Rehusó hablar del caso con el ombudsman de Puebla
Soberanes se deslinda de Salazar y exige sanciones
Le preocupa que haya espiado un órgano del Estado
La conversación en la que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Kamel Nacif arman un complot contra la periodista Lydia Cacho fue "indebida, impropia y se tiene que investigar y sancionar", advirtió el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes. En un deslinde tajante del gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, quien insistió en tener cercanía con el ombudsman, éste adujo que es amigo y goza de la confianza de los ciudadanos.
La respuesta al gobernante chiapaneco, quien presumió tener influencia sobre Soberanes, fue rotunda: "Soy amigo, pero conmigo no hablaron en lo más mínimo, y si me hubieran hablado yo hubiera dicho lo mismo que a ustedes. No podemos intervenir porque tenemos una queja abierta de Lydia Cacho".
-¿Qué opina de esas conversaciones?
-Es una cosa incorrecta que se tiene que investigar para deslindar responsabilidades y sancionar.
-¿Ameritaría la destitución del gobernador de Puebla?
-No puedo emitir una opinión porque hay una mesa abierta y tenemos que proceder conforme a la ley.
-Salazar Mendiguchía se refiere a usted como alguien de confianza, alguien con quien se puede negociar fácilmente -se le comentó.
-No, esas son suposiciones; yo soy de confianza de todos los ciudadanos del país, evidentemente. Negociar fácil ya implica una valoración con la cual no estoy de acuerdo.
-¿Qué opina de la conversación de Marín con el empresario Nacif?
-Es algo indebido, impropio; no se puede juzgar con esa ligereza a la justicia ni utilizarla, es algo reprobable en todos los sentidos. Pero también quiero llamar la atención en este sentido: ¿quién hizo las intervenciones telefónicas?
"Hay que ver si no lo hizo un organismo responsabilidad del Estado, porque eso sería muy grave, que todos los ciudadanos de este país estuviéramos sujetos al espionaje por parte de los organismos del Estado. Me preocuparía que fuera un órgano así, que son los que tienen la tecnología para lograrlo."
En la reunión entre el presidente de la CNDH y la comisión especial para delitos contra periodistas, el diputado Jesús González Schmal, de Convergencia, admitió que existe una amenaza sin precedente contra la libertad de expresión y el ejercicio profesional del periodismo.
"Las agresiones y la perversa acometida contra la libertad de expresión son los puntos que nos ubican frente al mundo como un país en franco retroceso a la barbarie, que no ha podido superar sus condiciones limitadas de respeto al estado de derecho, regresión a épocas que para los contemporáneos resultan ignominiosas y que no pueden tolerarse ni admitirse."
En su intervención, Soberanes abordó el tema de la denuncia presentada por Cacho. El 23 de febrero del año pasado, la CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad de la periodista y de quienes laboran en el centro que ella encabeza. Las medidas siguen vigentes.
Los funcionarios de la CNDH informaron al grupo de legisladores de la existencia de dos quejas; una fue presentada en febrero de 2005 contra tres personas, la relacionada con Jean Succar Kuri y Kamel Nacif, en cuyo entramado la decisión del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos fue clave para culminar con el encarcelamiento de Cacho.
"Vino una segunda petición de que interviniéramos (de Cacho), porque se dijo amenazada por Nacif. Ampliamos la información y comenzamos a investigar; se pidió reforzar las medidas cautelares y fue detenida el 16 de diciembre en presencia de sus custodios. Se entregaron los oficios, los custodios pidieron autorización al subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y se avaló entregarla a la otra instancia policiaca.
"Ahí en cuanto tuvimos conocimiento de esto, por su hermano, pedimos un primer apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en lo que nos trasladamos a Puebla les pedimos estar en una guardia permanente. Querían que firmara la comisión un documento donde dijera que no violaron sus derechos humanos."
En el caso del gobernador de Chiapas, Salazar Mendiguchía "insinuó que podría hablar con su amigo el doctor Soberanes. No recibió llamada de nadie, pero sí hubo insistencia", relataron los funcionarios de la CNDH.
Lo que quedó al descubierto fue el intento del ombudsman de Puebla, José Manuel Cándido Flores, quien por todos los medios intentó que el caso no fuera atraído por la CNDH.