En Puebla la justicia es utilizada de forma facciosa, advierte el Centro Pro
La CIDH pide protección para Martín Barrios, sus familiares y dos activistas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el martes pasado adoptar medidas cautelares para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, Martín Barrios, para dos de sus compañeros en el organismo y cuatro familiares, por considerar que sus vidas "están en riesgo", informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Santiago Aguirre, abogado de la institución, reveló que la determinación internacional obliga al Estado mexicano a poner en marcha medidas de seguridad para todos los involucrados en un lapso máximo de 15 días naturales, a partir de la resolución.
Recordó que el Centro Pro solicitó la intervención de la CIDH el 9 de enero pasado, cuando el activista aún se encontraba preso en un penal de Puebla por supuestos cargos de chantaje en contra del empresario textil Lucio Gil Zárate, presuntamente para desactivar un movimiento de 165 obreros en la extinta empresa Calidad en Confecciones, quienes exigían ser liquidados conforme a derecho.
El defensor consideró que la decisión de la CIDH se aceleró por las amenazas que el pasado 12 de febrero recibió Martín Barrios, y que resultaron "explícitas y suficientes para temer por su vida".
Apuntó que gente de confianza de la familia Barrios "les hizo ver que una persona había sido contratada para atentar contra su vida y quienes lo habían contactado estaban ligados con sectores maquiladores de la región, los de mayor encono en su contra".
Además, porque después de conocerse el complot en contra de Lydia Cacho por el gobernador Mario Marín y el textilero Kamel Nacif, los hechos revelan, según el abogado, que "en Puebla la justicia se usa en forma facciosa, aparte de que existe intención de inhibir las tareas del defensor de derechos humanos".
La CIDH, afirmó, ya comunicó al gobierno mexicano su determinación en el caso, lo cual obliga al gobierno federal a sentarse a dialogar con Martín Barrios para determinar las medidas de seguridad a adoptar, "tomando en cuenta que su vida está en riesgo".
De acuerdo con los criterios de la CIDH, la obligación involucra al Estado mexicano en su conjunto, es decir, a los tres niveles de gobierno y, por tanto, la comunicación también debe extenderse al Centro Pro, por ser el representante del colectivo en esta petición. Además del caso de Martín Barrios se solicitaron medidas cautelares para sus compañeros Rodrigo Santiago Hernández y Gastón de la Luz Albino, así como para cuatro familiares, cuyos nombres se reservaron.