Solamente 50 de los quejosos levantan actas ante el Ministerio Público
Cada mes el DIF recibe 400 denuncias por violencia intrafamiliar
Advierten ONG que persisten lagunas para castigar la explotación sexual de menores
Cada mes el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) recibe 400 denuncias por violencia intrafamiliar, de las cuales 20 están relacionadas con abusos sexuales contra menores cometidos por padres, tíos o primos. Del total de acusaciones, sólo 50 se presentan ante el Ministerio Público.
De acuerdo con reportes de la Dirección Jurídica del organismo, mensualmente también registran 70 denuncias de hechos de violencia perpetrados por maestros de escuelas públicas.
Sonia Delgado Gómez, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica Familiar del DIF, refirió en entrevista que uno de los principales detonadores de la desintegración familiar es la violencia que ocurre en su seno. Hay parejas que no duran juntas ni un año, especialmente por la falta de recursos económicos y ataques en el interior de las familias.
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia, que agrupa a 58 organizaciones no gubernamentales del país, planteó en uno de sus informes que México tiene muchos vacíos legales que impiden prevenir y sancionar la explotación sexual de menores de 18 años de edad. "Aunque han sido aprobadas parcialmente, las legislaciones en la materia no están vigentes, por lo que la infancia se encuentra vulnerable ante los vacíos que prevalecen".
Recordó que en abril pasado se hizo una reforma integral al título octavo del Código Penal Federal en materia de "delitos contra el libre desarrollo de la personalidad", que tipifica el lenocinio, la pornografía, el turismo sexual y la trata de personas menores de 18 años.
A la par se aprobó una reforma al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para sancionar estos ilícitos, además de que en diciembre, el Senado de la República aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Pero estas dos iniciativas aún no han sido aprobadas por ambas cámaras, por lo que el riesgo de que continúen atrasándose es cada vez mayor, pues "en contextos electorales" este tipo de acciones se detienen.
"No obstante, hasta que no sean plenamente aprobadas no podrá saberse si son adecuadas" para frenar el avance de estos crímenes.