Las comunidades indias pensaron que con la administración "del cambio" sería diferente

A 10 años de la firma de acuerdos en San Andrés los indígenas no ceden en su lucha

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de febrero. Este 16 de febrero se cumple una década de la firma de los acuerdos de San Andrés, cuya falta de ejecución cerró la posibilidad de reanudar el diálogo y provocó el rompimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con el Estado mexicano y con los partidos políticos.

A 10 años de haber sido suscritos los tratados, y a cinco años de las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas aprobadas por el Congreso de la Unión, los zapatistas siguen en resistencia haciendo de ésta su principal forma de lucha sin aceptar recursos del gobierno del presidente Vicente Fox, quien en su campaña proselitista prometió resolver el conflicto en 15 minutos.

Ante la falta de ejecución por parte del gobierno, los pueblos zapatistas han puesto en práctica los acuerdos en forma unilateral y parcialmente, lo que, dicen, ha significado un avance en el nivel de vida de miles de familias. "Hoy la autonomía indígena es una realidad en tierras zapatistas, y tenemos el orgullo de decir que ha sido conducida por las propias comunidades", ha declarado el subcomandante Marcos.

Los acuerdos fueron firmados el 16 de febrero de 1996 en la cabecera de San Andrés Larráinzar por la delegación gubernamental que encabezó Marco Antonio Bernal y la representación zapatista, coordinada por los comandantes David, Tacho y Zebedeo, luego de 10 meses de negociaciones no exentas de tensión y confrontaciones entre las partes.

En ellos se plasmó el propósito de "crear una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, a través de un pacto social", para terminar con la relación de subordinación, desigualdad, discriminación, pobreza, explotación y exclusión política de los indios. "La nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas se basa en el respeto a la diferencia, en el reconocimiento de las identidades indígenas como componentes intrínsecos de nuestra nacionalidad, y en la aceptación de sus particularidades como elementos básicos consustanciales a nuestro orden jurídico, basado en la pluriculturalidad", se asentó en el "Documento 1. Pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate y decisión nacional".

Los compromisos

El gobierno se comprometió a reconocer a los pueblos indios en la Constitución, y su derecho a la libre determinación en un marco de autonomía; ampliar la participación y representación política; garantizar el pleno acceso de los pueblos indios a la justicia del Estado, a la jurisdicción del Estado, y el reconocimiento de sus sistemas normativos internos, entre otros acuerdos. A seis meses y medio de haber sido suscritos, la lentitud en el cumplimiento de los acuerdos llevó al EZLN a declarar la suspensión del diálogo el 2 de septiembre de 1996, generando una de las varias crisis en el proceso de negociación.

En un intento por destrabar la situación, el 29 de noviembre de 1996 la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) elaboró una iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas, en la cual recogió una parte importante de lo pactado. Pidió a las partes en conflicto que dijeran si estaban de acuerdo con la misma. En caso de ser aprobada se convertiría en ley tras el trámite respectivo en el Congreso de la Unión y, en caso contrario, la instancia legislativa daría por terminada su labor de coadyuvancia, según reveló después Marcos.

Aunque el EZLN no estaba del todo conforme con la propuesta, la aceptó. Lo mismo hizo el gobierno encabezado por Ernesto Zedillo, quien se encontraba fuera del país en ese momento, por conducto de su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. Sin embargo, a su regreso, el Presidente se retractó de la firma del documento, argumentando riesgos de "balcanización" del país, e hizo una contrapropuesta que el 11 de enero de 1997 fue rechazada por los zapatistas.

A partir de entonces el grupo rebelde que ha hecho de la palabra su principal arma, entró en uno de sus prolongados silencios como protesta por el incumplimiento de los tratados, y por la falta de capacidad o de voluntad de la Cocopa para defender su iniciativa. El gobierno respondió con el incremento del hostigamiento militar y paramilitar mediante la guerra de baja intensidad, que provocó decenas de asesinatos en las zonas norte y Altos del estado, y que tendría su punto crítico con la matanza de 45 indígenas en Acteal, el 22 de diciembre de 1997, a consecuencia de la cual miles de tzotziles de Chenalhó abandonaron sus comunidades, como ya lo habían hecho otros miles en el norte, huyendo de la ola de violencia.

Este hecho, precedido de 27 homicidios de priístas y zapatistas en Chenalhó, provocó la caída del secretario de Gobernación, Chuayffet, y del gobernador interino Julio César Ruiz Ferro, quien fue sustituido por Roberto Albores.

Durante su mandato, Albores Guillén encabezó la más feroz embestida en contra de los municipios autónomos zapatistas. Croquetas lo apodó el subcomandante Marcos.

