Legisladores de PRI, PAN y PRD apoyan que la Corte investigue abusos de Marín
Sería una "vergüenza nacional" que el caso quedará impune: Jackson
El Senado de la República deberá pronunciarse este martes por que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso de las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, en el que están involucrados el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif, coincidieron ayer legisladores de PRI, PAN y PRD, aunque descartaron que el mandatario deba renunciar.
El jueves pasado el PRI rompió el quórum en el recinto de Xicoténcatl para que no se votara el punto de acuerdo presentado por el coordinador de los senadores perredistas, César Raúl Ojeda, en el que se solicitaba a la Corte investigar la red de pederastia que involucra al empresario Kamel Nacif Borge, así como el acoso y abusos que sufrió la periodista Lydia Cacho por parte del gobernador de Puebla y de otros funcionarios.
El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Enrique Jackson Ramírez, justificó la votación frustrada. Dijo que él no participa en "ardides" y "tampoco me gusta que me asocien con alguien que es capaz de hacer trampa, pero la verdad es que no había quórum".
Señaló que sería una vergüenza nacional que el caso quedara impune, y "lo peor que puede pasar es que el asunto se vaya al olvido, que el tiempo lo cubra y quede sin castigo. Sería muy lamentable que no se actúe y sólo se espere a que otro escándalo venga a sustituirlo".
Aseguró que "los priístas no van a cubrir a los príistas que estén en la ilegalidad, porque no son cómplices de nadie".
Entrevistado en una reunión a la que acudió en la Secretaría de Gobernación, dijo que es fundamental que no se pierda de vista que en México existe una red criminal que está utilizando a los menores para el comercio sexual y la pornografía, "y no se puede cerrar los ojos a este tema". Es preciso, añadió, aclarar todo lo que hubo entre el gobernador de Puebla y el llamado rey de la mezclilla.
Hizo ver que en el caso de Lydia Cacho está muy claro quiénes están involucrados, por las conversaciones entre el gobernador poblano y el empresario, por lo que ahora corresponde investigar las sanciones que se pueden aplicar, las violaciones que se cometieron a los derechos humanos de la periodista, así como saber quién hizo el espionaje, pero acotó que, sobre todo, se debe castigar el abuso del poder.
Por su parte, el también senador priísta Humberto Roque Villanueva se refirió al señalamiento de Mario Marín de que "fuerzas malignas" no provoquen a la "Puebla revolucionaria". Aseveró que el gobernador busca tener "buena disposición" en ciertos grupos de Puebla. "No sé si es la estrategia correcta", pero es un asunto que tiene que ver fundamentalmente con los poblanos, comentó.
Sostuvo que Marín tiene que aclarar "lo que en la sociedad se estima que no es un comportamiento adecuado con la ley". Confió en que hoy haya una definición del Senado para que el tema sea atraído por la SCJN, postura que el PRI apoyaría si se logra una redacción "que no suene injerencista ni politizada".
A su vez, el panista Felipe de Jesús Vicencio sostuvo que en sus declaraciones del pasado fin de semana el gobernador priísta se equivocó por segunda vez, al dar un tratamiento irresponsable a los hechos y generar un ánimo social de linchamiento que en nada favorece la solución del problema
Expresó su confianza en que en la sesión de este día los priístas se allanen a la propuesta de solicitar que la SCJN nombre -como señala la Constitución- un comisionado especial, ya que en el caso de Lydia Cacho se presume que se ha violado gravemente una garantía individual.
En el mismo tenor, el diputado blanquiazul José González Morfín consideró que ésta es la alternativa más rápida para brindar justicia, porque el proceso por juicio político "es sumamente complicado y largo". De igual manera, los senadores Marco Adame y Héctor Larios, en entrevistas por separado, dijeron que hoy se deberán tomar "decisiones importantes" en torno al caso, como la creación de una comisión especial con miembros de la Corte.
Larios manifestó que es necesario conocer los posibles delitos en que incurrieron el mandatario poblano y el empresario textilero, junto con las otras personas involucradas en las grabaciones dadas a conocer la semana pasada.
La perredista Leticia Burgos advirtió a Marín que "no juegue con fuego", porque se puede hacer un llamado a una movilización contra un "gobernador espurio".