Otra vez se hace patente la diplomacia de guerra de EU

El caso Sheraton, flagrante violación de la soberanía

CARLOS FAZIO

El incidente del hotel Sheraton, que volvió a involucrar de manera directa a México en el histórico diferendo político-ideológico entre Estados Unidos y Cuba, se enmarca en la sostenida diplomacia de guerra de Washington, impulsada por el grupo de halcones que rodean al presidente George W. Bush. El suceso hay que inscribirlo en la serie de medidas coercitivas y presiones económicas, políticas y diplomáticas que han venido esgrimiendo contra México el embajador Tony Garza y el zar de la inteligencia estadunidense John Dimitri Negroponte, ante el vacío de poder dejado por el gobierno de Vicente Fox y la diplomacia genuflexa del canciller Ernesto Derbez en un año electoral.

El affaire Sheraton significa una flagrante violación de la soberanía nacional mexicana -al aplicar de manera extraterritorial una ley estadunidense- y es una expresión renovada del agresivo bloqueo económico de Estados Unidos contra la isla que, con el pretexto de un pretendido derecho de "legítima defensa" y "seguridad nacional", durante 45 años ha llevado a los círculos gobernantes de Washington a crear todo un andamiaje jurídico encaminado a legitimar su inescrupulosa política injerencista en los asuntos internos cubanos.

La filosofía imperialista que subyace en el actual incidente se inscribe en la frase que hace algunos años pronunció el secretario Hugues, quien presidía la Suprema Corte de Estados Unidos: "La doctrina Monroe no es una política de agresión; es una política de legítima defensa. Es una afirmación del principio de la seguridad nacional. La doctrina descansa sobre el derecho de todo Estado soberano de defenderse impidiendo el desarrollo de condiciones de las cuales después sería tarde protegerse". Esa filosofía es contraria, incluso, a la Carta de la Organización de Estados Americanos, que en su artículo 19 consagró el principio de la agresión económica, definiéndola como la prohibición de aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza.

En Estados Unidos, el derecho está dirigido a sostener a las compañías trasnacionales y apoyar las acciones aventureras internacionales de la administración de turno. Como muestra la historia, en las acciones de Washington contra cualquier país siempre hay una ley, orden, sentencia, tratado que sirve de fachada legal para la agresión. Poco importa a la Casa Blanca que su norma interna contravenga o ignore normas del derecho internacional; baste esgrimir el sacrosanto concepto de "seguridad nacional" y las legislaciones están prontas para legitimar el zarpazo.

La semana pasada, a raíz de la expulsión de una delegación cubana del hotel María Isabel Sheraton, sucursal de la cadena Starwoods Hotels and Resorts Worldwide, la embajada de Estados Unidos argumentó que se había aplicado la Ley contra el Comercio con el Enemigo. Con posterioridad, el gobierno de Estados Unidos defendió la expulsión con fundamento en la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 bajo el auspicio del senador republicano Jesse Helms y el representante demócrata Dan Burton. El 7 de febrero, el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, declaró que "la ley de Estados Unidos se aplica a cualquier corporación o subsidiaria estadunidense sin importar dónde esté, ya sea en la ciudad de México, en Europa o en Sudamérica". Es decir, reivindicó el carácter "universal" de las leyes estadunidenses.

Los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos admitieron que ordenaron al hotel Sheraton la aplicación extraterritorial de la Helms-Burton. Pero en el colmo de la genuflexión diplomática, pese a esa confesión de parte, el canciller Luis Ernesto Derbez alegó en Londres que Estados Unidos no violó la soberanía nacional: fue el hotel María Isabel Sheraton. E inscribió el caso como un asunto privado, entre particulares, al que debe dársele un mero tratamiento administrativo. Sin embargo, como señaló el embajador Gustavo Iruegas, "la sustitución del orden jurídico nacional por uno ajeno no es una mera violación de la soberanía, es su cancelación" (G. Iruegas, "Nada menos que eso", La Jornada, 8 de febrero de 2006).

