Cabeza de Vaca sólo prevé ilícitos en la intervención de llamadas telefónicas
Para la PGR, Mario Marín y Kamel Nacif no cometieron delitos federales
Enviará a la procuraduría estatal un desglose de la denuncia presentada por legisladores
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca Hernández, informó que hasta el momento no se han encontrado elementos de prueba suficientes para considerar que existe la comisión de probables delitos federales imputables al empresario textilero Kamel Nacif y a servidores públicos del estado de Puebla, entre ellos el gobernador Mario Marín Torres, por su presunta confabulación para perjudicar a la periodista Lydia Cacho.
Por el momento, precisó, la PGR sólo considera que pudieran haberse cometido delitos de carácter federal derivados de la intervención de llamadas telefónicas y la filtración de las grabaciones a medios de comunicación, así como probables hechos delictivos relacionados con las acusaciones de pederastia que enfrenta Jean Succar Kuri -detenido en Estados Unidos-, en los que presuntamente está relacionado Kamel Nacif.
Sin embargo, refirió que esperan recibir mayores pruebas para iniciar en breve una averiguación previa contra el gobernador poblano, su procuradora, la juez local que procesó a Lydia Cacho y contra el empresario textilero, quienes presuntamente tramaron el encarcelamiento de la periodista y autora del libro Los demonios del edén, sobre prácticas de pederastia.
Cabeza de Vaca aclaró que por el momento "no se ve clara la competencia de la PGR en este caso", por lo que se prevé remitir a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla (PGJEP) "un desglose de la denuncia presentada (el pasado 20 de febrero) por diputados federales del PRD".
Además, dijo que el agente del Ministerio Público Federal encargado de este asunto aún no ha recibido la ratificación de la querella de parte de los legisladores, por lo que aún no tiene previsto iniciar una averiguación previa y citar, en calidad de indicados, a los funcionarios estatales y al empresario textilero, y en calidad de testigo a la periodista Lydia Cacho.
La querella
La semana pasada, los diputados Inti Muñoz y Beatriz Mojica presentaron una denuncia de hechos en las instalaciones de la PGR para imputar al llamado góber precioso, Mario Marín Torres; al empresario Kamel Nacif; a la procuradora estatal, Blanca Laura Villeda, y a la juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez, su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, ejercicio indebido del servicio público, colusión de servidores públicos, abuso de autoridad, tráfico de influencias y los que resulten.
Dicha querella se sustentó en las grabaciones reveladas por La Jornada sobre las conversaciones telefónicas que realizó el gobernador poblano con el empresario textilero, así como en las pláticas que sostuvo Kamel Nacif con algunos de sus amigos, en las que se revela la forma en que operaron para que la periodista fuera encarcelada.
Entrevistado el pasado lunes en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y ayer, en el contexto de su comparecencia en la Cámara de Diputados, Cabeza de Vaca explicó que se podrían enviar las actuaciones ministeriales que ha hecho la PGR sobre el caso Lydia Cacho, mediante un desglose, a las autoridades ministeriales de Puebla, "porque hay actos que pudieran ser de competencia de la procuraduría estatal".
Asimismo, indicó que en los próximos días podría turnarse el caso al fiscal de la PGR para Atención de Delitos de Violencia en contra de Periodistas, David Vega Vera.
En otro orden, al referirse al caso de la explosión en una mina ubicada en el estado de Coahuila, en la que murieron sepultados 65 mineros, Cabeza de Vaca indicó que por tratarse de una empresa de concesión federal, la PGR tiene competencia para investigar los hechos, aunque aclaró que es necesaria una denuncia penal o una solicitud de atracción del caso de parte de las autoridades de esa entidad.