Reforma Agraria pretende quitarles tierras: abogado
Denuncian presiones contra labriegos por no aceptar programa en Guerrero
Chilpancingo, Gro., 22 de febrero. El Consejo 500 Años de Resistencia Indígena denunció que existen ocho órdenes de aprehensión contra comisarios de seis núcleos agrarios del municipio de Chilapa, en el centro del estado, quienes rechazan el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) que les pretende imponer el delegado federal de la Procuraduría Agraria, Fernando Jaime Ferrer.
Amador Cortés Robledo, ex dirigente de esa agrupación, aseguró que se pretende despojar de varias hectáreas a los indígenas de esta parte de la Montaña baja porque Petróleos Mexicanos (Pemex) supuestamente encontró gas, petróleo y otros recursos naturales hace algunos años.
Explicó que los campesinos se reunieron esta semana en Rincón de Chiautla, municipio de Chilapa, donde se denunció que la delegación de la Procuraduría Agraria presiona a los campesinos de 38 comunidades para que acepten el Procede, "pero no lo aceptan porque es el inicio de la individualización de la tierra y afecta la visión colectiva y comunitaria del uso del suelo y el aprovechamiento de los recursos".
Esa situación, agregó, provocó que se giraran órdenes de aprehensión contra ocho comisarios que se atrevieron a organizar a los pueblos para rechazar el Procede.
"Nuestros compañeros llevaron a cabo cinco talleres dirigidos a los comuneros, con el propósito de explicar el impacto de las políticas del Procede, pero la Procuraduría Agraria ofreció a los labriegos dinero y créditos, y los amenazó con quitarles el Programa de Apoyo al Campo; además compró a comisarios y cuadros medios para que aceptaran el programa", aseguró Cortés Robledo.
El ex dirigente señaló que "existen evidencias" de que desde el gobierno federal se pretende aprovechar los recursos naturales que hay en esa zona indígena, como agua, petróleo y minerales, "con el propósito de beneficiar a empresas privadas del país y transnacionales. De hecho, la Procuraduría Agraria fungiría como una especie de intermediaria".
Recordó que hace algunos años un equipo de Pemex recorrió la zona de la Montaña baja para hacer estudios. Llevaban aparatos, dijo, "y a escondidas recorrieron los cerros donde hay mucha vegetación; por eso existe el temor de que las empresas quiten las tierras a los campesinos para arrebatarles sus riquezas naturales".
Acapulco y Papagayo SA pretende despojar a ejidatarios de Acapulco
El subsecretario para Asuntos Políticos del gobierno estatal, Guillermo Ramírez, se comprometió a no desalojar a los más de 300 ejidatarios de Lomas de Chapultepec, municipio de Acapulco, quienes desde hace 30 años disputan la propiedad de 982 hectáreas a la empresa Inmuebles Acapulco y Papagayo SA.
José Sánchez Sánchez, abogado de los campesinos, indicó que el lunes pasado iban a desalojar a los ejidatarios del predio en pugna, pero luego de la intervención del alcalde Félix Salgado Macedonio "ya no se llevó a cabo esa maniobra".
Agregó que el alcalde "nos pidió que dialogáramos, y lo hicimos, por lo que por lo menos en estos días no nos van a desalojar, al menos mientras se concede la suspensión provisional y se tenga un amparo".
Señaló que Inmuebles Acapulco está en quiebra porque perdió dinero en la Bolsa Mexicana de Valores, "y ahora pretende recuperarse a costa de los campesinos y adquirir por la fuerza las tierras".
El abogado indicó que la inmobiliaria pretende construir en las tierras en disputa un centro recreativo, "pero no tienen dinero y ni siquiera han pagado el uso del suelo. La cosa está rara, pues sabemos que por ahí hay empresarios de la talla de Lino Korrodi, Carlos Ahumada y el Grupo Mexicano de Desarrollo con los hijos de Marta Sahagún, pero no dan la cara".