La ley Televisa no debe pasar
Una democracia precaria como la nuestra no otorga a los temas fundamentales la importancia debida. Estamos acostumbrados a movilizarnos sólo cuando nuestros intereses particulares o gremiales se ven directamente afectados, y aquellos temores que se observan lejanos se soslayan encargándoselos a especialistas, aun cuando de su suerte dependa el verdadero futuro de nuestro país. Esta indolencia colectiva se hace presente en el proceso legislativo relativo a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones (ley Televisa), que de aprobarse, traerían graves consecuencias para toda la población, al limitar su derecho a la información.
La trascendencia de los medios de comunicación es obvia: son determinantes para cualquier sociedad en los campos ideológico, educativo, cultural y social. Se trata de un tema de interés nacional que cobra mayor relevancia ante el avance tecnológico digital que amplía los espacios de frecuencia radioeléctrica. Los grandes propietarios televisivos, especialmente Televisa y Televisión Azteca, aprovecharon la necesidad de actualizar la legislación en esta materia para imponer normas que concentraran su poder. Con esta finalidad, diseñaron una estrategia que se inició con la promoción de un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, que fue aprobado sin discusión ni consulta pública alguna el pasado primero de diciembre.
La ley Televisa aprobada por la Cámara de Diputados es totalmente diferente a la presentada cuatro años antes en la Cámara de Senadores. En ese entonces, el tema de los medios de comunicación fue acogido a partir de múltiples iniciativas ciudadanas en las que participaron especialistas, redes de radiodifusión, estaciones comunitarias, universidades, pequeños y medianos propietarios, mediante una mesa de diálogo que con una visión incluyente transitaba por una vía de consenso. Esta visión fue contenida en una propuesta presentada en diciembre de 2002 por el senador Javier Corral Jurado, quien la ha defendido, enfrentando la poderosa presión de los grupos televisivos interesados.
El proyecto de ley Televisa podría concretarse en los próximos días, en caso de que los senadores se sumen a esta maniobra; por ello, resulta fundamental identificar sus características: se privilegia la concentración de las concesiones a favor de Televisa y Tv Azteca; fija reglas para que discrecionalmente los actuales propietarios extiendan sus servicios a otras áreas de la comunicación; se hace una distinción entre las normas aplicables a los actuales propietarios y las concesiones o permisos futuros que se sujetarán a subastas al mejor postor; se otorgan facilidades a los grupos televisivos que no gozan otros sectores de la comunicación, particularmente el radiofónico; omite criterios de pluralidad, fundamentales en este tipo de concesiones; el Estado renuncia a beneficios de carácter económico en las concesiones; es nula la presencia ciudadana y de sectores populares y no se preservan las reglas especiales que debían regir para sectores de la población que no tienen capacidad económica para competir con los grandes grupos económicos.
La ley Televisa ha merecido críticas crecientes de instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades, los 49 miembros de la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México, entre ellos el Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, Radio UNAM, el sector académico, sobresaliendo el firme pronunciamiento de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del Colegio Nacional de Economistas, de las comisiones nacionales tanto de Competencia, como de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de los más prestigiados periodistas e intelectuales del país. Estas posiciones, que serían fundamentales en un país democrático, se estrellan contra otro tipo de redes integradas por cabilderos profesionales, corifeos y legisladores sometidos al interés de los grupos televisivos. Se ha generado, así, un conflicto de interés nacional, de cuya suerte depende el desarrollo del país y nuestra transición democrática.
Resulta lamentable que el Ejecutivo federal, que cuenta con los instrumentos e información necesarios para dimensionar la trascendencia de este conflicto de intereses, haya hecho causa común con las grandes televisoras, agregando un interés político adicional, derivado de las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuyos integrantes serían designados por el actual Presidente y el Senado, de controlar el otorgamiento de concesiones por los próximos ocho o 16 años, tomando en cuenta las posibilidades de relección. Todo parece indicar que el temor ante el probable triunfo de la izquierda ha hecho abdicar al Ejecutivo federal de su obligación de preservar la función social de los medios de comunicación; sólo así se explica la actitud contradictoria que ha desplegado en este tema. Un gobierno se exhibe cuando abandona su función esencial de cuidar los valores, el futuro y los intereses de quienes deberían constituir su preocupación esencial, que es precisamente la calidad de vida de la población, especialmente la menos favorecida económicamente, que tiende a utilizar los medios de comunicación comunitarios para superar sus rezagos sociales.
La creciente denuncia en contra de la ley Televisa es insuficiente para afrontar los intereses privados que pretenden imponerse; muchos factores resultan desfavorables, incluyendo el temor ante la influencia de la pantalla chica, por esta razón es esencial expresarse públicamente reclamando que las propuestas que han sido ignoradas se involucren en la discusión. No resulta exagerado afirmar que de los medios de comunicación dependerá en buena medida el futuro de la salud, la educación, la calidad de nuestra democracia y el desarrollo sustentable de nuestro país. Como bien lo ha afirmado un sector de sindicalistas democráticos, no hay tiempo que perder.