La vieja CDH y el nuevo CDH
El asilo diplomático es una institución humanitaria emblemática del derecho internacional latinoamericano. Ninguna otra región del mundo la posee. Históricamente, México ha sido uno de sus más asiduos y consistentes practicantes. Nacionales de todos los países de América Latina han recibido la protección de la bandera mexicana. Por el contrario, son muy pocos los países de la región que han recibido mexicanos en esa condición. Puede ser que en ello resida el hecho de que la práctica mexicana en materia de asilo diplomático llegó a desarrollarse bastante más que en los países hermanos.
El más importante lineamiento que la cancillería emitía a sus agentes era el que dejaba a su criterio y responsabilidad la decisión de conceder o no el asilo. Generalmente los embajadores latinoamericanos que recibían una solicitud de asilo diplomático la trasladaban de inmediato a sus cancillerías pidiendo instrucciones sobre otorgarlo o no.
En cambio, si un embajador mexicano comunicaba la llegada de un solicitante de asilo y pedía indicaciones sobre cómo proceder, la cancillería le respondía más o menos de la siguiente manera: "Esta secretaría queda enterada de la presencia en esa representación del señor Equis, quien pide la protección del gobierno de México porque considera que su vida y su libertad corren peligro por razones de orden político. Al respecto, se hace notar que el único recurso con que contaría esta secretaría para normar su criterio sobre la procedencia del asilo solicitado sería preguntar a esa misión sobre el mismo asunto para estar en condiciones de determinar si concurren en ella las condiciones de motivación política, peligro y urgencia. De otra manera, la secretaría se vería en la necesidad de dar una respuesta basada en consideraciones políticas, lo que vulneraría el carácter humanitario del asilo. Por lo tanto corresponde a usted, que está en conocimiento de las circunstancias y los detalles del asunto, tomar la decisión de acuerdo con su reconocido buen criterio". El quid estaba en no politizar el asilo diplomático.
De esa manera quedaba a salvo el carácter humanitario del asilo y la institución se mantenía libre de la politización de que sería objeto si las decisiones se tomaran de manera despersonalizada y con el criterio político de las relaciones diplomáticas. Al mismo tiempo, la aplicación sistemática de ese criterio facilitaba al gobierno de México extender la protección de su bandera tensando al mínimo posible la relación con sus contrapartes.
Todo lo anterior viene a cuento porque la vigencia de los derechos humanos está a punto de volver a quedar sujeta a los intereses de la política internacional antes que a los de la humanidad. Naciones Unidas, que no ha podido darse las reformas estructurales que la paz y la seguridad internacional necesitan con tanta urgencia, pretende darse a sí misma una suerte de placebo transformando la desprestigiada Comisión de Derechos Humanos en un Consejo de Derechos Humanos.
La vieja CDH ha perdido, si alguna vez la tuvo, su capacidad de tutelar los derechos humanos en el mundo. Con demasiada frecuencia ha sido utilizada por los gobiernos más poderosos como instrumento político para castigar a sus adversarios más débiles, abusando de su influencia, amenazando con su fuerza o por el simple expediente de comprar votos. En nuestra región, el caso más conocido es el de Estados Unidos, obcecado en condenar al gobierno cubano y propiciar con ello la caída del régimen revolucionario. Esa misma insistencia jugó papel determinante en la generalizada percepción de que el foro está viciado y propició la iniciativa de refundarla. México participó de ese criterio, pero, a pesar de considerar inútil el foro, continuó su obsecuente voto contra Cuba en la desahuciada CDH.
Según el proyecto de resolución puesto a consideración de la Asamblea General por su presidente, el sueco Jan Eliasson, el nuevo CDH será subsidiario de la AG y tendrá siete miembros menos que su antecesora. Sus integrantes deberán cumplir una serie de requisitos que demuestren su respeto a los derechos humanos y su disposición a someterse a una revisión periódica de su cumplimiento.
Sin embargo, el nuevo consejo estará integrado por representantes de gobiernos cuya actuación estará políticamente motivada y sujeta a influencias y presiones ajenas a la promoción de los derechos humanos, por lo que nada permite prever que el trabajo del CDH estará a salvo de los vicios de su antecesora. Por el contrario, todo indica que, a su turno, será también un instrumento de dominación de los poderosos sobre los débiles. Se dice que los cambios no serán cosméticos, pero la concepción, como la sigla, es la misma.
Si el gobierno de México tuviera una preocupación real -y no politizada- por la vigencia de los derechos humanos, procuraría satisfacer para su pueblo los fundamentales: educación, salud, empleo, seguridad, y también democracia, pero no con chistes malos y costosos como el del voto en el extranjero. Para México, ésta es la oportunidad de alejarse del nuevo CDH, que sólo lo llevará a continuar los pleitos ajenos, que tan onerosos le han sido.