El entonces gobernador Piña Olaya, su benefactor
En 1992, Nacif compró de modo ilegal terrenos de una reserva
Kamel Nacif Borge, que ha dado tanto de qué hablar en las últimas semanas de diciembre y principios de 2006, por la acusación penal que presentó contra la escritora Lydia Cacho, y el proceso que inició contra el activista Martín Barrios, protagonizó en 1992 un acto ilegal por el cual se apoderó varios meses de una parte importante de la reserva territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, la cual es la zona cuya tierra tiene el mayor valor en todo el estado.
Este empresario de origen libanés adquirió los predios únicamente por haber sido amigo del entonces gobernador Mariano Piña Olaya, y con ello buscaba hacer el negocio del siglo, o mejor dicho, el robo del siglo, ya que el metro cuadrado fue pagado a una miseria a los campesinos que eran los dueños, pero él, junto con otros hombres de negocios, buscaba especular y hacer una gran fortuna con dichos lotes.
Y es que para nadie es un secreto que Kamel Nacif ha sido uno de esos empresarios cuyo poder se debe en parte a la amistad que traba con políticos, y que le dan facilidades para hacer negocios.
Hay quien señala que su aportación a la campaña del PRI en el último proceso electoral local, le sirvió para que pudieran ser cometidos los abusos en el caso de la periodista Lydia Cacho, quien de manera indebida fue detenida y encarcelada solamente por haber relatado la supuesta relación cercana de Nacif con el empresario acusado de pederasta, Jean Succar Kuri.
La historia del asunto de los terrenos de la reserva fue la siguiente: corría el penúltimo año de la gestión de Mariano Piña Olaya, y el mandatario logró que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari le concediera la expropiación de mil 84 hectáreas de los ejidos de San Bernardino Tlaxcalancingo, La Trinidad Chautenco, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, con la justificación de que sería para un programa de reordenamiento urbano de la ciudad de Puebla.
El 28 de mayo de 1992, casi un año después de la expropiación, el fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal inició el proceso del pago de indemnizaciones a los propietarios de los terrenos, luego de que a varios de los afectados se les sacó a la fuerza de sus propiedades, pese a que habían iniciado juicios de amparo.
Hasta ahí parecía que tal vez los terrenos servirían para un verdadero programa de gobierno; sin embargo, el 4 de junio de 1992 los integrantes de la 51 Legislatura local le aprobaron la iniciativa de Piña Olaya mediante la cual autorizaron al gobernador enajenar, vender, donar o transmitir las mil 84 hectáreas; es decir, se le daba autorización para que echara al bote de la basura el plan de reordenamiento urbano y emprendiera un jugoso negocio, ya que empezó a vender los lotes al mejor postor en los últimos meses de su gestión.
Se dice que muchos amigos del entonces jefe del Poder Ejecutivo fueron los directamente beneficiados, entre los que figuraba Kamel Nacif, quien se quedó con 30 hectáreas. Otros compradores fueron el entonces secretario de Economía, Salvador Cué Silva, el empresario Rafael Posada Cueto y una larga lista de prestanombres de ex gobernadores y funcionarios de primer nivel del gobierno del estado en turno.
Piña Olaya cometió un grave error, ya que cuando hizo la venta de los terrenos no había cumplido con la elaboración de un programa de usos y destinos que marca la Ley de Asentamientos Humanos. Legalmente el estado de Puebla no era propietario de los predios, y éstos seguían en posesión del gobierno federal. En resumen, lo que hizo el mandatario fue un auténtico fraude, ya que vendió terrenos como si fueran suyos. Obviamente, quienes compraron sabían de esa situación.
Al llegar a la gubernatura, Manuel Bartlett Díaz se dispuso a deshacer esas transacciones y el 16 de agosto de 1994 el Congreso local aprobó un dictamen por el cual estableció que el decreto usado por Piña Olaya para vender no podía producir consecuencias de derecho por no estar apegado a la Ley de Bienes Públicos; por tanto, sus efectos eran nulos.
A partir de ese segundo decreto, Bartlett citó a todos los empresarios que habían comprado lotes en la reserva que fueran mayores a los 5 mil metros cuadrados. A cada uno le dio una audiencia de apenas tres minutos, pues lo único que les comunicaba era que debían pasar a la Secretaría de Finanzas a recoger el dinero que habían pagado por los lotes. Algunos quisieron reclamar una suma mayor, tras argumentar que habían dado sobornos para conseguir las tierras, pero no fueron escuchados y se resignaron a devolver los predios.
El único que se opuso fue Kamel Nacif, cuya posición fue que él no devolvería nada, y utilizaría las 30 hectáreas que había adquirido tal como conviniera a sus intereses personales. Y para demostrar que no se iba a sujetar a lo dispuesto por el Congreso, contrató a connotados abogados para que lo defendieran, además de portarse prepotente y altanero cada vez que algún funcionario quería tratar el tema de los terrenos.
Al poco tiempo de que eso ocurriera, una noche, en exclusiva, Jacobo Zabludovsky daba a conocer en su noticiero televisivo que el empresario Kamel Nacif había sido detenido en Las Vegas por evasión fiscal. Eso ocurrió cuando el secretario de Hacienda era Pedro Aspe. Dos días después de que Kamel Nacif logró salir de la cárcel, sin que hubiera mediado algún acuerdo o petición, el empresario se presentó en Puebla, en el palacio de gobierno del estado, a firmar la devolución de las 30 hectáreas que había comprado a la administración de Piña Olaya. Lo hizo sin dar mayor explicación.
¿Qué pasó? Los que conocen el caso no lo saben. Se especulan muchas cosas, como que Kamel Nacif ya no quiso tener problemas con la ley; que en la cárcel reflexionó que no era adecuado tener los predios, o que Bartlett usó sus contactos en el gobierno federal para meter en cintura al llamado rey de la mezclilla.
Ese es el Kamel Nacif que ahora exige que se limpie su honor en el asunto de Lydia Cacho. Si se aplicara la ley, Piña Olaya y algunos de los que le compraron terrenos en la reserva en cuestión deberían estar en la cárcel y no tendrían el derecho de estar defendiendo su ''buena reputación''.
El funcionario que operó esas ventas se llama Alberto Esteban Morelos, quien labora actualmente en el ayuntamiento de la capital; los notarios que escrituraron esas ventas ilegales fueron Emilia Sesma y Joaquín Briones.