debate en el sector. Marginados por el duopolio televisivo en la pretensión de apoderarse del espectro radioeléctrico, radiodifusores como Rogerio Azcárraga y Francisco González, de Grupo Multimedios, hicieron causa común con los independientes para frenar el proyecto, que favorece a las televisoras, limita la competencia y restringe las posibilidades de encarar la conversión tecnológica §

De hecho, los estados de Arizona y Nevada, que comparten las aguas del Colorado con California bajo acuerdos establecidos entre ellos, han argumentado desde hace años que el canal ha sido demasiado efectivo, al llevar mucho más agua de la cuota que le corresponde a California. Haciendo eco de los reclamos, Washington ha emplazado a California a reducir su consumo de las aguas del Colorado en más de la cuarta parte para 2010.

La respuesta no se ha hecho esperar. El mes pasado, el condado de San Diego, California, anunció la próxima licitación de una obra con valor de más de 230 millones de dólares para forrar de concreto unos 37 kilómetros del canal Todo Americano. El objetivo de la obra es conservar el agua que ahora se filtra por el arenoso fondo. Así, el valle Imperial puede recibir la misma cantidad de agua a pesar de traer mucho menos caudal por el canal.

La idea, largamente discutida en California pero hasta ahora a punto de ser realidad, parece lógica. Y lo es, desde el punto de vista de aquel lado de la frontera. Pero el agua que se filtra no se desperdicia. Por debajo de la tierra, sigue la pendiente natural para alimentar el valle de Mexicali que comparte el acuífero con el Imperial.

La amenaza para los agricultores del valle de Mexicali es doble. Por una parte van a recibir menor volumen de agua; por otra, su otra fuente de agua proviene de la filtración del río Colorado, y tiene un alto índice de salinidad que actualmente se rebaja con el agua de buena calidad que se filtra del canal. Con menos agua, y mucho más salobre, la amenaza a sus cultivos muchos muy rentables y dedicados a la exportación es más que obvia aunque difícil de cuantificar.

Por cierto, las autoridades estadunidenses han aprobado el proyecto de revestir el canal con base en un estudio de impacto ambiental que ni siquiera tomó en cuenta el problema del lado mexicano de la frontera.

El único estudio sobre el impacto en México fue encargado por el gobierno de Baja California a dos asociaciones ambientalistas, el Sonora Institute, con sede en EU, y Pronatura de México. Los investigadores concluyeron que la obra secaría gran parte de un sistema de humedales, con "daños colaterales" a gran número de especies, sobre todo aves migratorias, algunas de ellas supuestamente protegidas en ambos lados de la frontera. El área probablemente afectada en su ecología, afirmaron, sería tres veces mayor en México que en EU §

La resolución de los conflictos por el uso del agua es uno de los temas a debatir el próximo marzo en la ciudad de México dentro del cuarto Foro Mundial del Agua. En América Latina, cuatro de los principales puntos conflictivos han sido los siguientes:

El proyecto de revestir de concreto un tramo del canal Todo Americano representa una iniciativa unilateral por parte de EU que hace trizas los principios que han marcado la legislación binacional sobre las aguas transfronterizas.

Tampoco han servido los mecanismos que en materia de ecología fueron establecidos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para detener una amenaza directa a la sobrevivencia de miles de agricultores mexicanos, para no hablar de un ambiente rico en humedales.

De hecho la única iniciativa mexicana para detener el proyecto del canal y eso al cuarto para las 12, como de costumbre proviene de un grupo de empresarios bajacalifornianos. Con el apoyo del gobierno estatal han presentado una demanda en un tribunal de EU para tratar de frenar el proyecto.

Mientras, la respuesta del gobierno federal ha sido más que tardía y timorata, según un estudio de Vicente Sánchez Munguía, investigador de El Colegio de la Frontera Norte.

El tratado de 1944 sobre el uso de las aguas de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana también dio lugar a la creación de la binacional Comisión Internacional de Límites y Aguas para resolver los asuntos de aguas y saneamiento en la frontera. El acta constitutiva de la comisión obliga a ambos gobiernos a consultarse antes de iniciar cualquier proyecto que podría afectar al otro país.

De hecho, EU notificó al gobierno de México su intención de revestir el canal en 1976, pero sin consultas previas, y más bien como un hecho consumado. Según el pensamiento y forma de actuar de Washington, no era necesaria la consulta, ya que las aguas del canal pertenecían exclusivamente a EU; no eran transfronterizas.

La misma construcción del canal, años antes del tratado de 1944, había seguido la misma lógica basada en criterios de seguridad nacional. Por temor al movimiento agrarista y el nacionalismo que fomentaban los gobiernos mexicanos de aquellos años, Washington se preocupó por la seguridad del suministro del agua al valle Imperial. Hasta entonces las aguas del Colorado habían llegado a los valles Imperial y de Mexicali a través de territorio mexicano por conducto del arroyo Alamo. La construcción del canal fue un madruguete contra la posibilidad de que México se apoderara del agua.

Tras la notificación de 1976, el gobierno mexicano rechazó la decisión de revestir el canal. Sin embargo, asumiendo un "ni modo" sobre la reversibilidad de la decisión, luchó más bien para lograr algunas medidas compensatorias. Su argumento siempre fue que los agricultores del Valle de Mexicali habían establecido un derecho al agua filtrada por haberla dedicado a un uso benéfico durante años; bajo los principios de la jurisprudencia internacional, ese derecho no se les podía quitar.

Las pláticas sobre el tema, que habían avanzado a ritmo de tortuga dentro de la Comisión Internacional de Límites y Aguas fueron abruptamente canceladas en 2000, cuando asumió el poder el presidente Fox.

Convencido de que el "bono democrático" le otorgaba un poder de negociación que no había tenido ningún gobierno mexicano, el flamante canciller, Jorge. G. Castañeda, ordenó sacar el tema del canal del ámbito de la comisión. De allí en adelante se iba a tratar al más alto nivel, directamente con el Departamento de Estado de EU.

Desafortunadamente, otro tema el migratorio resultó un hueso mucho más duro de roer en aquel más alto nivel que lo que se había pensado. Nunca hubo tiempo para tratar lo del canal. Según los últimos cálculos, será revestido para 2008 §