Los parientes de mineros podrían impulsar demanda internacional, plantea
El gobierno federal incumple convenio con la OIT sobre seguridad en minas: juristas
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Minero en Pasta de Conchos
Foto: Marco Peláez
El gobierno de México ha incumplido con las obligaciones que tomó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al firmar el Convenio C-176 sobre seguridad y salud en las minas, el cual adoptó desde 1995, ya que ha dejado a los empresarios como "tierra libre" no sólo la explotación de los yacimientos, sino también la de los mineros.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos indicó lo anterior y sostuvo que incluso los familiares de los mineros muertos en el accidente de Coahuila podrían presentar una demanda legal internacional, ya que los compromisos de seguridad que adoptó el gobierno ante la OIT han sido incumplidos "por corrupción, tolerancia a las empresas, falta de controles, insuficiente inspección, violación sistemática de la Ley Federal del Trabajo y prácticas sindicales incorrectas".
Para esa organización no sería difícil demostrar que prácticamente la seguridad en las minas es inexistente, pues la autoridad no exige a las empresas que cumplan con las condiciones laborales de bienestar y salud para los trabajadores, ni con los requerimientos de capacitación e información, dijo.
Además señaló que tampoco hay informes de incidentes menores en las zonas mineras, lo que exige el Convenio C-176 de la OIT, adoptado desde hace más de una década.
Indica que, por ejemplo, el artículo 8 de dicho documento prevé que los patrones "deberán tener preparado un plan de acción de urgencia específico para cada mina, destinado a hacer frente a los desastres naturales e industriales razonablemente previsibles".
Así, la minería se ha convertido en "tierra de nadie", cuando la aplicación del artículo 5 de este convenio señala que los gobiernos deberán tener legislaciones pertinentes para vigilar la seguridad y la salud en las minas; llevar a cabo la inspección de la mismas; investigar los accidentes mortales o graves; realizar una compilación y publicación de estadísticas sobre enfermedades profesionales y sobre incidentes peligrosos; suspender o restringir actividades de empresas que no corrijan esos riesgos; vigilar el ejercicio de los derechos de los trabajadores. "De todo ello, ¿qué ha hecho la Secretaría del Trabajo?", preguntó esa asociación nacional.
Añadió que el artículo 6 señala que la autoridad tendrá que obligar a los patrones a controlar los riesgos; el 7 indica que las empresas tienen que establecer dos vías de salida desde cualquier lugar subterráneo de trabajo y asegurar un sistema de ventilación adecuado. Sin embargo, de los 24 artículos que conforman ese convenio prácticamente todos se incumplen en México, aseguró.