Financiamiento al desarrollo
Luego de un mes de campañas oficiales la carrera presidencial parece definirse entre dos competidores. Diversas encuestas confirman al puntero, al que le sigue y al que parece condenado al alejamiento. Lo confirman también las evidencias de que el priísmo sigue siendo igual que hace 20 años, pero México ha cambiado. De modo que si la carrera será parejera, conviene precisar coincidencias y diferencias, explicitar las propuestas de desarrollo y, lo que es básico, de sus fuentes de financiamiento.
Entre el PRD y el PAN es posible coincidir en que al país le hace falta incrementar la capacidad de crecimiento potencial de la economía. Se trata de disponer de lo necesario para sostener un crecimiento estable. Esto quiere decir aumentar y mejorar la dotación de bienes de capital, mejorar la calidad de la fuerza de trabajo y aprovechar la tecnología más avanzada. En breve se requiere inversión en maquinaria y equipo, construcción, en educación y en nuevas tecnologías.
Para Acción Nacional esto no se dará si no se permite la participación del capital privado en la industria eléctrica, se flexibiliza la legislación laboral y, por supuesto, se aprueba la reforma fiscal intentada por los gobiernos de Zedillo y Fox. Para el PRD, como para buena parte de los analistas económicos no ortodoxos, estas reformas estructurales no garantizan que la inversión se expanda, pero sí generarían impactos sociales y políticos negativos. Por ello un gobierno perredista no las llevará a cabo.
La reforma educativa que permitiría mejorar la calidad de nuestra fuerza de trabajo se asocia exclusivamente con las características del sistema educativo. En ello puede haber acuerdo. Pero no lo habría en la necesidad de expandir la capacidad de generación de empleo de la economía conditio sine qua non para que la nueva fuerza de trabajo mejor educada sea utilizada en su propio beneficio y en el del país. En consecuencia, se requiere desarrollo industrial. De otro modo las eventuales mejoras beneficiarán a nuestros socios comerciales. Este desarrollo industrial exige un acuerdo entre el Estado y sectores empresariales.
Aquí hay, de nuevo, una diferencia entre los competidores reales por la Presidencia: el papel del Estado y del mercado. Según los panistas, corresponde a las empresas hacerse cargo de la iniciativa para desarrollar al país. Iniciativa que se expresa con nuevas inversiones que innoven, que produzcan una modificación en la manera de hacer las cosas y que, por ello, amplíen la capacidad de crecimiento. Esto no ha ocurrido en la historia de México, salvo en dos momentos: en el porfiriato y en la época de la sustitución de importaciones.
Con las reformas neoliberales, la inversión pública se redujo sensiblemente, dejando a la inversión privada el papel preponderante. Sin embargo, lo que ocurrió fue una contracción de los niveles de inversión total, representando, en los mejores años, apenas 20 por ciento del PIB, que es claramente insuficiente. En los países que han tenido mayor dinamismo económico en años recientes, como China, Corea, Irlanda, España, la inversión total ha sido de 30 puntos del PIB. Los 10 puntos que harían falta para expandir nuestra economía a los ritmos necesarios para que el producto por habitante crezca 3 por ciento anual, que en 2007 aproximadamente significarán 880 mil millones de pesos, tendrán que ser financiados por el Estado y por inversionistas privados. Ello ocurrirá sólo si hay propuestas rentables.
Corresponderá al nuevo gobierno asumir esa responsabilidad o dejarla a los empresarios. No hay la menor duda de lo que harían Calderón y López Obrador. Las fuentes de financiamiento de una renovación de la inversión pública que la hiciera crecer de sus niveles actuales de 3 por ciento del PIB a por lo menos 8 por ciento, alrededor de 450 mil millones de pesos, serían: 100 mil millones provendrían de la austeridad republicana que ha anunciado AMLO. Otros 70 mil podrían liberarse si pagáramos la deuda externa con las reservas internacionales del Banco de México.
Mejoras en la capacidad de recaudación permitirían, cuando mucho, 50 mil millones. La suma de estos tres renglones no alcanza. Ello lleva a considerar otras fuentes usadas en muchos países: el déficit fiscal y la modificación de los intereses de la deuda pública interna. Plantearlo puede asustar a los mercados. No hacerlo impedirá lograr la recuperación económica que permitirá nuevos empleos, mejor remunerados y, con ello, una calidad de vida superior.