Primer proceso judicial del nuevo gobierno sobre posible corrupción en gran escala
Abre Bolivia investigación por supuesto contrabando de crudo de filial de Repsol
Santa Cruz, Bolivia, 20 de febrero. La justicia boliviana abrió este lunes una investigación por contrabando de crudo contra una filial de la petrolera española Repsol-YPF, en el primer proceso contra un grupo extranjero impulsado por el nuevo gobierno del presidente Evo Morales.
La pesquisa, que puede provocar detenciones cautelares de ejecutivos de la subsidiaria de Repsol, comenzó por una denuncia de la Aduana que acusa a la petrolera Andina de exportar ''sin documentación legal consistente'' 230 mil barriles de crudo entre junio de 2004 y junio de 2005.
El fiscal Jaime Soliz, de Santa Cruz, confirmó a reporteros que recibió la demanda y que estaba abriendo ''de inmediato'' la investigación, en coordinación con otro fiscal del distrito sureño de Tarija, donde también fue radicado el proceso.
''Vamos a seguir todos los pasos que la ley contempla y pueden pasar unos 12 meses hasta que haya sentencia'', dijo.
La medida implicará el primer proceso judicial por presunta corrupción a gran escala iniciado por el gobierno izquierdista de Morales, quien en enero, durante una gira por Europa, denunció la existencia de ''petroleras contrabandistas'' que operaban en el país sudamericano.
Las relaciones entre Morales y las petroleras son turbulentas, debido a la promesa del mandatario de nacionalizar los gigantescos recursos de gas natural de Bolivia para sacar al país de la extrema pobreza. Repsol aseguró en varias ocasiones que sus exportaciones desde el país sudamericano cumplen con los requisitos legales.
Podría haber detenciones preventivas, advierte diputada
En tanto, la diputada oficialista Melina Hinojosa agregó a periodistas que la medida judicial, que objeta exportaciones por valor a 9.2 millones de dólares, podría derivar en la detención preventiva de los representantes legales de Andina, del presidente Julio Gavito y el abogado Pedro Sánchez.
''Ya se ha dado el acta de intervención a la fiscalía; en este momento ya está en manos del fiscal Jaime Soliz'', aseguró Hinojosa, del gobernante Movimiento al Socialismo y una de las primeras denunciantes del supuesto contrabando.
Morales afirmó el domingo que el gobierno ejercía supervisión no sólo sobre Repsol-YPF sino sobre todas las petroleras que llegaron a Bolivia en la pasada década por un régimen de bajos impuestos y otras facilidades, y que ahora deben someterse a un marco legal más exigente.
Las operaciones supuestamente irregulares de la filial de Repsol-YPF se realizaron por la frontera entre Bolivia y Argentina y por el puerto chileno de Arica, hasta donde llega un poliducto boliviano, según la investigación.
En un comunicado, Andina dijo la semana pasada que las operaciones investigadas ''no han ocasionado daño económico alguno al Estado boliviano ya que están exentas de impuestos'' y que ''no hay delito, ya que no existió dolo ni alteración de documentos''.
Agregó que las ventas externas observadas -presuntamente en volúmenes mayores a los autorizados- ''ayudaron a sustentar la importación de diesel desde Argentina.
El director de la Aduana, Ricardo Alba, señaló a radio Erbol de La Paz que, ''si el juez falla que Andina ha cometido contrabando, la empresa debería pagar una multa de 100 por ciento del valor de las mercancías''.
Andina es una empresa surgida de la privatización del sector hace una década, en la cual Repsol-YPF tiene 50 por ciento de las acciones más la administración.
La compañía española negocia actualmente una inversión conjunta con YPFB, por unos 150 millones de dólares, en un gasoducto y una planta de extracción de gas licuado de petróleo para desarrollar el mercado interno boliviano.
Repsol-YPF, que tiene también otras operaciones en Bolivia, en sociedades o en solitario, es uno de los principales actores del millonario negocio de gas natural del país del altiplano. El otro gran jugador es la estatal brasileña Petrobras.