Preguntas a la ciudadanía
Nuestro estado se ha visto, como nunca, involucrado en un escándalo de proporciones nacionales. Está gravemente herido.
Lo que llama la atención es la reacción nacional, mientras pareciera que en nuestro estado se ha intentado acallar con palabras que poco convencen. Los hechos en sí mismos son sumamente graves y nos hablan de la descomposición progresiva que va teniendo el Estado mexicano: cada vez son mayores los escándalos, cada vez existe menos un estado de derecho, cada vez es más evidente el tráfico de influencias, cada vez son mayores las redes de pornografía infantil, de narcotráfico, etcétera.
¿Quién manda en México?, tenemos que preguntarnos. ¿Cuál es la ley que nos gobierna? ¿En manos de quién o de quiénes están los destinos de nuestro país? La situación es verdaderamente grave y lo peor es que por ningún lado se vislumbra un panorama alentador.
No es posible que un luchador social como Martín Barrios o una periodista como Lydia Cacho, quien lucha sólo con la fuerza de su pluma, sean perseguidos por el aparato de justicia estatal de manera ilegítima y tratados como delincuentes, atropellando escandalosamente los derechos humanos más elementales. ¿Es ése el destino que espera a todos aquellos que se ponen del lado de las víctimas del poder?
Una vez más, a pesar de todas las declaraciones verbales, la justicia vuelve a estar esclavizada por poderes que nada tienen que ver con ella. ¿Tendremos que pensar tristemente que no es una cualidad de nuestro estado? ¿Tendremos que admitir -contra nuestras convicciones más profundas- que la justicia vuelve a ser algo parcial, inclinada dolosamente por aquellos que han obtenido riquezas exorbitantes sobre la base de la explotación y el tráfico de influencias?
La ciudadanía no puede quedar como mera espectadora. El que calla otorga; pero, si enmudecemos, entonces volverá a ser cierto aquello de que "el pueblo tiene los gobernantes que se merece". No alzar la voz para exigir la claridad en este asunto tan turbio y escandaloso sería hacernos cómplices y contribuir a que nuestro estado siga siendo una isla política en una sociedad que desde hace años está construyendo mayores espacios para la transparencia y la participación responsable.
Si lo que ha dominado la palestra nacional no es cierto, que se aclare; pero que se aclare a fondo. Si Kamel Nacif es responsable de todo lo que se le imputa, que se le castigue, haya o no sido su voz. Si la red de pederastia es auténtica, que se descubra a todos los implicados; si el espionaje telefónico es real, que se proceda hasta las últimas consecuencias y se denuncie a las cabezas que lo propician.
Se mire por donde se mire, nuestro estado ya no es el mismo. No podemos seguir como si nada hubiera pasado. Si no se le presenta a la ciudadanía una explicación realmente convincente y verdadera y se procede con apego real al derecho y sobre todo a la ética, entonces nuestras instituciones más sagradas estarán heridas de muerte y se habrá acabado la credibilidad en el gobierno que actualmente quiere ser garante de los derechos más elementales de toda vida en sociedad y de su bien común.
Nos queda la esperanza de que muchos ciudadanos dentro y fuera de Puebla están exigiendo que los actores políticos y los medios de comunicación actúen de manera responsable con la encomienda que han recibido de ser garantes del bien común. Es una demanda moral irrenunciable. En ello nos va el futuro que queremos como sociedad.
¿Quedará todo reducido al ámbito de la negación, de la broma jocosa y entre risas, o este tropiezo podrá augurar una nueva esperanza para nuestra población tan repetidamente golpeada? En su primer informe de gobierno, el licenciado Marín fue muy aplaudido cuando señaló que no toleraría a funcionarios corruptos. Deseamos que sus palabras sean verdaderas.
* Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla