Los consejeros Rodrigo Morales y Virgilio Andrade proponen explorar otras vías
Convertir la mica de elector en cédula de identidad pondría en riesgo al IFE
Mezclar lo electoral con gobierno afectaría su autonomía, argumentan ante diputados
Rodrigo Morales y Virgilio Andrade, consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), manifestaron ayer que convertir la actual credencial de elector en documento único de identificación ciudadana, agregándole la clave única de registro de población (CURP), pondría en riesgo la autonomía del instituto, tendría un costo de varios miles de millones de pesos, además de que esta medida presenta una contradicción jurídica que debe resolverse, por lo que pidieron a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados explorar otras vías para elaborar una cédula de identidad.
Los consejeros electorales comparecieron, junto con el director del Registro Federal de Electores, Alberto Alonso, ante dicha comisión para exponer su opinión consultiva acerca de convertir la credencial de elector en documento de identidad.
Rodrigo Morales señaló que, de entrada, "resulta complicado para la autonomía institucional supeditar cualquier procedimiento en materia de registro de electores al hecho de contar con la validación de una autoridad distinta".
Abundó que la introducción de la CURP y el dictamen de la credencial para que ésta se reconozca como cédula de identidad "significa mezclar dos esferas que deberían mantenerse separadas, lo electoral y lo de gobierno, para no generar susceptibilidades en la población".
Explicó que la credencial de elector tiene una vigencia no superior a 15 años, y con la reforma de la ley de población no se aclara "si deben cambiarse todas las credenciales para votar para que cuenten con el requisito de integrar la CURP o si sólo las nuevas la contendrán".
Costo millonario
El proceso para renovar todas las credenciales podría ascender a varios miles de millones de pesos, además de que la mica para votar ha demostrado su eficacia y confiabilidad; los datos que contiene son confiables para que el ciudadano ejerza su derecho. Subrayó que una cédula de identidad "implica la validación de los documentos que dan sustento a la certificación de que un ciudadano es quien dice ser, mientras que en el IFE se actúa de buena fe. La autoridad electoral confía en el documento que el ciudadano presenta para su trámite y no presupone dolo, por ello la validez de la credencial de elector como cédula de identidad podría contaminar el excelente documento para votar que se tiene hoy, pero que además nunca fue concebido para otro fin".
A su vez, Virgilio Andrade dijo que el diseño del padrón y de los listados nominales "está sustentado mediante un órgano autónomo, como es el IFE; esa concepción de autonomía está en el artículo 41 constitucional, pero ésta se pone en contradicción con la pretensión de que un órgano de gobierno absorba alguna de sus funciones y, sobre todo, la base de datos para poder construir la cédula de identidad ciudadana".
Por esta razón, advirtió, "es importante resolver este dilema, porque con la autonomía del IFE se diseña el padrón y el listado nominal, y tiene un conjunto de elementos que obedecen a la racionalidad electoral, pero el registro nacional ciudadano se aprobó en 1990, cuando el IFE era encabezado por el secretario de Gobernación".
Manifestó a los legisladores: "ustedes pueden resolver de mejor manera esta contradicción, y es una reflexión de fondo, porque ni siquiera una reforma legal resuelve este problema, sino que se requeriría de una reforma constitucional, porque tenemos ahí una contradicción de fondo muy relevante para el ciudadano, ya que la confianza tejida en términos del ejercicio del voto a través de la autonomía podría ser trastocada en términos del tránsito que se tendría que hacer de estos archivos al órgano de gobierno".