Falso, que la tendencia mundial sea dar independencia a esas instancias, dice

PRD: intención política del FMI al insistir en autonomía del SAT

Se busca acotar la capacidad de maniobra del próximo gobierno, advierte Ramírez Cuéllar

En ningún país de la OCDE existe esa práctica

Carstens presiona al Legislativo, afirma

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La insistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) de dotar de autonomía al Servicio de Administración Tributaria (SAT), reforzada el miércoles pasado por el subdirector gerente del organismo, el mexicano Agustín Carstens, va a contracorriente de lo que ocurre en la mayoría de países avanzados y, por el momento en que es realizada, tiene una clara connotación política de acotar la capacidad de maniobra del próximo gobierno.

''Es falso el argumento de que la tendencia internacional es la de dotar de autonomía a los sistemas de administración de impuestos'', consideró Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En ninguno de los 30 países integrados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que reúne a las economías más desarrolladas, ''existe una instancia encargada de la recaudación de impuestos con plena autonomía'', declaró.

Ramírez Cuéllar calificó de ''presión'' al Poder Legislativo la insistencia de Carstens -quien vino a México a participar en un encuentro de organismos encargados de la protección de usuarios de servicios financieros- en que sea reformada la Constitución para dotar de autonomía constitucional al SAT.

''Sería un grave error desligar de la administración gubernamental la recaudación de impuestos y el manejo de aduanas. En la práctica, con una medida de ese tipo, el Sistema de Administración Tributaria adquiriría carácter de organismo supranacional, ajeno a las necesidades del país. Además, esa condición impediría auditar al SAT y frenar la corrupción en Aduanas'', manifestó.

Frente a esas propuestas y ante la ineficiencia e ineficacia del SAT, lo urgente es realizar una profunda reorganización de esa instancia, con el propósito de fortalecer sus labores de auditoría y fiscalización, así como la fiscalización de las tareas de recaudación, la rendición de cuentas y la disponibilidad de información a la ciudadanía, sobre el desempeño fiscal, para evitar, como ha sucedido en estos años, promover reformas ''estructurales'' sin sustento.

Frente a las presiones de organismos internacionales y el sometimiento de la actual administración gubernamental, el legislador citó los resultados de una investigación que dio a conocer en octubre de 2004 el Sub Grupo de Administración Fiscal de la OCDE. Ese grupo concluyó que los gobiernos de los países miembros de la OCDE han desarrollado una gran variedad de arreglos institucionales para la administración de las leyes fiscales.

Más allá de las supuestas ''tendencias'' que pretenden imponerse en México, el estudio destaca que lo que determina el grado de fuerza, el grado de ''autonomía'', que se da a los organismos administradores de los ingresos nacionales, depende del sistema de gobierno y del desarrollo en el que se encuentran las prácticas de administración pública en cada una de esas economías, puntualizó. Incluso se da el caso de países en los que las instancias de recaudación llevan a cabo la captación de las contribuciones sociales, pero también su administración.

El equipo de trabajo destacó que la forma de organización de las administradoras de ingresos tiene importantes implicaciones en sus resultados en la recaudación y eso, como se desprende del estudio, no depende de la relación de esas dependencias con los gobiernos, sino de sus atribuciones y organización.

''Casi la mitad de los países de la OCDE han establecido autoridades unificadas con cierto grado de autonomía. Es más, de acuerdo con la OCDE, México ya está en ese grupo'', añadió.

Esta autonomía incluye algunas o todas de las siguientes responsabilidades o parámetros de desempeño: la autoridad provee capacidad de interpretación, en lo público y privado, de las leyes fiscales que deben ser interpretadas, y eso sólo puede ser revisado por organismos judiciales; las instancias de recaudación tienen la responsabilidad de organizar las operaciones de fiscalización, incluyendo el tamaño y localización de las oficinas fiscales. También disponen de la discrecionalidad para formular e implementar estrategias y planes operacionales, así como discrecionalidad para asignar y reasignar recursos presupuestales en las funciones administrativas, para alcanzar nuevas metas y cambiar prioridades.

Otras responsabilidades son que disponen de su propio sistema de tecnología de información, incluyendo la posibilidad de contratar la prestación externa de ese servicio con contratistas privados; discrecionalidad para establecer estándares de desempeño administrativo.

''Así, si bien se reconoce la posibilidad de que las autoridades fiscales administren sus operaciones y dispongan de un amplio rango de decisión, en la descripción que hace el grupo de trabajo de la OCDE no se comprueba ningún caso de autonomía absoluta'', agregó.