Apoyado incondicionalmente por el secretario de Gobernación Francisco Labastida Ochoa, Albores fue responsable de otro de los hechos sangrientos ocurridos en el sexenio de Zedillo: la matanza de ocho campesinos zapatistas en el municipio de El Bosque, el 10 de junio de 1998, así como de montajes de presuntas deserciones de familias zapatistas. Uno de sus delegados regionales de gobierno llegó a afirmar que Tacho había matado a Marcos.

Además del silencio al silencio, el EZLN puso en marcha otras estrategias para tratar de obligar a la administración zedillista a que ejecutara los tratados. En septiembre de 1997, mil 111 delegados zapatistas viajaron en caravana al centro del país, y a mediados de marzo 5 mil indígenas recorrieron todo México para promover la consulta nacional por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas y contra "la guerra de exterminio". También en San Cristóbal de las Casas realizó movilizaciones en distintas fechas para exigir el cumplimiento de lo pactado en San Andrés.

En un panorama de presiones y creciente hostilidad por parte de las autoridades federales y estatales, llegaron las elecciones de 2000, las cuales ganó Vicente Fox. Por primera vez el PRI había perdido la Presidencia de la República y con ello muchos creyeron que se abrían las posibilidades de que se cumplieran a cabalidad los acuerdos de San Andrés.

El 2 de diciembre del 2000, horas después de la toma de posesión de Fox, la dirigencia del EZLN ofreció una conferencia de prensa en La Realidad para informar que había puesto tres condiciones para la reanudación del diálogo: cumplimiento de los acuerdos mediante la aprobación de la llamada ley Cocopa; liberación de los zapatistas presos, y el retiro de siete posiciones militares. Sólo esta última se concretó, aunque el cerco militar permanece, aun ahora, casi intacto.

Ahí, el EZLN anunció la realización de la marcha del color de la tierra, que iniciaría en San Cristóbal el 24 de febrero de 2001 y recorrería 12 estados del país, para impulsar la aprobación de la propuesta de la Cocopa, misma que Fox se había comprometido a defender. Encabezada por Marcos y por 23 comandantes del EZLN, la caravana movilizó a millones de mexicanos y la comandanta Esther pudo hacer uso de la palabra en el Congreso de la Unión para demandar la aprobación de las reformas sobre derechos y cultura indígenas y aclarar que los indios no buscaban separarse de la nación mexicana.

Cuando todo parecía suponer que la ley Cocopa sería aprobada por el Congreso de la Unión, Marcos y los 23 comandantes zapatistas regresaron a Chiapas la primera semana de abril de 2001.

La señal en sentido contrario se conoció el 25 de abril, cuando todos los partidos políticos representados en el Senado de la República aprobaron la reforma indígena que incorporó sólo parte de los acuerdos, dejando fuera aspectos fundamentales. Por ejemplo, en lugar de reconocer a las comunidades como "entidades de derecho público", éstas pasaron a ser de "interés público". También se cambió la frase "uso y disfrute de los recursos naturales" por la de "uso preferente"; "autonomía" y "territorio", fueron los dos conceptos clave que no aprobaron los senadores.

El 28 de abril, con 386 votos en favor de legisladores del PAN -cuyo coordinador era Felipe Calderón, ahora candidato presidencial panista-, el PRI y el Verde Ecologista, y 60 del PRD, el PT y cinco priístas de Oaxaca en contra, la Cámara de Diputados consumó la aprobación de la ley sobre derechos y cultura indígenas. De la esperanza en el gobierno del "cambio" se pasó a la frustración en los primeros cinco meses de la administración foxista. Dos días después, el EZLN rechazó las reformas porque "no responden en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN ni de la sociedad civil nacional e internacional".

Tras desconocer lo que llamaron "contrarreformas", los zapatistas afirmaron que éstas "traicionan" los acuerdos de San Andrés y "las esperanzas de una solución negociada a la guerra en Chiapas, y revelan el divorcio total de la clase política respecto de las demandas populares". Distintas organizaciones y personas de todos los niveles se unieron al rechazo de las modificaciones. En protesta, el EZLN retiró a Fernando Yáñez como su enlace con el gobierno federal y desde entonces jamás volvió a hablar de la posibilidad de dialogar con el gobierno de Vicente Fox.

El portazo de los tres poderes de la Unión en contra de los pueblos indios de México se concretó en septiembre de 2002, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes las más de 300 controversias constitucionales interpuestas por municipios de 10 estados con población indígena en contra del procedimiento utilizado para aprobar las modificaciones que en agosto de 2001 habían sido promulgadas por Fox, tras la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.