Usted está aquí: miércoles 1 de marzo de 2006 Opinión Mineros: el gobierno ahonda el agravio

Editorial

Mineros: el gobierno ahonda el agravio

El gobierno federal exhibió una injustificable torpeza ante la tragedia ocurrida la semana pasada en Pasta de Conchos, Coahuila. La intervención del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, no sirvió sino para agravar el dolor de las familias de los 65 mineros atrapados allí, para confundir a la opinión pública, para crear una confrontación con las autoridades estatales y también, quizá, para desviar en alguna medida la atención sobre la insoslayable responsabilidad de la empresa minera que opera el yacimiento. Las frívolas e irresponsables declaraciones vertidas el sábado por el titular del Ejecutivo federal, Vicente Fox, quien aseguraba que se trabajaba en proporcionar a los trabajadores enterrados "oxígeno y alimentos", evidenciaron que la Presidencia estaba mucho menos informada de la situación que cualquier ciudadano medio; posteriormente, la descarada defensa de los intereses de la empresa por Salazar dejó en claro de qué lado está el foxismo.

Ayer, cuando ni siquiera han sido rescatados los cadáveres del socavón de Pasta de Conchos, y justo el día en que más de 5 mil trabajadores mineros del Grupo México, afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM), decidieron estallar dos huelgas en demanda de revisiones salariales y contractuales, y con el propósito de obtener condiciones mínimas de seguridad en San Luis Potosí y Sombrerete, Zacatecas, la Secretaría del Trabajo decidió desconocer al líder de esa organización sindical, Napoleón Gómez Urrutia, y otorgar reconocimiento a un dirigente rival que había sido expulsado del sindicato hace varios años.

Sería improcedente desconocer la trayectoria espuria y entreguista de Gómez Urrutia, quien "heredó" la dirigencia del SNTMM de su padre, el legendario sindicalista charro Napoleón Gómez Sada, y quien ha continuado de manera fiel una de las carreras más antidemocráticas, corruptas y patrimonialistas en eso que se denominaba el "movimiento obrero oficial" del México priísta.

Pero no debe ignorarse, por otra parte, la rápida y sólida complicidad que se trabó desde los inicios del gobierno foxista entre la Presidencia y los remanentes del sector obrero del PRI, alianza que ha permitido a los caciques sindicales seguir operando como si el tricolor nunca hubiera perdido la elección de 2000. Ejemplo claro de ese contubernio es la cercanía y estrecha colaboración política entre Elba Esther Gordillo, dirigente charra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el grupo gobernante.

En tales circunstancias, la inaudita intromisión gubernamental en los asuntos internos del SNTMM no pude ser vista de ninguna manera como un favor a la causa de la democracia sindical; es, por el contrario, una operación tan turbia, pragmática e inescrupulosa como lo fueron los derrocamientos de Joaquín Hernández Galicia, La Quina, en el sindicato de los petroleros, y de Carlos Jonguitud Barrios en el SNTE, en tiempos de Carlos Salinas.

Por lo demás, la defenestración de Gómez Urrutia pone de manifiesto el designio gubernamental de dar cobertura a la empresa minera en el caso de Pasta de Conchos y de debilitar y desarticular al sindicato justo en momentos en que miles de sus afiliados acaban de estallar una huelga.

Conforme se acerca a su final, el gobierno foxista se va haciendo cada vez más indistinguible de sus antecesores en el poder. La ofensiva oficial contra los mineros resulta tan desaseada, tan inescrupulosa y tan autoritaria como los hostigamientos sufridos por los sindicatos del país durante los últimos tres sexenios priístas.

 
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