AMLO y la ampliación de la democracia
En los años setentas se desplegó con fuerza creciente lo que entonces se llamó reclamo democrático y cuyo desenlace fue la creación del conjunto de instituciones que permitieron que los votos contaran y se contaran. La democracia electoral se volvió finalmente un mecanismo efectivo para que la sociedad pudiera designar a sus representantes.
Pero pronto la sociedad sintió en carne propia las limitaciones de la democracia representativa: nuestros representantes hacen lo que les viene en gana o, mejor dicho, lo que conviene a sus intereses en la lucha por el poder. La sociedad queda relegada y supeditada al juego político de los partidos. Cada ciudadano deposita su voto, y termina así su participación como ciudadano en los asuntos de la sociedad, del Estado y del país, a menos que sea un prominente miembro de uno de los tres tan poco presentables partidos que padecemos.
En sus 50 compromisos para recuperar el orgullo nacional, AMLO hizo alarde, con su último compromiso -el 50-, de ampliación de la democracia mediante mayor participación ciudadana, a través de su propuesta de "revocación del mandato". Dice su propuesta: "Como se hizo en el Distrito Federal, y llevando a cabo las reformas legales necesarias, el Presidente de la República se someterá al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse tres años, se hará una consulta con una sola pregunta: ¿Quieres que continúe en su cargo el Presidente de la República o que se le revoque el mandato? El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita".
Cualquiera que lea seriamente ese texto puede ver que esta propuesta de ampliación de la democracia participativa es tamaño microbio. Si a los seis meses o al año la sociedad mexicana no quiere más al hipotético presidente AMLO, tendrá que esperar que se cumplan tres años, cuando el democrático presidente haga su pregunta (¿telefónica, como cuando era jefe de Gobierno?), o bien si al cuarto o quinto año la sociedad no lo quiere más, ya no tendrá derecho de expresar nada. De otra parte el procedimiento será que él pregunte; no es el caso de que la sociedad tome la iniciativa y organice la revocación mediante un procedimiento legal adecuado, del que sobran ejemplos en el mundo.
El pasado 16 de febrero, en Coahuila, AMLO dijo en entrevista con diversos medios, sobre el tema de la revocación, algo mejor que sus compromiso 50. Le preguntaron: en determinado momento, si es que llega a la Presidencia de la República, ¿le hará, como sucedió en el Distrito Federal, consultar a la población si usted permanece en el cargo? (sic por la sintaxis); después de recordar su compromiso 50, dijo: "Soy de la convicción de que el pueblo de México no puede soportar a un gobernante ineficiente. Que no nos vuelva a pasar lo que sucedió con Fox, o lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el caso de Puebla, está comenzando (Marín) y no hay ningún procedimiento democrático para hacerlo a un lado, no existe una revocación del mandato, se le tiene que soportar seis años más, imagínense ustedes".
Es evidente que esta "convicción" es una tesis mucho más amplia que el compromiso 50; la respuesta de AMLO implica o significa -y creo que todo mundo estamos de acuerdo con él- que la sociedad debería tener el derecho de iniciar un proceso de revocación de mandato ahora mismo, en contra del contumazmente indecente gobernador de Puebla Mario Marín Torres. Hacer posible que, además del juicio político que debiera abrírsele (que estaría sujeto a mil posibles componendas entre nuestros inefables políticos), la sociedad pudiera iniciar el juicio de revocación de mandato. Como dice AMLO en su compromiso número 50: "el pueblo pone, y el pueblo quita".
Está claro que, puesto en ese contexto, el compromiso 50 de AMLO es un mal chiste. La revocación de mandato debiera poder ser iniciada desde el Poder Legislativo o desde la sociedad, en cualquier momento. No puede tratarse, desde luego, de un procedimiento que atente contra la gobernabilidad. Es preciso hacerlo jurídicamente sólido. Por ejemplo, 25 mil ciudadanos firman un documento solicitando la revocación de mandato de AMLO, dan sus argumentos de fondo y lo fundamentan legalmente. El Senado discute si es procedente hacer una consulta ciudadana para el efecto. En su caso el IFE la lleva a cabo y debe "votar" a favor de la revocación un porcentaje definido de los electores. Si el porcentaje se alcanza, el Senado nombra un sustituto previsto en la ley, y el IFE organiza nuevas elecciones. Procedimientos similares podrían establecerse para diputados, senadores, preciosos gobernadores, presidentes municipales.
AMLO se pronunció en Coahuila también a favor de la creación del referendo y del plebiscito, temas no presentes en sus 50 compromisos. Ahora son ya también sus compromisos. Es preciso que los juristas enterados produzcan buenos proyecto de ley para, llegado el caso, se den estos pasos indispensables de ampliación de la democracia participativa.