Inundará 72 mil hectáreas, advierten en una carta
La presa La Parota, ''ecocidio y etnocidio'', dicen ONG a Fox
Más de una docena de organizaciones ambientalistas y no gubernamentales expresaron su preocupación e inconformidad por la eventual construcción del megaproyecto La Parota en el estado de Guerrero, cuya imposición por parte de diversas autoridades ha generado un clima de violencia. Demandaron al Ejecutivo federal no emitir un decreto expropiatorio porque podría orillar a los campesinos a defender su territorio.
En una misiva enviada al presidente Vicente Fox, las organizaciones sociales advirtieron que de construirse la presa hidroeléctrica inundaría 17 mil hectáreas de selvas de alta biodiversidad, y desplazaría de manera directa a más de 25 mil personas, afectando en total a una población de 72 mil personas constituyéndose en un verdadero ''ecocidio y etnocidio''.
Recordaron que recientemente el Tribunal Unitario Agrario número 41, con sede en Acapulco, resolvió anular la asamblea comunal de Cacahoatepec, por medio de la cual, supuestamente, los comuneros daban su anuencia para la expropiación de sus tierras.
El texto enviado al Ejecutivo federal el pasado día 15 del presente señala: ''Nos parece de suma relevancia que este tipo de veredictos judiciales sean atendidos apegándose efectivamente al estado de derecho, pues es más claro que la mayoría de los campesinos que serán afectados por este megaproyecto no están de acuerdo con la expropiación''.
El Grupo de los Cien Internacional, Unión de Grupos Ambientalistas, Centro de Análisis Social, Pacto de Grupos Ecologistas, Guerreros Verdes y el Instituto de Derecho Ambiental, entre otras organizaciones, aseguraron que han constatado las aberrantes ''irregularidades y violaciones'' a la Ley Agraria y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cometidas por la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y el gobierno del estado, en las asambleas ejidales efectuadas para el caso de los bienes comunales de Cacahoatepec, pero también en las realizadas para los ejidos los Huajes, La Palma y Dos Arroyos.
Las organizaciones no gubernamentales afirmaron que también han constatado cómo el rompimiento del tejido social comunitario, provocado por los intentos de imposición de esta obra, ha costado ya tres víctimas mortales entre los campesinos, generando un clima subterráneo de fuerte violencia e inconformidad.
En este contexto, las asambleas ejidales y comunales, que nuevamente pretenden llevar a cabo la CFE y el gobierno estatal, generan profundos cuestionamientos en torno a su legitimidad como mecanismo de consulta, pues en realidad los ejidatarios y comuneros, legalmente reconocidos, representan un porcentaje mínimo de la población total de las comunidades y de la región, población que en su totalidad sería desalojada, perdiendo su patrimonio, sus costumbres y cultura.
En la carta, cuya copia fue enviada a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, al Relator Especial para los Pueblos Indígenas de la ONU, y la Oficina Regional para América Latina de la OIT, entre otras instancias, los inconformes acudieron al Ejecutivo para solicitar que su gobierno ''no cometa una irresponsabilidad política, emitiendo un decreto expropiatorio del territorio de los campesinos afectados, de manera unilateral y arbitraria, pues con ello se violentaría el derecho de estos pueblos a una verdadera consulta y se orillaría a los campesinos a defender su derecho al territorio en la vía de los hechos'', alertaron.