Calcula la Femospp más de 15 mil detenciones arbitrarias
El informe sobre la guerra sucia, catálogo de horrores
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El grupo de choque conocido como halcones, el 10 de junio de 1971
Durante la llamada guerra sucia -entre 1970 y 1982-, el Ejército Mexicano y las fuerzas de seguridad realizaron más de 15 mil detenciones ilegales de disidentes políticos, la mayoría maltratados y vejados. Hay una lista de mil 421 casos de tortura documentados y los nombres de mil 650 personas que fueron recluidas en cárceles clandestinas militares y policiacas, así como de 100 más que fueron ejecutadas. A ellas se suman 797 denuncias por desaparición forzada.
Estos datos aparecen en el informe de la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad Histórica de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Los abusos y atropellos oficiales contra la población ocurrieron en casi todo el país, aunque en Guerrero alcanzaron proporciones escandalosas. En esos años tanto civiles inocentes como guerrilleros fueron asesinados o "desaparecidos" por fuerzas militares y de seguridad.
Los crímenes detallados en el informe, fueron cometidos durante las administraciones de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría Alvarez (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
Represión sistemática
El uso del Ejército por los gobiernos en turno para controlar y reprimir a los movimientos disidentes tiene larga historia. En los años 50 y 60 se sofocó por la fuerza a henriquistas, ferrocarrileros, maestros, médicos, petroleros, campesinos, indígenas y estudiantes. Hubo ataques armados de militares y policías contra civiles en todo el país.
Tras la represión a los movimientos estudiantiles en 1968 y 1971, muchos jóvenes se radicalizaron, pues creyeron canceladas las vías democráticas. Surgieron decenas de grupos armados cuyo propósito fue responder a la violencia con violencia y promover una revolución social.
A lo largo de los años de la guerra sucia ''las operaciones militares y los operativos policiacos con los que eran perseguidos guerrilleros y opositores no pretendían detener, someter y poner a disposición de autoridad competente a los presuntos delincuentes, sino estaban diseñados para capturar, torturar y desaparecer a los detenidos. En algunos casos, incluso ejecutarlos'', señala el informe de la Femospp.
De la lista de mil 141 detenciones ilegales documentadas, los investigadores calculan que por lo menos ocurrieron 15 mil detenciones arbitrarias entre 1970 y 1982.
La tortura
Los métodos utilizados por el Ejército y la policía política para interrogar a sus detenidos son una verdadera ''galería del terror''. En los mil 141 casos de tortura registrados por la investigación de la Fiscalía (sin tomar en cuenta miles que no fueron denunciados) se reseñan los procedimientos a que eran sometidos los detenidos: toques eléctricos, pocito (inmersiones en agua hasta el punto de la asfixia); tehuacanazos (introducción por la nariz de agua mineral con chile piquín, aportación mexicana a los métodos de tortura), agujas clavadas en las uñas, laceraciones en el cuerpo, objetos introducidos en ano y vagina, violaciones frente a los hijos y cónyuge, tormentos a menores de edad, simulacros de fusilamiento y el pollo rostizado, que provocaba la castración, entre otros.
Esta última modalidad era una de las más crueles. Benjamín Pérez Aragón, torturado por militares, refiere: ''Estás hincado y amarrado de los brazos y de las piernas encima de un palo. Tú mismo tienes que guardar el equilibrio porque te tienen amarrado de los genitales de tal modo que, si pierdes el equilibrio, pierdes otra parte. Después de eso, los golpes y hasta los toques eléctricos en los oídos, en la lengua, en cualquier herida o cicatriz, eran poca cosa. Lo peor es el pollo rostizado".
El informe destaca la gran cantidad de mujeres víctimas de violación. Por ejemplo, Elba Fuentes relata cómo fue torturada y violada frente a su padre, Julio Fuentes Martínez -quien continúa desaparecido- en la base aérea militar de Pie de la Cuesta. O el caso de María Concepción Jiménez, torturada y violada a unos metros del despacho del jefe de la policía de Guerrero, Arturo Acosta Chaparro, en abril de 1978.
