Editorial
Puebla y Coahuila: poder y dinero
La multitudinaria marcha realizada ayer en Puebla en repudio al gobernador de esa entidad, Mario Marín, es un hecho político sin precedentes recientes porque congregó al conjunto de las fuerzas partidistas, sociales y ciudadanas, las cuales lograron deponer sus diferencias en aras de expresar un rechazo contundente a la pretensión del ejecutivo estatal de parapetarse en el poder. Si el pasado 17 de febrero el gober precioso echó a andar la añeja maquinaria corporativa y clientelar priísta para simular, mediante el acarreo masivo de empleados públicos, un respaldo social del que carece, la manifestación de ayer, a la que concurrieron en forma espontánea los ciudadanos, superó con mucho la concentración oficialista y demostró que la sociedad poblana comparte con la del resto del país el rechazo a Marín.
Más allá de ecuaciones políticas y de cálculos electorales sucesorios, la salida del poder del gobernador poblano se ha ido conformando como una necesidad de salud pública, de decoro y de credibilidad institucional. Es claro que una mentalidad violatoria de los derechos humanos, como la que exhibió Marín en la conversación telefónica sostenida con el empresario Kamel Nacif, y cuya transcripción fue publicada por este diario en su edición del pasado 14 de febrero, resulta incompatible con el ejercicio de su cargo; en esa plática cuya grabación fue hecha llegar a La Jornada por manos anónimas se puso de manifiesto el uso indebido del poder por el ejecutivo estatal para conspirar contra una ciudadana, se evidenciaron sus complicidades con un posible culpable de prostitución infantil y se dejó en claro un uso discrecional y abusivo del Ministerio Público y una capacidad perversa para obtener del Poder Judicial fallos favorables a sus intereses. Contra tales distorsiones de la función pública, y no a favor de corrientes políticas determinadas, se manifestaron ayer decenas de miles de poblanos.
La sociedad mexicana, no sólo en Puebla, sino en todo el país, está harta, en general, de los inveterados abusos de poder y de las alianzas de trastienda, cuando menos inmorales, si no es que abiertamente ilegales, entre sectores empresariales y políticos; esas alianzas conforman un fenómeno de degradación que arranca con los gobiernos neoliberales priístas, en el cual se articulan, entre otras, las corruptas privatizaciones del salinato, el "rescate bancario", verdadero saqueo de las arcas nacionales perpetrado por el régimen de Zedillo; la legalización de ese atraco por la mancuerna legislativa PRI-PAN con el ahora candidato presidencial blanquiazul, Felipe Calderón, como operador destacado, los enjuages en la Secretaría de Gobernación a cargo de Santiago Creel para facilitar pingües negocios de apuestas a la principal empresa del duopolio televisivo, los intentos por escamotear al control del próximo gobierno organismos financieros fundamentales para la definición de la política económica, y los tráficos de influencias en los negocios de los hijos de Marta Sahagún. Son sólo algunos ejemplos.
Al parecer, ese hilo conductor de complicidades entre los poderes económicos y los políticos pasa también por San Juan de Sabinas: conforme fluye la información en torno a la tragedia ocurrida en la mina Pasta de Conchos en ese municipio coahuilense, el domingo 19, en la que perdieron la vida 65 mineros, se va configurando un escenario de voracidad empresarial tolerada por la Secretaría del Trabajo y por otras dependencias federales encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes laborales y las disposiciones de seguridad.
La connivencia al margen de las leyes entre empresarios y funcionarios aparece, así, como la máxima lacra y la peor vergüenza en la vida pública de México. Al amparo de esas complicidades florecen el lavado de dinero y el contrabando, prosperan las riquezas mal habidas ¿cómo se explica la insólita bonanza de los Montiel y de los Bribiesca?, se tolera una inseguridad laboral que merece plenamente el adjetivo de homicida y se desarrolla la explotación sexual de menores. Es cierto que en éstos, como en otros aspectos, y como lo quiere el lema del foxismo, durante el último lustro "el país ya cambió": está mucho peor ahora que hace cinco años.