La mina
La responsabilidad criminal del gobierno neoliberal de Vicente Fox en el estallido de la mina de Sabinas plantea de nuevo dos cuestiones cruciales para el próximo sexenio: ¿qué se hizo de los derechos de la nación a sus recursos estratégicos, y por qué no se respetan ya los derechos de los trabajadores?
1. La explosión y derrumbe en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas (Coahuila), la madrugada del domingo 19 de febrero, que dejó atrapados a 65 trabajadores, constituye una verdadera tragedia nacional, pero el gobierno neoliberal de Vicente Fox, lejos de actuar con rapidez y responsabilidad para tratar de rescatar a los sobrevivientes y atender a sus familias, ha buscado utilizar los acontecimientos como una operación mediática más para tratar de distraer a la opinión nacional de los escándalos de corrupción de los hijos de Marta Sahagún, de su propia connivencia con los empresarios pederastas Kamel Nacif y Jean Succar Kuri y de sus torpes intentos por manipular la elección presidencial y tratar de imponer al panista Felipe Calderón como su sucesor, pretendiendo olvidar que él tiene una grave responsabilidad por lo acontecido. Y, como era de suponerse, como tantas otras iniciativas de Los Pinos, ésta ha terminado también por revertirse cual bumerán sobre el régimen foxista.
2. La explosión de la mina de Coahuila ha puesto de manifiesto no nada más la inexistencia en México de un régimen de derecho en el ámbito laboral, las condiciones infrahumanas de explotación en que sobreviven los trabajadores mineros, la supervivencia del charrismo sindical, la escandalosa apropiación de las riquezas estratégicas del país por corporaciones trasnacionales o el papel de manipulación de buena parte de los medios masivos de comunicación, que, lejos de informar sobre los aspectos centrales de la tragedia, han preferido montar un espectáculo más de manipulación, sino que ha mostrado, sobre todo, la colusión del régimen foxista con los intereses trasnacionales y la responsabilidad criminal que tiene, por un lado, al tolerar que en casos como éste no se aplique la legislación laboral y de seguridad social ni se cumplan las normas mínimas de seguridad, y por el otro, al no reaccionar ante lo acontecido como era su responsabilidad.
3. El dato más escandaloso es ése: de los 65 trabajadores atrapados en los derrumbes, de los cuales 36 trabajan para el Grupo Industrial Minera México (GIMM), propietario de la mina, y 29 para la Compañía General de Hullua, la mayoría no están sindicalizados, ganan entre 400 y 800 pesos a la semana, carecen de seguridad social y no tienen derecho a las garantías laborales consagradas en la Constitución.
4. La explosión pone además de relieve lo que constituye uno de los mayores escándalos de los últimos años, y es que la minería, que en la Constitución de 1917 fue considerada un recurso estratégico de la nación, ha pasado durante los sexenios de Salinas, de Zedillo y de Fox a manos del capital trasnacional asociado a políticos corruptos de estos gobiernos, que están explotando a los trabajadores como en los años del porfiriato y saqueando sin límites riquezas básicas de México para enviarlas a Estados Unidos. Algunos columnistas han destacado que el GIMM es una corporación trasnacional subsidiaria del Grupo México: la compañía minera más grande del país y el tercer mayor productor de cobre a nivel mundial, y que varios salinistas ocupan en el mismo cargos ejecutivos. Pero no han subrayado el hecho de que este consorcio es propiedad, entre otros, de Carlos Salinas de Gortari, quien a través de una serie de prestanombres se adueñó de estas riquezas estratégicas luego de procesos fraudulentos de privatizaciones, que él impulsó para su propio beneficio.
5. La inexistencia de un estado de derecho en las parcelas del poder trasnacional durante el sexenio foxista no puede, por lo mismo, sorprender. El Grupo México es un consorcio salinista, que como cientos de otras empresas trasnacionales, con la protección y complicidad de Fox ha hecho a un lado en sus empresas durante estos años a la Constitución mexicana y a la legislación laboral vigente. Y, como si las famosas contrarreformas del paquete estratégico neoliberal hubiesen sido aprobadas, no paga el salario mínimo, se opone a la jornada máxima de trabajo, niega la contratación colectiva y rechaza todo principio de seguridad social y las reglas mínimas de seguridad en el interior de las minas.
6. La explosión evidenció en consecuencia, una vez más, la complicidad de Fox con las trasnacionales, su subordinación al salinismo y su negligencia para defender los derechos de los trabajadores mexicanos, pero también su indolencia, pues cuando se denunció que a las 24 horas de la explosión no se había presentado en el lugar de los hechos ningún representante de la Secretaría del Trabajo, envió a su titular, pero de adorno, porque el rescate lo están dirigiendo los dueños de la mina. No se hizo traer del extranjero los implementos necesarios para el salvamento, ni nadie ha visto a los militares adentrarse en los túneles para colaborar en el rescate: el Estado no existe.
7. Las autoridades laborales siguen actuando en México en colusión con los empresarios y sometidas al gobierno, y en esto no ha habido tampoco transición alguna: el priísmo y el panismo han funcionado de la misma manera. Los trabajadores de otro mineral del norte, los mineros de Cloete y de Nueva Rosita (Coahuila), llevaron a cabo hace más de medio siglo, en el otoño y el invierno de 1950, un histórico movimiento en defensa de sus derechos, y 4 mil 200 de ellos, junto con 200 mujeres y 30 niños, realizaron una histórica caminata de mil 500 kilómetros hasta la ciudad de México, la legendaria Caravana del Hambre, pero cuando después de 50 días llegaron a la capital, en marzo de 1951, como ahora, contra la razón y contra el derecho se ignoraron sus derechos.
8. El gobierno foxista tiene hoy una nueva y muy grave responsabilidad criminal por su negligencia y complicidad al entregar las riquezas del país al capital foráneo, por negarse a hacer cumplir la leyes laborales a las trasnacionales, por aceptar que éstas cancelen en México los derechos básicos de los trabajadores y por tolerar que funcionen sin respetar las normas mínimas de seguridad, pero también por su negligencia para acudir al rescate de los trabajadores.
9. Los medios masivos, y en especial la televisión, que, lejos de informar sobre los aspectos centrales de lo acontecido, han preferido montar un reality show más al pretender manipular a los televidentes explotando sus sentimientos por la tragedia, no han logrado a fin de cuentas más que evidenciar su complicidad con las trasnacionales y su subordinación al régimen al que sin proponérselo han terminado por evidenciar.
10. La explosión pone una vez más de manifiesto al México de hoy, y la histórica foto de la primera plana de La Jornada del jueves 23 muestra esa realidad incontestable: la prepotencia de los dueños del país y, al otro lado de la reja, que aún no es derribada, la desazón de las familias de los trabajadores. Ese México que es mayoría y que ya no aguanta más.