Ocurrieron en 1999 y 2003, informa en un comunicado
Recomienda ombudsman a PGJDF y SSP reabrir dos casos de tortura
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dio a conocer ayer el contenido de tres recomendaciones que hace a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Secretaría de Seguridad Pública -por presuntos actos de tortura y detención ilegal-, así como a la delegación Gustavo A. Madero, por el desalojo de un comerciante en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.
En las dos primeras recomendaciones la CDHDF solicita reabrir las averiguaciones previas en contra de servidores públicos que habrían realizado las detenciones y la tortura en contra de cuatro personas, la revisión a la actuación del agente del Ministerio Público sobre los casos, a fin de determinar las responsabilidad penal en la que habrían incurrido, así como la reparación de los daños a las víctimas.
En la recomendación 2/2006, dirigida a la PGJDF, el organismo se refiere a un hecho ocurrido en agosto de 1999 y respecto de la actuación de agentes judiciales, la CDHDF establece que "se configuró la tortura contra Marco Antonio Trejo Moctezuma y Angel Flores Ramírez, con la finalidad de que se autoinculparan y de que inculparan a otra persona de haber cometido dos homicidios, además de haber sido detenidos de manera ilegal, lo cual viola en artículo 21 constitucional".
Respecto de la recomendación 3/2006, la CDHDF solicita que la SSP-DF inicie el procedimiento administrativo correspondiente contra los elementos preventivos adscritos a sectores en Iztapalapa y Gustavo A. Madero por participar en la detención y presuntos actos de tortura en contra de Israel Palacios Rivera y José Israel Medina Gutiérrez, este último policía judicial del estado de México. De igual forma, la recomendación señala que existieron deficiencias en la integración de las averiguaciones previas, las cuales se iniciaron sólo por el delito de lesión y no por el de tortura, y que en ambos casos se determinó el no ejercicio de la acción penal.
De acuerdo con el organismo, el 5 de abril de 2003 los elementos policiales irrumpieron de manera violenta en el domicilio de Israel Palacios Rivera, quien minutos antes había discutido en la vía pública y que al ingresar a su casa fue sacado por los uniformados, quienes lo subieron a una patrulla, lo golpearon, lo intimidaron y amenazaron de muerte para que ocultara el origen de las lesiones que le causaron, por las cuales fue hospitalizado y obligado a aceptar su responsabilidad en un delito.
Respecto al policía mexiquense José Israel Medina Gutiérrez, la CDHDF señala que una situación similar ocurrió al ser interceptado por policías adscritos a la GAM, cuando se dirigía a realizar una puesta a disposición.
Respecto de la recomendación 4/2006, enviada a las autoridades de la delegación Gustavo A. Madero, la CDHDF sostiene que a Alberto Ventura Torrentino, quien se dedica al comercio en la zona de la Basílica, no le fue respetado un convenio de reubicación y además de ser desalojado se le ha negado información de su situación jurídica sobre el espacio en el que laboraba y el destino de sus pertenencias.