Hizo de la justicia una herramienta represiva, acusan
Exigen ONG iniciar juicio político contra el gobernador
Mario Marín hizo de la procuración de justicia "una herramienta represiva" en favor de la pornografía infantil, acusaron organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales exigieron al Congreso de Puebla iniciar un juicio político contra el gobernador por encubrir los delitos de Kamel Nacif. Además solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una investigación contra el mandatario, los funcionarios públicos que le ayudaron a actuar contra Lydia Cacho y el amigo a quien favoreció, con el propósito de determinar los delitos en que incurrieron.
Mientras la arquidiócesis de Puebla señaló que prefería esperar que se aclare lo de las grabaciones antes de emitir un juicio, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, condenó que la conjura contra la periodista demuestre que México "aún es rehén de los ricos y políticos". Exigió al partido del mandatario estatal, el PRI, "una prueba de madurez" y que demuestre que no tiene intención de "cobijar" una desviación de la justicia en favor de "cuestiones inmorales".
Entrevistado vía telefónica, consideró "muy vergonzosas las cuestiones donde la persona humana es objeto de compra-venta, de manipulación. Con qué ojos se nos está valorando desde las esferas del poder; estremece porque estamos hablando de cuestiones morales muy graves".
Dijo que fue muy tardía la reacción del gobernador -un día después de que se descubrió el complot contra Cacho- porque su vocero, Valentín Meneses, "había aceptado (la víspera) la cuestión abiertamente. Si una persona desde una estructura de poder se anima a hacer eso, es porque cree que los demás somos tontos, que no le vamos a pedir cuentas, porque cree que es intocable". Lo que ha arruinado a México, agregó, "es la concatenación de injusticias, mentiras y absurdos". Recordó que antes, "de manera impune y tajante, se hacían estas cosas y se tapaban unos a otros", por eso ahora corresponde "reaccionar" a la misma estructura política que lo llevó al poder.
Reporteros Sin Fronteras exigió a las autoridades judiciales de Quintana Roo, donde continúa el proceso de Cacho, que autentifiquen las grabaciones sobre la conjura contra la escritora para resolver si hubo presiones políticas de Marín, y entonces inicie una investigación contra el mandatario y todas las personas implicadas en el complot denunciado por este diario.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todos, que aglutina a 54 agrupaciones -como los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Fray Bartolomé de las Casas; Tepeyac del Istmo de Tehuantepec; Bartolomé Carrasco; Servicio, Paz y Justicia; Centro de Reflexión y Acción Laboral, y La voz de los sin voz, entre otros- insistió en que no puede quedar impune la acción del gobernador de Puebla, porque encabezó acciones arbitrarias para "configurar una desviación de poder" en beneficio del empresario Nacif. Manifestó que el Ministerio Público y la Procuraduría de Justicia "aseguran a los gobernadores ejercer una indebida influencia y seguir haciendo de la procuración de justicia una herramienta represiva".
Otras 10 agrupaciones, entre ellas Católicas por el Derecho a Decidir, Alianza Cívica, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro Nacional de Comunicación Social, pidieron la auténtica separación de los poderes Ejecutivo y Judicial, porque lo hecho por el gobernador de Puebla "deja un precedente importante sobre la manera en que el poder puede, sin mayor esfuerzo, denegar el acceso a la justicia, incumpliendo las leyes internas y los tratados internacionales sobre derechos humanos".
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México expresó su preocupación por los reiterados ataques contra periodistas, "quienes en los últimos meses han sido víctimas de asesinato, amenazas de muerte, intimidaciones y otros graves hechos de violencia que constituyen atentados contra su vida y contra la libertad de expresión". Este organismo ha registrado, de noviembre de 2005 a la fecha, 12 atentados, entre los cuales se cuentan dos asesinatos, cuatro agresiones y amenazas.
Por su parte, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, María Marván, consideró que las grabaciones de la conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif podrían ser "motivo de una investigación, inclusive penal, para determinar su autenticidad". Habrá que ver, insistió, si se presenta una denuncia formal.
Mireille Roccatti, ex titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró un hecho "deleznable" que debe ser sancionado y "llevado hasta las últimas consecuencias" el ardid de que fue víctima Lydia Cacho. Una vez que se confirmen los delitos de quienes lo elaboraron, dijo, "debe salir del ámbito local y asumirlo la federación". Afirmó que entre "más enfáticos seamos en denunciarlo", existen más posibilidades de que "no vuelva a ocurrir".