La revuelta minera
Este primero de marzo, por segunda vez desde su nacimiento en abril de 1934, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana realiza una huelga general. Entre la primera suspensión de labores y la segunda, que se inició el primero de marzo, pasaron casi 62 años.
El organismo gremial colocó las banderas rojinegras por primera ocasión el 8 de agosto de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando su nombre era Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, para lograr un incremento salarial de 50 por ciento y obtener la contratación colectiva de los trabajadores de las compañías que no contaban con él. La huelga afectó a más de 105 minas y fundidoras y se extendió por casi 40 días por la necedad patronal. El movimiento culminó con triunfo.
La huelga general minera comenzada ayer es sustancialmente distinta a la de 1944. Es una acción con fuertes connotaciones políticas. No busca obtener conquistas económicas, sino revertir la abierta intromisión del Ejecutivo en la vida sindical, al avalar el nombramiento gubernamental de un dirigente nacional del gremio en detrimento del existente.
El enfrentamiento entre la organización de los trabajadores minerometalúrgicos y el gobierno mexicano es el más grave conflicto habido en el mundo laboral durante este sexenio. Ha entrado en crisis seria el modelo de relación entre el Estado y el movimiento sindical en el gobierno de Vicente Fox.
La decisión gubernamental de reconocer como dirigente sindical minero a Elías Morales es una atroz injerencia en cuestiones que no le atañen. Con ello se reproduce un esquema de relación perversa entre Estado y movimiento laboral, iniciada con el charrazo al sindicato ferrocarrilero en 1948 y la imposición de líderes petroleros un año después.
No es que el actual sindicato minero sea democrático y por eso el gobierno federal busque su desconocimiento. Nada de eso. Napoleón Gómez Urrutia fue reconocido como dirigente del gremio originalmente por los mismos funcionarios que hoy lo traicionan, gracias a una negociación de Carlos Abascal Carranza, después de vivir en el limbo jurídico durante años.
El actual pleito viene de abril de 2000, último año de gobierno de Ernesto Zedillo. Dos facciones pelearon entonces la dirección obrera. Una estaba encabezada por Morales, entonces secretario del consejo general de justicia y vigilancia, y Benito Ortiz, secretario de trabajo del organismo; la otra, por el hijo del líder del gremio desde 1960, Napoleón Gómez Sada, doctorado en Oxford, gerente de empresas paraestatales y dueño del grupo Zeta Consultores, negocio que presta servicios a varias empresas cuyos trabajadores también pertenecen al sindicato minero.
En esa fecha Gómez Urrutia fue nombrado secretario general suplente por su padre, con la clara intención de heredarle el puesto. El otro grupo impugnó la designación, argumentando que el júnior no era trabajador minero ni contaba con cinco años de afiliación sindical. La Secretaría de Trabajo negó dar la toma de nota. En represalia 10 de los objetores fueron expulsados del gremio, acusados de ser corruptos, traidores y vender contratos colectivos. Aparentemente limpio el camino, el grupo de Napoleón modificó los estatutos para facilitar la llegada del heredero a la dirección. Sin embargo, en agosto de 2000 la Dirección de Registro de Asociación de la secretaría le negó definitivamente el registro.
La situación cambió drásticamente con el gobierno de Vicente Fox. Abascal, nuevo secretario de Trabajo, estaba entonces interesado en pactar una alianza con el Congreso del Trabajo, y Gómez Urrutia le servía a sus propósitos. Mágicamente apareció una antigua credencial del líder, notariada, que lo acreditó como trabajador minero con más de cinco años de antigüedad. El Ejecutivo lo aceptó entonces como representante nacional sindical.
La constancia del charrismo
Los charrazos y el charrismo han sido una constante en el sindicato desde su fundación, en abril de 1934 en Pachuca, Hidalgo. Núcleos obreros nacionalistas, anarcosindicalistas y marxistas convergieron con un amplio grupo de dirigentes colaboracionistas. En 1938, en la plenitud del gobierno cardenista, el organismo se integró al Partido de la Revolución Mexicana.
Momento culminante de la domesticación sindical fue la sexta convención nacional del sindicato, realizada en 1950, en la que el gobierno federal impuso un liderazgo dócil y obediente. Desde entonces, pese a las recurrentes revueltas de la base obrera, el charrismo condujo los destinos del gremio, primero mediante lo que se conoció como el ruvalcabismo y, a partir de 1960, con el eterno Napoleón Gómez Sada.
Pese a que en su conducción el sindicato perdió afiliados, secciones, posiciones dentro del PRI y capacidad de negociación, el edificio gremial fue bautizado con su nombre en "homenaje perenne" a la memoria del "gran líder".
El sindicalismo practicado por Gómez Urrutia dista de ser democrático o eficaz para defender los intereses de los trabajadores. Promotor de la antigüedad como criterio de ascenso, preocupado por pactar con el Ejecutivo negoció el riesgo laboral, la salud y la estabilidad en el empleo a cambio de dinero. Durante su gestión la subcontratación salvaje ha crecido de manera desproporcionada.
Sin embargo, ha logrado consolidar una relación funcional asimétrica con una parte de sus representados, en la que él aparece como proveedor de empleo, plazas, prestaciones y defensor del nivel de vida de las regiones mineras. A cambio, sus afiliados le ofrecen lealtad, servicios personales y participación en los tradicionales acarreos.
El reconocimiento del Ejecutivo a Elías Morales muestra que parte de los empresarios mineros consideran que aun la tibia resistencia gremial en sus empresas a la explotación salvaje impulsada por Napoleón es inadmisible. Quieren más flexibilidad, más desregulación laboral. La huelga general minera muestra que los trabajadores no están dispuestos a permitirla.