El mexicano-estadunidense Michael Morales, acusado de violar y asesinar a una joven
Postergan ejecución de reo luego que dos anestesistas se negaron a realizar su trabajo
Ampliar la imagen Opositores a la pena de muerte enarbolan frente a la prisi�n de San Quint�n, en San Francisco, una bandera mexicana y un cartel en que piden detener la ejecuci�n de Michael Morales FOTO Ap Foto: PAUL SAKUMA
San Francisco, 21 de febrero. La ejecución de un recluso mexicano-estadunidense en la prisión de San Quintín fue pospuesta a último momento este martes, luego de que dos anestesistas se rehusaron a realizar el trabajo por "motivos éticos", pues se les exigía estar presentes y certificar que el condenado a muerte no sufriría dolor.
La ejecución del hombre, acusado de violar y asesinar a una adolescente estadunidense, fue reprogramada para este mismo martes por la noche. El retraso será de unas 15 horas, pues la ejecución se llevará a cabo, previsiblemente, a las 7:30 horas de la mañana de este miércoles.
La ejecución de Michael Morales, de 46 años de edad, debió suspenderse cuando los médicos mandatados por un tribunal, quienes optaron por no revelar sus identidades, rechazaron participar en la aplicación de la inyección letal al recluso y verificar que éste estuviera inconsciente cuando se le administraran los químicos que iban a matarlo.
"Aunque consideramos un papel positivo que podría permitirnos verificar un protocolo humano de ejecución para el señor Morales, lo que se nos pide es éticamente inaceptable para nosotros", dijeron los anestesistas en un comunicado entregado a los medios de comunicación.
Los funcionarios de la prisión trataban hoy de modificar el procedimiento de la inyección para atender las preocupaciones del juez de que el método de muerte podría ser inconstitucionalmente doloroso.
Mientras tanto, los abogados de Morales apelaban desesperadamente ante los tribunales para detener el proceso, tras señalar que los funcionarios de la cárcel estaban apurando en forma irresponsable un nuevo y complicado método médico.
Los defensores de morales alegaron que la inyección letal sería dolorosa y, por tanto, un castigo cruel e inusual prohibido en la Constitución estadunidense.
Esto llevó a un juez a ordenar a los funcionarios de la prisión que alteren la composición de los químicos letales usados, o bien permitir la presencia de expertos médicos para asegurar que no sufra dolor innecesario durante la ejecución.
El juez de la corte de distrito, Jeremy Fogel, había ordenado que la ejecución no se llevara a cabo a menos que médicos expertos certificaran que Morales estaba sedado para no sentir dolor durante la aplicación de la dosis final de la droga letal.
Los funcionarios de la cárcel optaron por modificar el proceso de la inyección letal para matar a Morales con una sobredosis de barbitúricos en lugar de la droga usualmente administrada, que puede causar una larga agonía.
La orden judicial que autoriza a dar muerte a Morales como castigo a los delitos de violación y asesinato por los que fue encontrado culpable, expiraba al final de este martes, y debería ser renovada por el magistrado que originalmente manejó este caso en California.
Ese juez dejó en actas su exhorto de que Morales no sea ultimado debido a un dudoso testimonio en su contra de un informante de la prisión.
Michael Morales fue condenado por la violación y asesinato de la adolescente Terri Winchell, de 17 años, en la ciudad de Lodi, en el norte de California.
El mexicano-estadunidense sería el primer interno en el corredor de la muerte en el estado de California en ser ejecutado según el nuevo procedimiento.
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, negó dos solicitudes para modificar la sentencia por cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Los tribunales estadunidenses rechazaron todas las solicitudes del prisionero.
Morales habría estrangulado a Winchell con un cinturón, para después golpearla en la cabeza con un martillo, la cargó hasta un viñedo en la ciudad de Lodi y la violó, señaló Schwarzenegger para explicar su rechazo a los pedidos de clemencia.
Se trata del tercer prisionero en el estado de California que será ejecutado en tres meses y el decimocuarto desde que se reinstaló la pena capital, en 1978.