Aprueba punto de acuerdo la Junta de Coordinación Política de San Lázaro

Marín y Villeda deben dejar sus cargos mientras se investiga el caso

Oposición de PRI y PVEM

El PRD iniciará juicio político contra el gobernador

Propondrá al Senado que la PGR atraiga el asunto

La grabación, ilegal: Chuayffet

GEORGINA SALDIERNA, ENRIQUE MENDEZ, ROBERTO GARDUÑO Y JOSE GALAN

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer -con la oposición de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM)- un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, que será presentado en el pleno hoy para exigir al gobernador priísta el estado de Puebla, Mario Marín Torres, y a la procuradora de Justicia de la entidad, Blanca Laura Villeda Martínez, "se separen de sus cargos" mientras se investiga la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que iniciará dos procesos contra Mario Marín, el primero, un juicio político, y el segundo, una denuncia penal por "haber participado en una confabulación tan indigna y vergonzosa que puso en riesgo la vida de una persona, en este caso de la escritora del libro que puso al descubierto una inefable red de pederastia", sostuvo el vocero perredista Inti Muñoz.

En Zapopan, Jalisco, el presidente del Senado, Enrique Jackson, expresó su vergüenza por los vínculos entre Marín y Kamel Nacif: "me apena mucho".

En la Cámara de Senadores, el coordinador del PRD, César Raúl Ojeda Zubieta, dijo que hoy presentará una propuesta de punto de acuerdo para que el pleno solicite a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga el caso del gobernador de Puebla para determinar con un análisis pericial si es su voz la que se escucha en las grabaciones difundidas el martes y que se aclare si dijo lo que en ellas se escucha.

En tanto, el mandatario debería pedir licencia temporal para enfrentar las investigaciones, que habrán de determinar si bajo su impulso se condicionó la ley para favorecer a uno y lastimar a otro en el caso de Lydia Cacho, la periodista que denunció una red de pederastas en la que estaría involucrado el empresario Kamel Nacif, agregó Ojeda.

Al perfilarse la inminente aprobación del punto de acuerdo para exigir a Mario Marín su separación del cargo, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas, argumentó que la pederastia, por su naturaleza destructiva de las relaciones sociales, no puede permitirse: "Es algo que atenta contra la buena conducta de la sociedad, una vergüenza; que se estuviera protegiendo a alguien que se le sabe, que ha sido y que ha estado apoyando a Succar Kuri, al que se demostró con fotografías el tipo de actividades que tenía en relación con la prostitución infantil, es absolutamente terrible, no lo podemos permitir".

Al comentar la validez de la escucha de conversaciones privadas, la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro dijo que no comparte ese método; no obstante, "es mucho más grave que un gobernador esté protegiendo a personajes como el señor Kamel Nacif y, en cambio, Lydia Cacho ha tenido el valor de denunciar algo que para cualquier sociedad es lo que más le agrede, que sus niños y niñas se prostituyan".

Por el contrario, en Veracruz, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Chuayffet Chemor, afirmó que la grabación telefónica obtenida en la clandestinidad es una prueba ilegal.

-¿No es más grave lo que le hicieron a Lydia Cacho?

-¡No, perdóneme! En Estados Unidos y en Europa no es más grave. Yo, como diputado, como legislador, digo que no podemos seguir obteniendo pruebas ilegales para fincar escándalos. El que haga cosas, que responda por ellas, pero acostumbrémonos a obtener pruebas por medios legales para imputarle a la gente acusaciones serias.

-Además de que es ilegal, ya se admitió que es la voz de los implicados -se le replicó.

-Yo creo que si se ha admitido eso, el asunto por sí mismo es condenable y se acabó. Si hay alguna cuestión de orden legal que debe penarse, los priístas hemos dicho que nadie debe estar fuera de la ley, pero no debe estar por encima de la ley el que obtuvo la grabación de manera ilegal. Si se obtienen pruebas ilegales, eso va contra la Constitución y también debe castigarse.

A su vez, indignado por el vínculo entre Mario Marín, el empresario Nacif y amigos de éste para urdir el encarcelamiento de Cacho, el diputado perredista Gerardo Ulloa Pérez cuestionó con dureza a los implicados en la madeja del abuso infantil: "Son una porquería, es la noticia del hecho más infame que hemos conocido en estos años, que de por sí ya es decir mucho. Si tuvieran valor civil el gobernador, ese remedo de empresario y ese seudoperiodista de nombre Andrés, desaparecerían del mapa social y político de este país".

Su compañera de partido Eliana García confirmó que el PRD interpondrá dos procesos, uno de carácter político y otro judicial: "Tenemos que interponer un juicio de carácter político, y demandar que la PGR se atraiga el caso, que se turnen las averiguaciones para sancionar al gobernador. Seguramente habrá la intención de que no haya sanción, y se inicie un proceso penal contra el gobernador, la procuradora y la juez. Hay que hacer toda una serie de actos para castigarlos. Si el PRI fuera consecuente, tendría que estar apoyando la destitución del gobernador".

En medio de estas posturas de rechazo al gobernador de Puebla por su participación en la violación de los derechos humanos de Lydia Cacho y su vínculo con Kamel Nacif, la procuradora del estado, Blanca Laura Villeda, no se presentó a la reunión que sostuvieron los procuradores de los estados con las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos, sino que envió un representante.

Por su parte, el senador panista César Jáuregui consideró que el Congreso de Puebla debe iniciar un juicio político contra el gobernador. No es conveniente que un funcionario que se expresa de esa manera, con tal desprecio por la acción de la justicia y de los seres humanos, pueda seguir gobernando.

-¿Le cree al gobernador cuando dice que son falsas las grabaciones?

-¡Pero quién le cree! Es como al señor Madrazo, quién le cree.

En Zapopan, Enrique Jackson calificó de "lamentables, penosos en todos sentidos y por cualquier ángulo por donde se le quiera ver" los vínculos del gobernador Marín con Nacif contra Lydia Cacho.

Entrevistado durante el foro Prospectivas científicas y tecnológicas en México a partir de sus jóvenes investigadores, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Universidad de Guadalajara, optó por "hablar muy poco, y ser muy parco: es un asunto muy penoso en todos sentidos. Son cosas que no deberían suceder. Me apena mucho".