Editorial
Euskadi: la paz posible
Los movimientos iniciados por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para posibilitar una negociación que desemboque en la disolución de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y en una paz perdurable en el País Vasco dan lugar a un cauteloso optimismo sobre las perspectivas de poner fin a un conflicto que dura ya cuatro décadas y que ha sido un factor de distorsión, encono y crispación para la institucionalidad española posfranquista.
No debe perderse de vista que la iniciativa de La Moncloa enfrenta serias dificultades, tanto coyunturales como estructurales: la sociedad vasca muestra divisiones profundas y de conciliación difícil; son muchos los rencores acumulados y enormes y estorbosos los prejuicios desarrollados ante el conflicto vasco por la sociedad, la clase política y los medios del resto de España. Por otra parte, el Partido Popular (PP), casi empatado en las encuestas con el gobernante Socialista Obrero Español (PSOE), no ha dudado en instrumentar el asunto en función de sus propios intereses políticos y electorales y ha buscado y lo seguirá haciendo descarrilar las incipientes tentativas, azuzando a un nacionalismo español que recuerda la matriz franquista de la organización de José María Aznar y Mariano Rajoy: "Una, Grande, Libre", rezaba el lema del dictador para justificar un Estado opresor de las nacionalidades que conviven en la Península.
Por otra parte, el proceso actual ocurre con el telón de fondo de una consolidación política de las reivindicaciones regionales en Cataluña y en el propio País Vasco. El orden constitucional autonómico derivado de la Constitución de 1978 está claramente rebasado y ambas nacionalidades reclaman márgenes mayores de institucionalidad y de expresión cultural propias. Sin desconocer las profundas diferencias que separan a la negociación que tiene lugar entre Barcelona y Madrid por el Estatut y las relaciones, mucho más conflictivas, entre los sectores abertzales de Euskadi y el gobierno madrileño, ha de reconocerse que en ambos casos se ha vuelto impostergable una redefinición de las normas y las instituciones regionales.
El propio Rodríguez Zapatero ha advertido que las embrionarias gestiones de paz tienen por delante un camino largo, lleno de altibajos y escollos, y que no pueden sujetarse a plazos definidos; ha señalado, incluso, la posibilidad de que la concreción de la disolución de ETA y la construcción de un nuevo pacto social en el País Vasco ocurran a lo largo de varias legislaturas.
Este panorama difícil y complicado hace doblemente meritoria la determinación del actual jefe del gobierno español, quien, al persistir en su voluntad de hallar fórmulas de solución al conflicto, pone en juego su carrera política, su permanencia en La Moncloa y el futuro político de su propio partido. Rodríguez Zapatero da, así, pruebas de ser un estadista con visión de futuro. El PP, en cambio, con su permanente chantaje y su insistencia en azuzar los rencores justificados de las víctimas de la violencia etarra y los lastres injustificables del centralismo madrileño, se exhibe como lo que ha sido siempre: un rescoldo neofranquista más interesado en ganar puntos electorales que en construir desde los cimientos una convivencia armónica entre las nacionalidades que coexisten en el Estado español. Cabe esperar que los propósitos de Aznar, Rajoy y compañía no se sintonicen con los últimos reflejos violentos que podrían provenir de un grupo desgastado, a lo largo de generaciones, en el ejercicio de una violencia estéril y hasta contraproducente. Es imperativo que ETA haga en la circunstancia actual lo que debió hacer hace mucho tiempo: dejar las armas, y que las autoridades madrileñas pongan fin de una vez por todas a prácticas policiales y judiciales más próximas a los esquemas de contrainsurgencia de un régimen autoritario que a los procedimientos de una democracia.
Por último, debe destacarse el valor de este proceso a la luz de la "guerra contra el terrorismo" en la que se encuentran empeñadas las autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña, y algunos otros. En los momentos actuales quien ensaya un combate realista, democrático y fundamentado contra el terrorismo es el gobierno español. Lo de George W. Bush y Tony Blair es, en cambio, una combinación de masacres y actos de rapiña.