El robo de combustibles asciende a $20 mil millones al año, reconoce el SAT
Empresarios, gobierno y fabricantes tramitarán certificados para gasolineras
Ante senadores se llegó a un acuerdo tripartito sobre las bombas despachadoras
Ampliar la imagen José María Zubiría, jefe del SAT, y Carlos Arce Macías, titular de la Profeco, durante la sesión de trabajo de funcionarios federales con senadores Foto: Guillermo Sologuren
En una reunión de trabajo en el Senado de la República, ayer se dio a conocer que las organizaciones de empresarios gasolineros, el gobierno federal y los fabricantes y expendedores de dispensarios de combustible llegaron a un acuerdo respecto a los certificados que deben tener dichos mecanismos para garantizar que despachan litros de mil mililitros y no de 900.
Según el acuerdo signado el martes, serán los fabricantes, los importadores y los comerciantes los que tramiten dicho certificado y no los distribuidores de gasolina.
Con ello se soluciona uno de los problemas que afectaban al sector, dijeron los empresarios gasolineros, que insistieron en incrementar de 5.7 a 10 por ciento su margen de utilidad y criticaron la proliferación de gasolinerías, sin importar su ubicación.
Durante el encuentro, José María Zubiría Maqueo, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), refirió que la problemática que afecta la distribución de combustibles no sólo tiene que ver con las ventas en las gasolineras, sino también con el robo en los ductos de Pemex.
Luego de destacar los diversos mecanismos que se han puesto en operación para reducir el robo de energéticos, se refirió a las gasolineras. Expuso que 86 por ciento de los consumidores no confía en ellas y durante 2005 se detectaron faltantes de 5 por ciento en las ventas promedio que se realizaron. Así, estimó que existe una desviación de cerca de 20 mil millones de pesos por este concepto.
Además, se detectó que el gobierno pierde anualmente 8 mil 400 millones de pesos en la deducibilidad de impuestos por la compra de combustible con facturas apócrifas.
Carlos Arce Macías, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), destacó los operativos que realiza la dependencia para verificar que se vendan litros de mil mililitros y no de 900. Reconoció además que ha causado irritación entre los empresarios gasolineros la inmovilización de sus negocios por no tener la tecnología que garantice la expedición de litros completos.
Durante la sesión de trabajo en la que también estuvieron presentes el director de Pemex-Refinación, Miguel Tame y el director de Normas de la Secretaría de Economía, Miguel Aguilar Romo, entre otros, el dirigente de la organización de gasolineros, Manuel Nocetti Tiznado, acusó al gobierno de impulsar una campaña de desprestigio en contra de estos establecimientos y destacó que uno de los responsables de que los consumidores no reciban litros completos son los fabricantes de las bombas de despacho que calibran mal las máquinas.
De ahí la importancia de haber logrado un acuerdo para que sean los fabricantes, los importadores y los comercializadores los que tramiten la certificación de los dispensadores de combustible y no los expendedores, refirieron los empresarios.
Durante la sesión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el procurador del consumidor dijo que continuarán las supervisiones y anticipó que en los próximos días se publicará la lista de las estaciones que no venden litros completos.
Georgina Saldierna