El atropello sin atenuantes contra la soberanía nacional de parte del corporativo hotelero y su subsidiaria en México, que recupera el estilo de la guerra fría, remite al incidente ocurrido en 1992, protagonizado por esa trasnacional en el marco de la ley Torricelli. Es decir, estamos ante una conducta reincidente de Estados Unidos, que ignora la Constitución mexicana y leyes secundarias, y aplica de manera extraterritorial sus propias normas jurídicas. Ahora con una agravante: desde 1996 existe una legislación antídoto en México: la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.

El 23 de octubre de 1992, durante un acto de campaña en Miami, el presidente George Bush (padre) firmó la ley Torricelli. La ley contó con el consenso bipartidista; fue copatrocinada por un demócrata, y el propio candidato William Clinton la apoyó. Se trataba de un proyecto estratégico que disfrazaba fines militaristas y podía constituir el preámbulo para una agresión directa contra la isla, sin excluir la variante de la intervención armada "con fines humanitarios".

La enmienda Torricelli no era sino la actualización de la vieja política cubana de Washington. Expresaba el consenso de republicanos y demócratas en relación con la línea de hostilidades a seguir. La ley amplió el bloqueo a Cuba al prohibir a filiales de Estados Unidos en terceros países comerciar con La Habana; impedía por seis meses la entrada a los puertos estadunidenses de barcos con mercancías o pasajeros en viaje de o hacia la isla; condicionaba la exportación de medicamentos hacia Cuba, y preveía sanciones contra aquellos países que sostuvieran con la isla lo que la ley designaba como "asistencia", incluidas relaciones de índole económica.

Se trataba del ejercicio ilegítimo del poder económico de Estados Unidos para lesionar a otros pueblos. Era el uso de la coerción económica con fines políticos, lo que estaba explícitamente condenado por la ONU y la OEA. Ese acto de prepotencia hegemonista pretendía aplicar la extraterritorialidad de las leyes estadunidenses sobre terceros países, pasando por encima de preceptos internacionales y violando la soberanía de las naciones. Washington se arrogaba el derecho de dictar qué política habrían de seguir otros países al elegir a sus socios comerciales.

Al suscribir la ley, Bush no sólo sentó un precedente. Ignoró olímpicamente el repudio mundial que la misma había suscitado. En forma somera, y sólo durante octubre de 1992, el recuento de la oposición a la ley incluyó el pronunciamiento, entre otros, del embajador de Gran Bretaña en Cuba, Leycester Coltman, quien anunció que su país no aceptaba ni acataría la ley Torricelli ("el gobierno de Londres, principal aliado de Estados Unidos en la OTAN, no acepta que una ley extranjera tenga efectos para empresas en su territorio"); de la embajadora de Canadá en Cuba, Julie Loranger, quien calificó de "inaceptable" el principio de extraterritorialidad de la ley Torricelli; desde su sede en Bruselas, la Comunidad Europea (CE) advirtió al presidente Bush que las relaciones trasatlánticas podrían verse "seriamente afectadas" si aprobaba la ley, y lo exhortó a vetarla (extender el bloqueo más allá de las fronteras de Estados Unidos "es una violación de los principios generales del derecho internacional y la soberanía de las naciones independientes (...) no puede aceptarse que Estados Unidos, unilateralmente, determine y restrinja la economía de la CE y las relaciones comerciales con cualquier nación extranjera que no haya sido colectivamente considerada como una amenaza para la paz o el orden").

El 9 de octubre de ese año, el gobierno de Canadá emitió un decreto para bloquear la enmienda. La canciller Barbara McDougall informó que, de acuerdo con la ley canadiense sobre medidas extraterritoriales extranjeras, las empresas de Estados Unidos instaladas en Canadá estaban obligadas a informar a las autoridades de "toda directiva recibida o tentativa hecha en el contexto de la medida estadunidense con vistas a influir los intercambios comerciales con Cuba". La ministra canadiense de Justicia, Kim Campbell, afirmó que la Torricelli era "una intromisión inaceptable" de las leyes de Estados Unidos en Canadá. A su vez, el 20 de octubre, Gran Bretaña dispuso la aplicación de la Ley de Protección de Intereses Comerciales de 1980, con el fin de brindar protección a las empresas radicadas en territorio británico contra la ley Torricelli.

Sin embargo, el 23 de octubre, rodeado de dirigentes anticastristas, el presidente Bush firmó la ley en Miami.