Exige el activista Martín Barrios renuncia de Marín
Denuncian "complicidad oficial" con maquiladores
Ciudadanos poblanos, primeras víctimas del gobernador
La complicidad e impunidad que protegen al empresario Kamel Nacif provienen de un gobierno estatal pero también del federal, que se ha beneficiado de la explotación de miles de trabajadores de la maquila en México, aseguró Martín Barrios Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.
En entrevista con La Jornada, señaló que tanto en Puebla como en Chiapas, entidad ésta donde Nacif instaló en 2002 diversas plantas maquiladoras, existe una "red de complicidad" que encubre abusos laborales, como trabajo de menores de edad, jornadas de más de 12 horas, sanciones injustificadas y sistemas a destajo.
Recordó que a finales de 2003, cuando un grupo de trabajadores de la empresa Tarrant Apparel Group, asociada con Nacif, comenzó la lucha por la defensa de sus derechos laborales, autoridades estatales permitieron el cierre "fraudulento" de sus maquiladoras, lo que propició que cientos de obreros perdieran su fuente de empleo por demandar un salario digno y las prestaciones que otorga la ley.
Barrios Hernández, quien fue detenido en el penal de Puebla acusado de chantaje por el empresario Lucio Gil Zárate -contratista de Nacif-, aseguró que las recientes amenazas de muerte en su contra son parte del sistema de intimidación y violencia que ejercen los caciques maquiladores de la región para mantener condiciones de sobrexplotación e "intentar controlar a quienes no piensan como ellos".
Afirmó que intereses económicos y familiares protegen verdaderas "redes caciquiles", por lo que destacó que "no sería extraño que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, esté pagando favores a empresarios que pudieron haber financiado su campaña política, y con ello fortalecer vínculos para violar la ley y los derechos de los trabajadores con total impunidad".
El defensor de derechos consideró "inaplazable" la renuncia de Marín y de todos los funcionarios involucrados, "incluido Guillermo Pacheco Pulido, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, quien ha puesto la justicia al servicio del mejor postor".
Aseguró que autoridades estatales y federales se han puesto de "alfombra" a la inversión privada, aunque contamine, sobrexplote la mano de obra y destruya el tejido social de las comunidades indígenas de la región.
Los ciudadanos poblanos, aseguró, somos "las primeras víctimas de un estado de indefensión y vulnerabilidad en el que el enemigo es el propio gobernador, quien utiliza de forma facciosa el poder para cumplir venganzas".