Regionalismo: reto para Evo Morales
Si el nuevo presidente fracasara en manejar las divisiones políticas,étnicas y de clase de su país podrían resurgir los conflictos
Ampliar la imagen El presidente Evo Morales durante una conferencia de prensa ofrecida el pasado 8 de febrero en el Palacio Presidencial de La Paz Foto: Ap
El nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, posee un fuerte mandato pero tendrá que enfrentar los retos que representa su agenda. Si llegara a fracasar en el manejo cuidadoso de las profundas divisiones políticas, étnicas y de clase del país, o si no llegara a satisfacer las altas expectativas que provocó su victoria, existe el riesgo de un resurgimiento de los conflictos. Entre las dificultades que enfrentará Morales, quien tomó el poder el 22 de enero pasado, estarán la progresiva polarización geográfica del país y la creciente influencia política de gobiernos regionales.
En lo político, Bolivia está dividida principalmente entre los indígenas de las zonas altas, que simpatizan con el gobierno entrante, y los pobladores de las regiones bajas, donde hay profunda desconfianza hacia cualquier intento de imponer una política o un punto de vista pro indígenas. Como resultado de ello, los departamentos de las zonas bajas de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, más prósperos y étnicamente diversos, continuarán buscando mayor autonomía regional para crear una salvaguarda ante un Ejecutivo central que desarrolle una agenda pro indígena.
Estos sectores se opondrán en particular a una reforma agraria radical y a un régimen comercial más proteccionista, que podría afectar al sector agrícola exportador de los valles. Podrían también obstruir la labor del gobierno central que busca redistribuir el ingreso nacional en beneficio de los departamentos más pobres, a expensas de los más ricos, como Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, los cuales se benefician sobre todo de la producción de hidrocarburos, minerales y mercancías agrícolas.
Crecen los poderes regionales
Los resultados de las elecciones regionales, que se llevaron a cabo de manera simultánea con la elección presidencial del 18 de diciembre, exacerbarán las dificultades del presidente. Estas elecciones fueron altamente desfavorables para el ahora gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), y por lo tanto representan otro obstáculo para la gobernabilidad.
Fue la primera vez en la historia de Bolivia que se designó por votación popular a los prefectos encargados de la administración pública en los nueve departamentos. Sólo dos de los nueve prefectos, elegidos por un término de cinco años, tienen una evidente alianza con el MAS. Esto representa una importante ruptura con prácticas del pasado, en la medida en que terminó con el privilegio presidencial de efectuar esas designaciones.
Aunque por ahora la autoridad de los prefectos regionales está limitada por el poder del Ejecutivo de decidir la política y el control de sus finanzas, esto también puede cambiar. En un referendo que, al parecer, se celebrará el próximo julio, los bolivianos votarán sobre la concesión de nuevos poderes a los gobiernos regionales, incluso la posibilidad de elevar los impuestos locales. Muy probablemente los resultados de esa consulta serán confirmados por la nueva asamblea constituyente que será también elegida en julio, de la cual se espera que amplíe las oportunidades para la representación democrática de los grupos indígenas.
Pero la creación de un poderoso estrato de gobiernos locales conlleva grandes riesgos para la gobernabilidad. En este contexto, la inexperiencia de Evo Morales y de su partido constituye también un riesgo político, ya que podría limitar su capacidad de negociación con líderes regionales más fuertes.
Por otra parte, el país continuará dividido por las visiones opuestas respecto del papel del Estado en la economía. La victoria de Evo Morales señala un cambio hacia un mayor control estatal de las importantes industrias privatizadas, en particular las de hidrocarburos y minería. Pero las tensiones étnicas y de clase, además de la oposición a la agenda de Morales, mantendrán alto el riesgo de protestas durante el periodo 2006-2007.
FUENTE: EIU