La justicia, manzana podrida
El gobernador de Puebla debía irse si tuviera vergüenza. Pero no lo hará motu proprio. Si bien en variadas materias México ha cambiado, es evidente que en otros terrenos subsiste la impunidad arropada por la perversión de la justicia. Todavía tenemos gobernantes que aplican el "estado de derecho" arbitrariamente, como un castigo venal, amparados en sus privilegios y en la corrupción del Ministerio Público y algunos jueces.
El caso bien conocido de la periodista Lydia Cacho es elocuente. Ya lo era antes de la aparición de las grabaciones donde se revela la pesadilla que puede ser la administración de la justicia en México, pero ahora tenemos una versión de primera mano de la complicidad casi mítica entre la autoridad política y ciertos corruptos privados.
El asunto, maloliente desde el origen, se refiere a las denuncias contenidas en un libro de la periodista sobre una red de pederastas bien conocida en Cancún, al parecer encabezada por un amigo cercano del señor Kamel Nacif. En cualquier caso, se trata de citas tomadas de las declaraciones ministeriales de las víctimas y no de imputaciones de la autora del texto. Pero el tema trasciende la gravedad del asunto.
El caso del gobernador Marín es patético. Con el afán de mostrar y ejercer su propio poder ha sido capaz de arrastrar a una persona indefensa desde Quintana Roo para darle una lección bastarda y medieval sobre quiénes son los que mandan. Ahora que tanto se habla de luchar contra la discriminación convendría que las autoridades, además de seguir la investigación por los graves delitos que se imputan a los indiciados, también abrieran un expediente sobre otras violaciones a los derechos humanos cometidas contra Lydia Cacho por los agentes policiales y demás servidores públicos involucrados en este lamentable episodio. No sobraría, además, una investigación sobre las cárceles en Puebla, donde, al parecer, se explota a los internos en un taller textil y, además, se multiplican los ejemplos de acoso sexual, como ya ha sido denunciado por defensores de los derechos humanos locales. En fin, la justicia mexicana tiene ante sí una manzana podrida que debe extirpar de raíz.
El horror descubierto a través del espionaje telefónico nos plantea una serie de dudas e interrogantes sobre el estado real de la justicia en México. ¿Será verdad que tenemos un "estado de derecho" en vías de perfeccionamiento, fiscales valientes y jueces incorruptibles? O, más bien, preferimos cerrar los ojos y no ver que en algunos casos estamos mucho peor que antes. Si un gobernador aprieta el puño para satisfacer los deseos de un poderoso a cambio de dos botellas de coñac, ¿qué no hará ante exigencias de grupos organizados infinitamente superiores en recursos si éstos lo ponen contra la pared?
¿Y los jueces? Lo que vemos hoy en Puebla es un ejemplo casi plástico de lo que históricamente ha sido el estado de derecho en México: una legalidad al servicio del poder político y sus intereses del momento. Cuando pienso en las órdenes del gobernador para secuestrar a la periodista y someterla al "imperio de la ley", no puedo menos que acordarme de los miles de casos similares registrados durante décadas y que han quedado impunes. Las solemnes cuanto aberrantes sentencias del juez MacGregor contra los presos del 68. Las chicanas y los abusos cometidos "con la ley en la mano" para frustrar acciones civiles y laborales legítimas; en fin, el largo etcétera de la arbitrariedad convertida en privilegio legal que distingue por años al poder político mexicano.
La Suprema Corte de Justicia debería, en mi opinión, pedir disculpas a la ciudadanía por tantos años de perversión del Poder Judicial, por la exculpación de delincuentes culpables y la inculpación gratuita y ofensiva de tantos y tantas víctimas. Y no me refiero exclusivamente a los casos políticos o de conciencia, que han sido monstruosos, sino a los innumerables procesos amañados contra ciudadanos comunes, cuya experiencia de la justicia es totalmente negativa y, por tanto, no quieren saben nada de ella.
Poner en pie la justicia en México significa romper el maridaje con los poderosos y quebrantar la impunidad que persiste, a pesar de las declaraciones autocomplacientes de alguno de sus voceros. Mientras eso no ocurra en los hechos, en la experiencia de los ciudadanos, la democracia mexicana estará incompleta o en peligro de ser instrumentalizada por los mismos intereses que a ella se opusieron. Y, entre tanto, la guerra de los videos y las grabaciones obtenidas ilícitamente marcará ética y emocionalmente la vida pública nacional. ¿Quién juega al Big Brother en los sótanos de la sociedad?