También hay una lista de 204 menores de edad que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Ejecuciones
El informe de la Femospp presenta un registro pormenorizado, con nombre y fecha, de 100 ejecuciones extrajudiciales de personas que participaron en movimientos sociales y armados.
Por ejemplo, a Irineo Juárez Castro, detenido por militares en la sierra de Guerrero, le quebraron una pierna y un brazo, después lo golpearon y lo tiraron en una poza de agua. Posteriormente profanaron su cadáver y lo abrieron en canal, le cortaron los testículos y se los pusieron en la boca, como un mensaje a guerrilleros de Genaro Vázquez.
Otros casos son los de Ignacio Olivares Torres y Salvador Corral García, dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, a quienes agentes de la Dirección Federal de Seguridad, en venganza por los asesinatos de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, los destrozaron en la tortura; les metieron clavos en las rodillas y en los hombros y les estallaron la cabeza.
Desaparecidos
A la Femospp han llegado 797 casos de desaparición forzada por motivos políticos, ejecutados por militares y policías. En Guerrero hay por lo menos 344 desapariciones documentadas.
El informe pudo "comprobar plenamente" 436 casos y reunió testimonios y pruebas de otros 208, de los que tiene una "presunción fundada" de que fueron personas desaparecidas por cuerpos de seguridad del Estado.
Se reseña que miles de personas fueron recluidas en cárceles clandestinas ubicadas en instalaciones militares y policiacas (hay registros de mil 650 casos). En esos lugares se sometía a los detenidos a un proceso sistemático de degradación que, junto con las torturas, tenía como objetivo la destrucción o desquiciamiento de las víctimas.
Al respecto, el lugar más emblemático es el Campo Militar número uno, donde fueron a dar 700 presos de 1968 y muchos más en años posteriores. Existen varios testimonios de personas hoy reportadas como desaparecidas que fueron vistas por última vez en esas instalaciones.
Según testigos, en ese lugar había dos secciones con celdas para presos políticos. Una contaba con 80 cuartos a nivel del suelo. La seguridad estaba a cargo del Segundo Regimiento de Artillería y bajo el control de la Policía Judicial Militar Federal.
Arturo Miranda Ramírez, quien permaneció dos semanas en esos separos, en octubre de 1978, fue sometido a intensos interrogatorios. Miranda cuenta que cuando terminaba una sesión de tortura, seguía otra "y se escuchaban los gritos de dolor de los otros". En una ocasión, después del interrogatorio respectivo, se dio cuenta de que llevaban a un estudiante de la Universidad de Nayarit que se les murió en las torturas. ''Uno de los torturadores le dijo al otro: 'oye, creo que este cabrón se nos quedó'. Le dieron una patada y no se movió. Entonces le jefe le dijo: 'No aguantó este pendejo. Llévatelo al horno crematorio'.''
Nunca jamás
Entre las conclusiones del informe se afirma que en los crímenes cometidos "la cadena de mando no exime de responsabilidades. No se puede aducir obediencia debida. De acuerdo con el Código Militar (artículo 14), 'cuando se agravia a la sociedad no es sostenible ninguna excusa de 'cumplimiento del deber' o 'razón de Estado'".
Por ello, agrega, "no puede permanecer como verdad oficial la mentira que se construyó para ocultar y justificar los crímenes de Estado contra su propia población.
''Toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro", sostiene el documento. Esos hechos, enfatiza, representan "una vergüenza nacional".
Sin embargo, como respondió a doña Rosario Ibarra de Piedra el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios -jefe de los servicios de inteligencia del Estado en esos años-, al referirse a los desaparecidos políticos: "Eso correspondió a una decisión de Estado y para dar marcha atrás e investigar su paradero se requiere de otra decisión de Estado".