¿Son viables los acuerdos de San Andrés?
Hace unos días me preguntaban si es viable el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y no pude responder con la contundencia que lo hacía cuando se firmaron en 1996. Fue necesario introducir matices, pues no se trata de un sí o no, sino de un "sí, sólo si..."
Estamos lejos de aquel momento, cuando aparecieron como una alternativa seria para que por fin se incluyera plenamente a los pueblos indígenas, de entrada en la Constitución, pero de inmediato en el marco de una auténtica reforma del Estado.
Obviamente partimos de la base muy probada de que el Estado con sus tres poderes dio la espalda a la palabra empeñada y, por tanto, es de ahí que tendría que partir la profunda rectificación que diera cauce al cumplimiento de los históricos acuerdos.
En la coyuntura electoral sólo figura tal propósito en el primer compromiso de Andrés Manuel López Obrador. A los otros candidatos les resulta más cómoda la política del avestruz, no sabemos si porque asumen que "ya se cumplieron", aun cuando en el caso de Felipe Calderón ya declaró, original como es, que "declarará la paz de manera unilateral". Si no fuera tan vergonzoso, realmente movería a risa el tamaño del simplismo.
Así que retomo la pregunta inicial para reconstruir las voces de los actores directamente involucrados: el EZLN y el movimiento indígena ya respondieron en 2003. Recordemos su mensaje durante la toma pacífica de San Cristóbal de las Casas (1/1/03), que rompió el silencio, pero no para hablar con el gobierno, y que luego fue respaldado por la declaración del Congreso Nacional Indígena de que del Estado no espera nada y por ello no se insistiría en la demanda de reconocimiento de derechos.
En cambio, los indígenas reafirmaron su decisión de avanzar en la autonomía por la vía de los hechos, así como en su defensa.
Así que tenemos un primer elemento a considerar: se agotaron las múltiples oportunidades que el Estado tuvo a lo largo de una década; hoy día la otra campaña es reflejo fiel de la ausencia absoluta de confianza en "los de arriba", como suelen decir. Por ello un escenario significa caminar buen trecho construyendo las evidencias del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés en medio del escepticismo o hasta del rechazo fundado. Y no sólo de parte indígena, sino del conjunto de la clase política que avaló y promovió la traición a los acuerdos.
De entrada se tendría que acudir al Congreso y exponer las razones para que la contrarreforma de 2001 se abrogue y dé paso a la que fue acordada; sin embargo, en esta ocasión no bastaría realizar una buena negociación política, y que fuera exitosa; se requiere además acompañar la iniciativa constitucional de un paquete de reformas legislativas que deshaga los entuertos del actual sexenio, particularmente en lo relativo a recursos naturales, genéticos y conocimiento tradicional. Toda una labor de desmontaje de la oleada privatizadora que amenaza seriamente la vida de los pueblos indígenas. La implicación va mucho más allá de los estrechos márgenes de una política "indigenista" que otorgue ciertos beneficios a una limitada "clientela", y entraña, en cambio, una política de Estado. Para impulsar tal proceso se requiere, sobre todo, una voluntad política férrea que incluya en la defensa de la soberanía a los pueblos indígenas. De ese tamaño es la implicación del compromiso para cumplir los acuerdos de San Andrés. ¿Y si el Congreso no responde? En primer lugar tendremos la evidencia de la continuidad y de la hegemonía neoliberal en la clase política, pero también tendríamos una de tantas disyuntivas que se le presentarían a quien está asumiendo tal compromiso en caso de ganar la Presidencia de la República.
Así que la posibilidad de cumplir los acuerdos de San Andrés dependerá de la correlación de fuerzas, pero, ante todo, de la voluntad para buscar vías alternas que detengan la aplicación de un derecho ilegítimo como es el que se ha promulgado en el actual sexenio. Por ende, no es tan fácil cuestionar el compromiso del candidato a la Presidencia por el PRD como se ha hecho, señalando que corresponde al Legislativo. De ganar, su posición será clave para construir andamiajes políticos y jurídicos. Ya vimos que Fox se enredó en la bandera de la división de poderes y no dio la batalla cuando aún tenía capital político.
Así que la viabilidad del cumplimiento de los acuerdos está ligada a la fuerza que se logre para impulsar un cambio de fondo. De esa magnitud es el reto. En ese contexto tiene sentido la precisión de que "se empezará a cumplir la deuda histórica con los pueblos indígenas", pues no es tarea de corto plazo. En los hechos, la postura asumida por los tres poderes del Estado en materia indígena durante este sexenio definió que no entra en la óptica neoliberal prevaleciente la compatibilidad con el reconocimiento y ejercicio de la autonomía y libre determinación de los pueblos originarios en nuestro país.