Se busca evitar que incurran en actos de tortura, afirma Bernardo Bátiz

Instalan comité que monitoreará a agentes y peritos de la PGJDF

Esa práctica, a punto de desaparecer, cuando menos en investigaciones, señala

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) instaló ayer el Comité de Monitoreo y Evaluación que se encargará de revisar la actuación de sus servidores públicos, con la finalidad de evitar que incurran en prácticas de tortura.

El 23 de diciembre de 2005, la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicó el acuerdo A/008/2005, signado por el titular de la dependencia, Bernardo Bátiz Vázquez, el cual se refiere a la aplicación del Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura. Dicho documento establece los lineamientos que deberán cumplir los agentes ministeriales y periciales en su trabajo cotidiano y será el comité, instalado ayer en las oficinas del procurador capitalino, la instancia encargada de verificar que éste sea cumplido.

"La persona que tortura se va alejando cada vez más de las naturales ligas que tiene con el resto de los integrantes de su propia comunidad y el que es víctima de tortura adquiere también una actitud de recelo, temor, rencor y revanchismo en contra de la sociedad que le provocó el sufrimiento", estableció el abogado del Gobierno del Distrito Federal durante la ceremonia de instalación del comité.

El Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura está basado en los estándares internacionales que ha establecido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la lucha para erradicar actos de tortura, además de tomar en cuenta el Protocolo de Estambul, sobre todo en sus capítulos tercero y cuarto, referentes a la investigación legal de la tortura y señales físicas de ésta.

El objetivo del comité es que exista al en la PGJDF un área dedicada a detectar posibles casos de tortura que se lleguen a dar en esa representación social. Es por ello que uno de los documentos fundamentales es el manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, conocido como Protocolo de Estambul.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal aseguró que la adopción de estas medidas resultan fundamentales para garantizar que la actuación del personal de la procuraduría capitalina tenga como fundamento el respeto a la dignidad humana.

A la ceremonia acudieron defensores de derechos humanos como Edgar Cortés Morales, secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos; funcionarios federales como Mario Alvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, y funcionarios de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Europea.

El comité de monitoreo y evaluación presentará un informe anual en el cual especifique detalladamente el trabajo realizado, los probables casos detectados y las medidas que las autoridades tomarán para erradicar la tortura.

Parte fundamental del comité será su grupo consultivo, "el cual será el apoyo técnico" que asesorará la evaluación de los expedientes periciales.

Trascendió que el grupo consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación del dictamen está integrado por 10 "expertos forenses: cuatro de instituciones públicas, cuatro de instituciones académicas y dos de organizaciones no gubernamentales".

De manera paralela, la procuraduría capitalina continuará con sus programas de capacitación, entre ellos el segundo seminario para la implementación del Protocolo de Estambul.

"De unos años a la fecha el problema de la tortura se encuentra en niveles mínimos dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y estamos en vías de que desaparezca, cuando menos en el ámbito de la investigación de delitos", argumentó Bernardo Bátiz.

Agustín Salgado