DE INTERÉS PRIVADO

Los empresarios, pequeños y grandes, han ido fijando una agenda propia frente a los candidatos que compiten por la Presidencia de la República.

La Asociación Latinoamericana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios (Alampyme) considera que las prioridades en las medidas de promoción gubernamental deben ser la transparencia en el manejo de los recursos (cero corrupción), extender las oportunidades en el comercio exterior, disminuir los intereses en créditos bancarios, la reactivación general de la economía y, sobre todo, ampliar las oportunidades de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para participar en las licitaciones públicas en los tres niveles de gobierno.

Como afirma con cierto recelo Pedro Salcedo, presidente de la Alampyme, se trata de "continuar por el camino andado, porque resultaría innecesario considerar un abanico de demandas que al final de cuentas no las van a cumplir". Por ello prefieren que se mantengan los programas que han funcionado y ampliarlos para fortalecer al sector en el mercado nacional.

Así, proponen que se facilite la unión de cierto número de empresas pequeñas para participar como una sola sociedad mercantil en la proveeduría de bienes o servicios, a la manera de empresas integradoras. En el terreno externo debe validarse la oferta del gobierno para la sustitución de importaciones y para que este sector pueda llegar a cubrir un tercio de los bienes y servicios que demanda el gobierno, de modo que aliente la reactivación económica.

Señalan que debe tenerse "cuidado con las exigencias de organismos internacionales para permitir mayor apertura, lo que podría incidir en el desborde de las importaciones y nos dejen en el limbo". Asociado con esto, indican que el nuevo gobierno debe incorporar en sus planes una mayor participación de las pymes mexicanas en los mercados de América Latina.

Financiamiento más expedito

Para los empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el nuevo presidente debe tener en su agenda proyectos de largo plazo para prevenir cambios bruscos en las políticas públicas, afirma su presidente, Cuauhtémoc Martínez García.

Una de las cuestiones urgentes, afirma el dirigente, es que el financiamiento fluya de manera continua a los pequeños y medianos empresarios, y sobre todo con tasas blandas que les permitan costear sus manufacturas. El flujo se ha estado retrasando; si en 1994 se otorgaron alrededor de 156 mil millones de pesos en créditos a la industria, en 2004 fueron casi 50 mil millones. Además, las tasas de interés que cobran los bancos son aquí mucho mayores que en otros países, lo que afecta el margen de competitividad de las empresas.

Otro de los grandes reclamos es la atención sobre los precios de los energéticos.

"Definitivamente no podemos ser competitivos mientras el millón de unidades térmicas británicas (BTU, unidades de energía) de gas natural cueste siete dólares, y en otras regiones del mundo se ofrezca hasta en dos dólares, como en Europa, lo que nos coloca a la zaga y nos haceperder posiciones en los anaqueles del mundo", afirma Martínez.

Pero estas condiciones competitivas no sólo afectan la entrada a los mercados externos, sino también la presencia en el mercado interno, donde los productos hechos en México son crecientemente desplazados por los que se importan.

Los empresarios consideran que la agenda económica del candidato que gane el 2 de julio debe tomar en cuenta una alineación fiscal. Es decir, equiparar las tasas impositivas a las de los principales competidores, como el ISR, que en México es de 29 por ciento, mientras en Chile es de 17 y en China, de 18.

Otro tema de la agenda empresarial comprende la falta de una infraestructura bien alineada, ya que, aunque ha habido avances, se necesita más, por ejemplo, en materia de puertos. Muchos productores de distintas regiones tienen que trasladar miles de kilómetros sus mercancías para llegar a un puerto, lo que aumenta los costos.

Otro rubro en el que Canacintra pone atención es la necesidad de elevar la inversión en investigación científica y desarrollo tecnológico. La actual administración prometió llegar a invertir 1 por ciento del PIB; sólo llegó a 0.45 por ciento.

El uso de los recursos petroleros

Los industriales que constituyen la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) colocan como prioridad intensificar las condiciones que permitan el crecimiento económico y la creación de un nuevo pacto social para aumentar productividad, empleo y salarios.

La legislación laboral deber ser modificada para elevar la productividad del trabajo, la competitividad de las empresas y ofrecer mayor seguridad a las inversiones. Esto es necesario para mejorar las relaciones obrero-patronales y estar en condiciones de competir con otros países.

"En crecimiento económico y generación de empleos formales en la economía nacional, la nueva administración debe responder a la necesidad de crecer a tasas promedio de 6.5 por ciento anual y crear 1 millón 200 mil empleos cada año", afirma León Halkin Bider, presidente de Concamin.

La agenda económica de los industriales se basa en la propuesta de Industria, competitividad y empleo (2006-2012) que propone mantener como motor del crecimiento la competitividad industrial.

Entre sus demandas destacan el desarrollo del mercado interno mediante políticas de Estado que promuevan el aumento del ingreso disponible de la población; acciones para sustituir competitivamente importaciones y establecer estrategias de exportación de valor agregado y la administración eficiente de los tratados de libre comercio. La agenda plantea la elaboración de reglas para que opere la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa publicada en 2002.

Para los industriales, la renta petrolera deberá ser considerada no como gasto corriente del gobierno federal, sino destinarse a la inversión para apoyar el desarrollo nacional de largo plazo.

Propondrán que se establezca un sistema de medición de la productividad, rentabilidad y competitividad de la economía nacional en su conjunto. También demandan un programa de aliento a la productividad que sirva como herramienta indispensable para el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y actualización de las políticas en cada cadena de valor, para lo que se requiere del apoyo de recursos públicos, por ser fundamento práctico de la política de desarrollo §