Editorial
Pederastia y encubrimiento
La publicación en este diario de varias conversaciones telefónicas sostenidas por el empresario Kamel Nacif Borge con varios individuos, entre ellos el gobernador de Puebla, Mario Marín, en el marco de la persecución y el hostigamiento contra la escritora Lydia Cacho, quien a su vez había puesto al descubierto la red de pederastas encabezada por Jean Succar Kuri, amigo y socio de Nacif, ha generado una masiva indignación ciudadana, así como condenas de prácticamente todos los sectores sociales contra los protagonistas de las pláticas. No es para menos: las transcripciones de los intercambios telefónicos ponen en evidencia la facilidad con la que una persona acaudalada puede no sólo burlar la acción de la justicia, sino también perpetrar agresiones ilegales contra quien saca a la luz pública hechos ilícitos e infames; también indican la probable participación del mandatario estatal en la urdimbre de una venganza a todas luces delictiva y apuntan a la disposición de varios de sus colaboradores como la procuradora poblana, Blanca Laura Villeda y de la juez Rosa Celia Pérez a torcer las leyes para atropellar a una ciudadana.
La irritación general causada por la confirmación de la existencia de una red de complicidades ha obligado a deslindes apresurados o tardíos con respecto al gobernador poblano. Baste recordar que hasta el candidato presidencial priísta, Roberto Madrazo, acabó por pedir, aunque con 24 horas de retraso, que se investigue la conspiración poblana contra Lydia Cacho. En cuanto a los dos principales implicados, Nacif Borge no había dado la cara a la opinión pública hasta el cierre de esta edición; Marín, por su parte, descargó inicialmente la tarea de dar explicaciones en su vocero Valentín Meneses, el cual aceptó tácitamente ante los periodistas la autenticidad de las grabaciones "tal parece que es su voz", dijo, refiriéndose a la de su jefe; posteriormente, entre humoradas fallidas, el gobernador arguyó que la plática entre él y Nacif Borge era una falsificación. Con la ausencia, en un caso, y con el proceder errático, en el otro, Nacif Borge y Marín no hacen sino confirmar que son quienes son y que hablaron lo que hablaron.
Pese a la contundencia de las pruebas, no han faltado intentos por desviar la atención del hecho principal mediante el cuestionamiento y la descalificación de lo publicado por este diario en su edición de anteayer. Se inquiere, con razón, sobre el origen y el propósito de las grabaciones, y se pone en duda, con ignorancia o dolo, la pertinencia de dar a la luz el contenido de las grabaciones depositadas en forma anónima en la recepción de La Jornada, como si publicarlas fuera contrario a la ética profesional.
Es necesario, desde luego, discutir y esclarecer estos asuntos que, casualidad o no, a casi nadie le parecieron relevantes cuando se dio a conocer una conversación telefónica comprometedora entre Raúl Salinas de Gortari y su hermana Adriana, o cuando estalló el escándalo de los videos de Carlos Ahumada, pero sería absurdo que una polémica por tales temas desviara la atención de los hechos principales: individuos política y económicamente poderosos son sospechosos de perpetrar agresiones graves contra menores de edad y lucrar con la prostitución de niñas; luego, han intentado acallar a la ciudadana que investigó y divulgó estas atrocidades; posteriormente se montó un operativo a todas luces ilegal y violatorio de los derechos humanos para agredir a Lydia Cacho, y en ese operativo presuntamente participaron, además de uno de los integrantes en la red de complicidades, el gobernador de Puebla y funcionarios públicos del Ejecutivo y el Judicial. En la conversación transcrita, Nacif Borge y Marín no hablaron de asuntos de sus respectivas vidas privadas, sino de maniobras para quebrantar la ley y atropellar los derechos y vulnerar la integridad física de una persona que, a su vez, ha venido trabajando en la protección a las víctimas infantiles de abuso y explotación sexual.
Desde luego, debe investigarse y sancionarse, en su caso a quienes hayan ordenado y consumado la intervención de líneas telefónicas. Pero el tema central es, por hoy, el conjunto de actos y actitudes antisociales el cuasi secuestro de la escritora, los preparativos para asegurar que fuera violada en la cárcel, las presuntas directrices de una autoridad ejecutiva a una magistrada del Poder Judicial, la arrogancia, la misoginia, la arbitrariedad y el encono de los participantes en las pláticas grabadas.
Es pertinente formular una reflexión sobre las condiciones en que ocurrieron las revelaciones. Las manos anónimas que enviaron las grabaciones a La Jornada pudieron haber escogido cualquier otro medio informativo, pero ocurre que este diario ha venido investigando, desde hace meses, los hechos narrados por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, y ha dado cobertura a la ofensiva desatada desde importantes centros de poder económico y político contra esa escritora y activista social. Es razonable suponer que en la decisión del o los informantes desconocidos haya pesado este antecedente. Independientemente de ello, este diario ha verificado cuidadosamente la autenticidad de las pláticas transcritas.
Por último, diversos elementos indican que la aparente urdimbre político-empresarial de pederastas y encubridores no acaba en Succar Kuri, Nacif Borge y el mandatario poblano, sino que, por el contrario, hay otros personajes poderosos, incrustados en el poder público y económico, involucrados en ella, y que tarde o temprano acabarán por exhibirse. Sin la determinación de poner a la luz pública estas sentinas, el ejercicio del periodismo no tendría sentido, y el país no tendría futuro.